El juez César Romero Pamparacuatro, que inició el caso Unión en Lanzarote, solicita una indemnización de 40.000 euros al Ministerio de Justicia por haber difundido datos de su vida laboral que considera de carácter personal.
El juez ha realizado la petición dentro de un recurso contencioso administrativo presentado por el magistrado para pedir la anulación de una certificación emitida por la secretaria del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), María Eugenia Calamita.
En esa certificación se revelan esos datos de carácter personal y se emitió a petición de uno de los principales imputados en el caso, Luis Lleó, para quien la Fiscalía pide seis años de cárcel por cohecho, al presuntamente intentar sobornar al socialista Carlos Espino para desbloquear la urbanización de Costa Roja, en Playa Blanca.
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