El juzgado citó como investigado al líder del PSOE de Fuerteventura hace año y medio por el caso Gesturpa y todavía no ha declarado

El caso Gesturpa va a empujones. La denuncia de Margarita Martín, presidenta en la actualidad de Votemos Fuerteventura, por irregularidades en la empresa pública de Pájara, se produce en septiembre de 2014, las diligencias previas se incoan en junio de 2015 en el juzgado y la citación contra el único investigado hasta ahora, Blas Acosta, se produce en mayo de 2016. Sin embargo más de un año y medio después, el secretario insular del PSOE de Fuerteventura aún no ha declarado ante el Juzgado número 6 de Puerto del Rosario que instruye el caso.

La citación a Acosta se libra el 20 de mayo de 2016. El juzgado lo citaba para el 14 de julio de ese año a través de un oficio a la Policía Local de Pájara para que lo localizara en Morro Jable, en la Plaza de los Pescadores número 2, la sede social de la empresa pública Gesturpa. Se le cita en calidad de investigado para que aporte toda la documentación que se refiere al informe de la auditoría de Gesturpa de 2012 y 2013 elaborado por el auditor Miguel Ángel Ramírez, que es el que sirve de base a la denuncia, ya que se detectan irregularidades contables, y también para que aporte el Libro de actas legalizado y el Libro de socios. A pesar de la advertencia que se incluye en la citación del juzgado de que en caso de no comparecer podría ser acordada su detención, no se le localiza y no se lleva a cabo ninguna diligencia más de averiguación de su paradero.

El oficio del juzgado tarda cinco días en llegar a Pájara y la contestación otros seis días más. Esteban Hernández, el inspector jefe de la Policía Local del municipio en el que Acosta había sido concejal de Urbanismo y de otras áreas durante doce años, responde al juzgado que no localiza en esas señas al político majorero y que “en la actualidad se le localiza en la calle Primero de mayo 39, en la sede del Cabildo Insular de Fuerteventura, institución de la que es vicepresidente”.

Y hasta hoy. Lo siguiente que aparece en el sumario al que ha tenido acceso este periódico es que el caso ha cambiado de fiscal y que ya se encarga del mismo Tomás Fernández de Páiz, fiscal especializado en delitos económicos pero adscrito a la Fiscalía de Área de Puerto del Rosario, que solicita que la causa se declare compleja “por la naturaleza jurídica de la entidad afectada, el estado de tramitación de la causa y la abundante documentación incorporada y solicitada”. El juzgado accede a esa solicitud y la causa se declara compleja, con lo que tiene un plazo de 18 meses para finalizarse. En este caso se fijó el 6 de diciembre de 2015 como fecha de inicio, por lo que la causa debía haber terminado en mayo de 2017, pero en esa fecha se emite un nuevo auto por la titular del juzgado, María Luisa Casado, por el que fija una prórroga por doce meses más a contar desde el 6 de junio del año pasado, por lo que deberá estar cerrada en junio de este mismo año.

La lentitud de la causa es asombrosa. La denuncia de Fiscalía es de abril de 2015 y las diligencias se abren en el juzgado dos meses más tarde. Las páginas 704 y 705 del sumario son un auto de la juez María Luisa Casado por el que acuerda que se lleven a cabo cuatro diligencias: la averiguación de las cuentas corrientes de Gesturpa, que la sociedad aporte el libro de actas y de socios y la declaración de Miguel Ángel Ramírez, el autor de la auditoría, como testigo, y de Acosta como investigado. La siguiente página, la 706, tiene fecha de 20 de mayo de 2016, once meses después, y se trata de una diligencia de la secretaria judicial (ahora llamada letrada de la Administración de Justicia), María Isabel Hernández Bautista, acordando esas cuatro diligencias.

En el sumario, además de la denuncia de Fiscalía y de la auditoría de Ramírez, hay poco más. Se remiten finalmente el estado de las seis cuentas corrientes de Gesturpa del año 2011, de las que sólo una tiene un saldo positivo, de más de 28.000 euros, y el certificado de antecedentes penales de Acosta. Hasta noviembre de 2016, cuando el juzgado admite la personación de Votemos en la causa, el procedimiento no avanza más.

Acosta remitió información en 2015 a la Fiscalía

El mes pasado, cuando Diario de Fuerteventura informa de que Blas Acosta figura como investigado en el sumario, el propio Acosta muestra su sorpresa por este hecho y dice que se ha enterado por la publicación de la noticia. Sin embargo, cuando aún era concejal en Pájara, a principios de 2015, la Fiscalía le requirió que aportara documentación relativa a esa empresa pública. El 18 de febrero de ese año envía un escrito en el que explica, en primer lugar, las características de la sociedad y su nombramiento como administrador en septiembre de 2003, sólo unos meses después de acceder al Ayuntamiento.

También señala las funciones de la empresa y para ello transcribe el artículo 2 de los estatutos de la sociedad. Lo que le pedía la Fiscalía es que aportara documentación sobre el importe de casi un millón de euros pagados a la empresa Mahlec “en concepto de aprovisionamientos” y adjunta el proyecto técnico de la obra de alumbrado público de Cañada del Río, así como el proyecto reformado, la copia compulsada del acuerdo de la Junta de Gobierno local de septiembre de 2006 por la que se aprobó ese proyecto, una copia compulsada de la factura por importe de 942.133 euros, el acta de recepción de la obra y el justificante del pago realizado a través del Fondo de financiación.

Pues bien, a pesar de enviar esa documentación, la Fiscalía siguió viendo indicios de delito societario, porque posteriormente al envío de esos documentos es cuando emite la denuncia que se convierte en las diligencias previas en las que aparece Acosta como único investigado.

Dos irregularidades principales

La sociedad que se investiga, Gesturpa, se convirtió en la principal herramienta urbanística de Pájara durante los años del boom del ladrillo. Se utilizó para la construcción de viviendas o locales, la administración y alquiler de inmuebles y la venta de parcelas. En la auditoría realizada por Miguel Ángel Ramírez se observaron irregularidades en las cuentas de 2012 y 2013.

Hasta el momento, hay dos principales irregularidades, que también se reflejan en la denuncia de la Fiscalía: una transferencia de 100.000 euros sobre la que dice el auditor que no dispone de documentación y la factura de casi un millón por el alumbrado público de Cañada del Río a pesar de que la obra le fue encomendada al Ayuntamiento de Pájara.