El juez Rafael Lis, suspendido por el Poder Judicial, impone una fianza de 1,5 millones al denunciante del caso Unión
El magistrado Rafael Lis Estévez sigue actuando al frente de Instrucción 3 de Arrecife a pesar de haber sido suspendido por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y de haberle sido tumbadas este en marzo por el Tribunal Supremo todas sus pretensiones contra esa resolución disciplinaria. El pasado miércoles impuso más de 3 millones de euros de fianza a varios de los investigados en una causa que instruye desde mayo de 2010 en su juzgado, concretamente la del llamado caso de los centros turísticos del Cabildo de Lanzarote, promovida por la presidenta del Partido Popular en la isla, Astrid Pérez, contra uno de sus contrincantes políticos, el socialista Carlos Espino.
Una de las partes personadas, concretamente la Asociación de Juristas por la Defensa de la Legalidad y las Garantías del Proceso Jiménez de Asúa, solicitó al juez Lis en diciembre de 2016 que se abriera una pieza de responsabilidad civil. Y tal petición ha sido sobradamente atendida por su señoría dieciséis meses después, en el límite mismo de tener que cumplir su sanción de seis meses de empleo y sueldo: ha resuelto imponer una fianza millonaria al denunciante del caso Unión, el exconsejero del Cabildo Carlos Espino (PSOE), al que reclama que deposite en la cuenta del juzgado la cantidad de 1.523.426,61 euros en concepto de fianza por las responsabilidades civiles que pudieran derivarse de una causa que lleva meses paralizada y que tiene como principal imputación el desembolso de unos sobrecostes en la reforma de las cocinas del restaurante de Los Jameos del Agua, perteneciente a la red de Centros de Arte, Cultura y Turismo del Cabildo de Lanzarote.
En realidad Carlos Espino está en la génesis de todos los males disciplinarios que afectan al magistrado Rafael Lis. Fue Espino el que denunció la trama corrupta de compra de voluntades para negocios urbanísticos conocida como el caso Unión. La denuncia fue tramitada por la Guardia Civil ante el juzgado de Arrecife del que se ocupaba el magistrado César Romero Pamparacuatro, que desde los inicios presenció extraños fenómenos en su oficina judicial, como la desaparición de tomos del sumario, la sustracción de medios de prueba y la anulación de diligencias que eran cruciales para la investigación. El juez denunció esas desapariciones y la denuncia cayó en el juzgado de Rafael Lis, que regresaba de una larga excedencia que dedicó a su próspero despacho de abogados en Las Palmas de Gran Canaria. No se lució precisamente el magistrado en la gestión de esa denuncia de su compañero, y hasta tuvo la ocurrencia de permitir que en ella se personaran algunos de los investigados en el caso Unión, uno de los cuales tenía como abogada a su propia esposa, Margarita Alejo, socia del despacho que él acababa de abandonar para reincorporarse a la carrera judicial los últimos años previos a la jubilación. Lis desoyó todas las recusaciones apoyadas por la Fiscalía y continuó dictando resoluciones como si aquella historia no fuera con él.
La querella de Pamparacuatro ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias no prosperó, pero sí la denuncia ante el Promotor de la Acción Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial, cuyo máximo órgano decidió en octubre de 2016 sancionar a Rafael Lis con una suspensión de empleo y sueldo por un periodo de seis meses. Lis recurrió esa sanción hasta el Tribunal Supremo, ante el que alegó incluso “el daño moral” que le iba a producir una sanción así. Pero el Supremo tumbó sus pretensiones el pasado 8 de marzo. Desde que fue suspendido hasta que el Supremo ha declarado firme la sanción solo ha habido una resolución del CGPJ relativa a Rafael Lis: la adoptada en marzo de 2017 autorizándole a permanecer en el servicio activo como juez hasta los 72 años.
En un auto fechado el pasado miércoles, un mes después de que el Supremo rechazara su recurso y sin que el Consejo General del Poder Judicial haya ejecutado sus propias resoluciones, Rafael Lis atiende la petición de la Asociación Jiménez de Asúa, estrechamente vinculada con los acusados del caso Unión, e impone más de tres millones de euros de fianza a los investigados en esta otra trama de los Centros de Arte, Cultura y Turismo del Cabildo de Lanzarote. Y lo hace a pesar de reconocer en el mismo auto que la causa tardará aún mucho más tiempo en tramitarse (lleva ocho años de instrucción) y tras unos seis meses sin promover ninguna otra diligencia.
Además del millón y medio de fianza que impone a Carlos Espino, el magistrado suspendido pero en activo requiere 1.362.000 al empresario Antonio González Medina; 95.000 al periodista Mario Alberto Perdomo; 49.000 a la empresaria Gloria Valenciano, y 65.000 al también empresario Enrique Gutiérrez.
La resolución es recurrible ante el propio juez instructor – si los recursos llegan antes de ser suspendido- y en apelación ante la Audiencia Provincial de Las Palmas, la que ordenó la recusación de Rafael Lis.
