El fiscal y la acusación particular ejercida contra el profesor de educación física juzgado por un presunto delito continuado de abuso sexual a una alumna de 13 años con síndrome de Down han pedido hoy penas de tres a siete años de cárcel para el procesado, por entender probados los hechos.
Tras la celebración de la prueba pericial, en la segunda sesión y última del juicio contra Mario A. O., las dos acusaciones han reclamado a la Audiencia de Las Palmas una sentencia condenatoria por unos hechos que se denunciaron después de que tres alumnas contaran a su tutor que habían visto al procesado con la otra niña en el cuarto del material deportivo y de que una de ellas añadiera que la menor tenía el pantalón “algo bajado”.
El fiscal, en sus conclusiones finales, ha pedido que se tenga en cuenta la especial vulnerabilidad de la víctima, cuya declaración ha sido considerada como “creíble y válida” por las dos psicólogas forenses que la examinaron y que han manifestado que es “muy poco probable” que el relato de la menor sea inventado “por ella ni sugerido por otros”.
Estas dos peritos tampoco aprecian que su relato esté afectado por una relación amorosa de la alumna víctima con el acusado, del que, sin embargo, la psicóloga que analizó un estudio de su personalidad por encargo de la defensa, ha dicho que no responde a los perfiles que presentan los agresores sexuales.
La defensa ejercida por Juana Rosa Domínguez ha reclamado su absolución en atención al principio de “in dubio pro reo” (que implica que ante la duda hay que estar a favor del acusado), al considerar que son muchas las “contradicciones y vaguedades” que se han evidenciado.
Domínguez ha hecho especial hincapié en las declaraciones de las tres menores y de la propia víctima en el juicio, celebrado en dos sesiones y que ha concluido con la última palabra del procesado, quien ha insistido en su inocencia.
Mario A.O. ha afirmado que “jamás” ha agredido sexualmente a la menor y que no solo se ve “incapaz” de ello, sino que cree “imposible” que en un futuro pueda hacerlo dada su “estructura personal”.
Su defensa, en sus conclusiones, ha expuesto además al tribunal que las acusaciones no han acreditado ni justificado que el acusado diera clase también a la víctima en los dos cursos anteriores para probar que los supuestos hechos se extendieron en el tiempo.
Así mismo, ha considerado incompleto el informe elaborado por las psicólogas forenses, pues ha sostenido que no han concretado de qué manera afectaba la discapacidad a la menor, a la que en 2008 en un estudio se le constató una minusvalía por retraso madurativo del 69 por ciento.
Ese dictamen debió revisarse en 2014 pero no se hizo, por lo que no consta en el procedimiento cómo incidía su afección desde el punto de vista físico, intelectual o sensorial, sostiene la defensa.
La letrada de Mario A.O. ha añadido que tampoco en el informe se demuestra el daño moral y la huella psíquica de los hechos en la menor, por lo que rechaza la indemnización civil solicitada, que el Ministerio Fiscal cifra en 12.000 euros.
Domínguez, por ello, ha considerado que los hechos juzgados responden a la predisposición por parte de una de las compañeras de la víctima a ver cualquier cosa relacionada con lo que previamente habían decidido averiguar y que, a partir de ahí, se creó una “película”.