El presidente de la Coordinadora de Organizaciones Agrarias y Ganaderas en Canarias, Rafael Hernández, se ha acogido este lunes a su derecho a no declarar al ser citado por la Fiscalía en la investigación abierta por la denuncia que le atribuye un delito de trata con fines de explotación laboral por haber empleado en una finca a menores inmigrantes.
Su hija, que era la directora del centro de menores Tagoror, donde estaban acogidos los menores inmigrantes que supuestamente fueron objeto de explotación laboral, también ha comparecido este lunes como denunciada ante la fiscal de Extranjería de Las Palmas, Teseida García, y, al igual que su padre, ha preferido no declarar.
El citado centro de acogida de menores pertenece a la ONG Oportunidades de Vida, que preside Rafael Hernández.
Este lunes han sido llamados también por la Fiscalía dos testigos de los hechos que se investigan y que han sido los primeros en declarar: un extrabajador de la ONG, Juan Carlos G.S., y su esposa, ingeniera agrónoma que trabajó como docente para cursos que ofrecía la COAG.
El testigo ha indicado a los periodistas, antes de comparecer ante la Fiscalía, que ha sido objeto de “un hostigamiento judicial fuerte y duro” a raíz de estos hechos objeto de investigación como consecuencia de varias denuncias, la primera la de un vecino de la finca de Hernández que alertó de que había menores trabajando.
Tras esa denuncia, la Policía de Extranjería e Inspección de Trabajo se personaron el pasado 20 de junio de 2023 en la finca del presidente de la COAG, donde hallaron a diez menores trabajando, lo que ha concluido en un expediente sancionador que se ha suspendido cautelarmente con motivo de la investigación penal contra Hernández, pero que acredita los hechos, según ha manifestado el citado testigo.
Este testigo ha señalado que hay documentación y grabaciones de conversaciones con Hernández y el secretario ejecutivo de la COAG, que comparecerá ante la Fiscalía el próximo miércoles, en las que ambos reconocen los hechos que se investigan.
El próximo miércoles, día 22 de mayo, la Fiscalía de Extranjería también ha citado a declarar al yerno del presidente de la COAG, al ser responsable de la finca donde trabajaban los menores.
El presidente de la COAG ha declinado hacer declaraciones a los periodistas y ha señalado que se pronunciará una vez se aclare el asunto.
Juan Carlos G.S. ha manifestado a los periodistas que tanto él como su esposa son “testigos secundarios que no están dispuestos a tapar algunas cosas”.
Ha afirmado que ha sido objeto de denuncias falsas, con testigos falsos, por parte de los principales investigados, que “parece que no quieren asumir responsabilidades”.
Ha dicho que tanto él como su mujer están a disposición de la Fiscalía y que, precisamente, a raíz de que se ha sabido su condición de testigos ha comenzado el “hostigamiento judicial” del que son objeto, una estrategia que “no les va a funcionar porque vamos a seguir colaborando desde el primer minuto hasta el final”.
Juan Carlos G.S. ha indicado que ya se han desmontado algunas de esas denuncias con “testigos de peso”, por lo que ha advertido de que tendrá consecuencias para sus autores.
De momento son seis las denuncias que le han presentado, de las cuales tres han sido presentadas por Rafael Hernández y su hija, ha comentado a los periodistas.
La prueba más contundente de que dispone la Fiscalía “es que Inspección de Trabajo y la Policía constata que los diez menores trabajaban en la finca, y a partir de ahí diseñan (en alusión a los investigados) una estrategia para salir airosos”, ha añadido.
Según este testigo, contra el presidente de la COAG y Oportunidades de Vida se ha presentado otra denuncia por ofrecer cursos gratuitos en su organización y después cobrar a los participantes.