Los dos patrones y el recaudador de la patera que se hundió a finales de 2012 frente a las costas de Lanzarote, tras chocar con una patrullera de la Guardia Civil, han sido condenados este jueves a tres años de cárcel, tras declararse culpables de un delito de favorecimiento de la inmigración ilegal.
En ese accidente, ocurrido el 13 de diciembre de 2012, una persona murió y otras seis desaparecieron después de que la patera colisionara con la patrullera Río Cabaleiro de la Benemérita.
La Audiencia de Las Palmas tenía previsto juzgar este jueves el primero de los dos procedimientos a los que dio lugar ese incidente: el relativo a la inmigración ilegal, ya que las circunstancias en las que se produjo la colisión son objeto de otra instrucción.
Los tres ciudadanos marroquíes a los que la Fiscalía señalaba como organizadores de esa patera -Jamaal Z., de 40 años; Aziz Y., de 31; y Aziz Z., de 27- han manifestado al inicio del juicio por videoconferencia desde Lanzarote que reconocen los cargos formulados contra ellos (delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros).
Además, han aceptado las penas que finalmente propone para ellos la Fiscalía, rebajadas sustancialmente respecto a las iniciales: tres años y medio de cárcel para Jamaal Z., y tres años y tres meses para el otro patrón de la barquilla, Aziz Y., y para el recaudador del dinero que pagaron los inmigrantes por viajar en ella desde Marruecos hasta Lanzarote (500 euros por persona), Aziz. Z.
En el caso de Jaamal Z., su aceptación del escrito del fiscal implica que este procesado reconoce ante el tribunal que, al ver llegar a la Guardia Civil, soltó el timón y dejó a la patera sin gobierno, lo que “a la postre pudiera haber facilitado el abordaje” de la patera por parte de la patrullera Río Cabalerio, como expone la acusación pública en su relato de hechos.
Unos hechos con los que están en desacuerdo tanto la ONG SOS Racismo como los dos abogados que representan los intereses de 13 de los inmigrantes supervivientes de la patera, porque entienden que el accidente se produjo a causa de unas “maniobras imprudentes” y “fallos mecánicos” de la patrullera de la Guardia Civil.
El representante legal de SOS Racismo y los abogados de los inmigrantes, Carlos Conesa y Jorge Melián, se habían personado en esta causa como acusación popular y particular, respectivamente.
Sin embargo, como formalmente no presentaban cargos contra ninguno de los tres acusados, la Audiencia ha aceptado la propuesta de la fiscal de Extranjería, Teseida García, de que no tenía sentido su continuidad en este procedimiento.
Estos tres abogados sostienen que el viaje de esa patera no fue organizado por una mafia, sino de forma común entre los ocupantes de la embarcación, pues todos procedían de un mismo lugar, Sidi Ifni, y compartían un mismos objetivos, llegar a las costas europeas en busca de un futuro mejor, que fue además lo que contaron desde un primer momento.
“Es una exageración y una perversión la interpretación excesivamente amplia que se ha hecho del Código Penal”, según el letrado de SOS Racismo, que, al igual que los otros dos letrados, mantiene que los tres acusados se han conformado con esta condena porque llevan mas de dos años y medio en la cárcel y “no confían en la Justicia”, por lo que “prefieren un pacto que un juicio”.
Los letrados esperan que una vez concluida esta parte de la causa, se dé un impulso a la que se tramita en Lanzarote, y se atienda la petición formulada por SOS Racismo en un escrito presentado el pasado 6 de julio en el Juzgado de Instrucción número 3 de Arrecife, en el que reclama que se impute de nuevo al cabo primero que pilotaba esa noche la patrullera.
Así mismo, la ONG ha solicitado que declare Hicham Boutalamt, uno de los ocupantes de aquella patera, que regresó a Canarias en otra barquilla tras enterarse de que había sido propuesto como testigo en el juicio que se iba a celebrar hoy, y que la Guardia Civil entregue la documentación que se le ha requerido desde hace dos años y que contiene datos como la velocidad a la que iba la patrullera.