La magistrada Victoria Rosell ha advertido en un escrito remitido a la Audiencia Provincial de Las Palmas de que la causa por fraude fiscal contra el empresario Miguel Ángel Ramírez, presidente de Seguridad Integral Canaria, peligra por la connivencia entre el juez que la sustituyó al frente de Instrucción 8 de la capital grancanaria, Salvador Alba, y la fiscal Evangelina Ríos.
Según publica en su edición de este jueves Canarias 7, Rosell relata en este escrito, una respuesta a la recusación formulada contra ella por Ríos, “la pasividad” de la fiscal ante la operación maquinada por Alba para perjudicarla e intimidar a los investigados para que colaboraran en ese objetivo. “Existen indicios relevantes (…) de las relaciones y comunicaciones extraprocesales (de Ríos) con el señor Alba excediendo los términos de una colaboración profesional cuando se trata de partes procesales y del juez instructor que debe mantenerse imparcial ante las mismas”, señala Rosell.
El TSJC investiga desde mayo de 2016 al juez Salvador Alba por la presunta comisión de seis delitos en la mencionada operación. Evangelina Ríos ha comparecido en dos ocasiones en esta causa ante la instructora como testigo de cargo y en ambas se ha desvinculado de las actuaciones de Alba en las diligencias contra Miguel Ángel Ramírez, en las que ha ejercido como fiscal.
“Pese a la evidente utilización del proceso y la evidente inexistencia de imparcialidad del magistrado instructor (Alba), movido por un interés apartado del objeto de la instrucción, ninguna de estas actuaciones provocó su recusación por parte de la señora fiscal, conocedora de todo ello”, relata Rosell en otro pasaje del escrito reproducido este jueves por Canarias 7.
La magistrada acusa a la fiscal de haber actuado contra ella por animadversión. Como prueba de ello, recuerda que Ríos presentó en el procedimiento contra Ramírez un escrito que en realidad había redactado a sus espaldas el inspector de la Agencia Tributaria que actuaba como auxilio judicial, a quien la fiscal había dado instrucciones para que no elaborara un informe judicial -solicitado un año antes- hasta que la jueza resolviera un recurso en contra de la propia fiscal.
Rosell, que en enero regresó de nuevo a su puesto como titular del Juzgado de Instrucción 8 de Las Palmas de Gran Canaria tras una baja por enfermedad, ha rechazado los motivos de recusación formulados por la fiscal en las diligencias previas que desde 2014 se siguen contra el empresario Miguel Ramírez por presunto fraude fiscal y contra la Seguridad Social.
La jueza ha solicitado a la Audiencia Provincial de Las Palmas que estime la recusación “por ser víctima de presuntos delitos cometidos por el señor Alba” en las diligencias previas 644/2014 contra Miguel Ángel Ramírez, lo que la avocaría a “carecer de imparcialidad subjetiva ante la eventualidad de valorar las diligencias practicadas por el mismo [el juez Alba] en ulteriores resoluciones”.
Pero la jueza a la que correspondería volver a investigar esa causa por haber sido rechazada su abstención en febrero de 2017, no acepta las causas que expone la fiscal, es decir, interés directo o indirecto en la causa y estar contaminada por ser acusación particular contra Ramírez, investigado en las diligencias 644/14 y también en las 10/16 del TSJC; estas iniciadas por la conversación que este último grabó y en la que se escucha al magistrado Alba pedirle pruebas de las relaciones que pudiera tener el empresario con la pareja de Rosell, el periodista Carlos Sosa, director de canariasahora.es.
De acuerdo con el escrito, Evangelina Ríos fue una parte activa en la estrategia de Alba al no impedir la declaración que el juez organizó para que Ramírez declarara contra Rosell. De hecho, recuerda la magistrada, “formuló preguntas referidas a mí directamente” y “nada menos que 52 preguntas relacionadas o referidas a la empresa Clan de Medios y al señor Carlos Sosa”, que nada tenían que ver con el procedimiento.
Todo ello cuando acababa de producirse una sentencia del TSJC que anulaba una fallida investigación de la misma fiscal abierta en la Fiscalía Provincial de Las Palmas, lo que meses más tarde provocó una sentencia del Tribunal Supremo declarando que se vulneraron derechos fundamentales de Victoria Rosell.
“Es obvio y está objetivamente corroborado, que el señor Alba desde el inicio quiso utilizar este procedimiento en contra de quien suscribe, y ello en términos concomitantes con el objetivo de la señora fiscal, que ya había presentado otra queja contra esta magistrada por supuestos retrasos en esta causa, y con dicho informe y otras actuaciones, todas ellas nulas por vulneración de derechos fundamentales, presentaría la segunda, alegando un inexistente deber de abstención”, sostiene Rosell.
El exministro José Manuel Soria también aparece mencionado en la sucesión de hechos que eleva a la Audiencia Victoria Rosell sobre las vicisitudes de esta causa en su juzgado: “Ese mismo relato [el de los presuntos retrasos] -copiado literalmente- aparecería en la ampliación de querella del señor Soria contra esta magistrada de fecha 4 de febrero de 2016. Ese mismo e inexistente deber de abstención fue el que esgrimió el señor Alba en su conversación con el investigado señor Ramírez el 16 de marzo de 2016 como motivo suficiente para anular las actuaciones practicadas. Y ese era, evidentemente, el interrogatorio del señor Ramírez de 23 de marzo de 2016.
La jueza recuerda que a ella se le acusó de retraso de la causa, siendo incierto, y sin embargo a la fiscal le prescribió el presunto delito contra la hacienda pública imputado a Ramírez por el ejercicio fiscal de 2008, porque según el auto firme de la Audiencia Provincial, “presentó la querella cinco años y tres días después de consumado el presunto fraude”. Y también se le acusó de interés en la causa, cuando nunca resolvió en favor de Ramírez y le imputó un delito contra los derechos de los trabajadores que la fiscal no denunciaba. Rosell pone en evidencia que ese supuesto “rigor” por la imparcialidad judicial de la fiscal nunca lo utilizó contra el juez Alba, que, como ha declarado otro auto firme de la Audiencia Provincial, tomó a Ramírez una declaración totalmente ajena al objeto del proceso, dirigida a perjudicar a la anterior instructora, apartándose de los presuntos delitos contra la hacienda pública y la seguridad social que debía investigar. Y ello, presuntamente, a cambio de declarar la nulidad del procedimiento y sin que la fiscal Ríos lo tratara de impedir en ningún momento.
En suma, Victoria Rosell sostiene en su escrito ante la Audiencia Provincial que la fiscal estaría a tiempo de subsanar las irregularidades cometidas por Alba, pero en lugar de ello defiende lo hecho por el magistrado investigado –y por la propia fiscal- y quiere que se aparte la jueza. Con ello, sostiene la magistrada, corre peligro la causa dejando en el aire que pueda ser por nulidad, por prescripción o por ambas cosas, pero recordando en todo caso que una eventual condena de Alba por prevaricación anularía gran parte de la instrucción contra Miguel Ángel Ramírez.
Rosell dejó en 2015 esa investigación y, tras la intervención de cinco jueces más, sigue en trámite en 2018. De prosperar la recusación, el asunto, con más de 20 tomos y decenas de miles de folios, pasaría a manos del séptimo juez instructor, que debería empezar a estudiar el asunto desde cero.