El TSJ de Canarias tarda cuarenta días en ejecutar una sanción disciplinaria contra un juez de Lanzarote
El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) tardará cuarenta días en ejecutar la sanción disciplinaria impuesta por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) al magistrado Rafael Lis, actual titular del Juzgado de Instrucción 3 de Arrecife.
El TSJC ha fijado el próximo 1 de mayo como la fecha en la que Lis deberá empezar a cumplir los seis meses de suspensión de empleo y sueldo acordados por la Comisión Disciplinaria del órgano de gobierno de los jueces por una falta muy grave de desatención en sus funciones, consistente en no apartarse de una causa en la que había sido recusado. La sanción concluirá, por tanto, el 1 de noviembre, cuando apenas resten otros seis meses para la jubilación del magistrado, quien solicitó prolongar su vida laboral de los 70 a los 72 años, edad que cumplirá en mayo de 2019. La petición fue autorizada por el CGPJ en marzo de 2017.
La decisión del presidente del TSJC ha sido anunciada este martes. Según han informado a este periódico fuentes oficiales del Poder Judicial, la Comisión Disciplinaria interesó la ejecución de la sanción el pasado 22 de marzo, el mismo día en el que tomó conocimiento del auto del Tribunal Supremo que desestimaba el último recurso presentado por Lis. Las mismas fuentes explican que, una vez notificada la firmeza de la suspensión, la fecha de ejecución queda en manos de los órganos de gobierno competentes según el ámbito territorial, en este caso, el TSJC, que debe valorar la conveniencia de aplicar la medida de forma inmediata o esperar a que el magistrado sancionado resuelva determinados asuntos en su juzgado.
En el caso de Rafael Lis transcurrirán cuarenta días desde la solicitud de ejecución (el 22 de marzo) hasta su formalización (el 1 de mayo). Durante este periodo el magistrado ha aprovechado para imponer fianzas de más de tres millones de euros a cinco investigados en la causa sobre los centros turísticos del Cabildo de Lanzarote, que investiga los sobrecostes en la reforma de la cocina de los Jameos del Agua. Entre ellas, una de 1,5 millones de euros al socialista Carlos Espino, quien fuera consejero en la institución insular y denunciante de la mayor trama de corrupción de la isla, el caso Unión. A pesar de que este tipo de medidas cautelares se suelen dictar con los autos de apertura de procedimiento abreviado o de juicio oral, es decir, a la conclusión de la investigación, Lis ha decidido adelantarlas en la misma resolución en la que reconoce que aún está lejos de cerrar la instrucción.
La fianza decretada por Lis responde a una petición formulada en diciembre de 2016 por la Asociación de Juristas Jiménez de Asúa, un polémico colectivo que se ha intentando personar en diversos procedimientos de la isla de Lanzarote para alinearse con las tesis de investigados en causas de corrupción con la justificación de “la defensa de la legalidad y las garantías del proceso”.
La sanción disciplinaria impuesta a Lis está vinculada con el caso Unión. El juez ahora sancionado ignoró todas las peticiones de recusación formuladas contra él, incluida la de la Fiscalía, para continuar con la instrucción de una causa abierta a raíz de la denuncia presentada por el primer juez de Unión, César Romero Pamparacuatro, por la desaparición de tomos del sumario, la sustracción de medios de prueba y la anulación de diligencias que eran cruciales para la investigación.
Lejos de apartarse del procedimiento, Lis permitió que se personaran en la causa algunos de los investigados en el caso Unión, entre ellos el principal acusado, Luis Lleó, y el empresario Juan Francisco Rosa, a pesar de que su abogada, Margarita Alejo, era la esposa del juez. Ambos han utilizado esta instrucción en su defensa.
El Poder Judicial aprobó la suspensión de seis meses de empleo y sueldo a Rafael Lis en noviembre de 2016 y la ratificó en noviembre de 2017 tras rechazar su recurso. El juez acudió al Supremo, alegando incluso “daño moral”, pero tampoco le ha dado la razón el alto tribunal, por lo que la sanción es firme desde el pasado 22 de marzo. Según informa el TSJC, Lis ya ha presentado un recurso en vía administrativa contra la decisión del presidente del tribunal canario, Antonio Doreste. Esta orden sólo se paralizará “si así lo estima oportuno” el órgano de gobierno de los jueces, cuya Comisión Disciplinaria se reúne este miércoles.
Lis fue juez decano de Las Palmas de Gran Canaria y candidato a presidir el TSJC en 2014 junto a Antonio Doreste -el finalmente elegido-, José María Fragoso, Pilar Parejo y el también polémico magistrado Salvador Alba, sobre quien pesa una propuesta de expulsión de la carrera judicial, paralizada hasta que se resuelva la causa penal en la que está inmerso, con peticiones de entre diez y trece años de cárcel.
