La consejera de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, Jéssica de León (PP), ha afirmado este miércoles en el Parlamento que “saquear a los canarios” con una tasa turística, que en realidad “es un impuesto”, solamente “es sostenible para el Gobierno”, que es el que lo recauda, lo gasta y lo redistribuye “en el propio gobierno”, puesto que no es finalista.
“Si los impuestos redistribuyeran la riqueza, que lo hacen en una parte, los autónomos serían más ricos después de las 27 subidas de impuestos que han sufrido por parte del Gobierno central, y yo creo que no lo son”, reflexionó De León durante una comparecencia en el pleno del Parlamento para hablar del desarrollo de los planes de sostenibilidad turística en destino.
La consejera respondió así a la diputada de Nueva Canarias Natalia Santana, quien reclamó un cambio de modelo turístico que no pase por seguir autorizando camas hoteleras, proyectos como Cuna del Alma o el hotel de La Tejita, o por negarse a una tasa turística o a una moratoria.
Jéssica de León acusó a la diputada de pretender buscar votos entre los manifestantes que salieron a la calle para demandar un cambio de modelo y reclamó “un debate constructivo” en el que se diferencie lo que es una tasa finalista de lo que es un impuesto que el Gobierno gasta donde quiera.
Para Jéssica de León, los precios públicos en lugares como Lanzarote son un ejemplo de redistribución de los ingresos en el territorio para evitar el impacto en los espacios naturales protegidos.
Sobre el asesoramiento a las corporaciones locales para la ejecución de los planes de sostenibilidad turística del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, financiados con fondos europeos, la consejera confió en que todos puedan ser ejecutados gracias a la colaboración interadministrativa en el plazo previsto, en unos casos hasta mediados de 2025 y en otros hasta mediados de 2026.
La inversión es de 144 millones de euros en 22 planes de sostenibilidad locales y 24 actuaciones de cohesión a cabildos que permiten agregar valor y competitividad al producto turístico.
“Cada millón de euros invertido en infraestructuras genera 29 empleos, no hay mejor manera de redistribuir la riqueza”, afirmó la consejera y se mostró convencida de que estos planes ayuden a crear empresas canarias que generen más riqueza en la comunidad, porque del cambio de modelo es “poner al residente en el centro”.
Insistió la consejera en la necesidad de adoptar un enfoque más sostenible del turismo y en mejorar la calidad de la planta hotelera y extrahotelera existente, en lugar de expandir el consumo de suelo.
Según ella, gracias a la Ley del Suelo vigente, cada isla tiene la posibilidad de gestionar sus recursos y su crecimiento turístico sin necesidad de aplicar moratorias.
En esa línea, los planes de sostenibilidad turística en destinos permiten a los ayuntamientos y cabildos canarios transformar sus modelos hacia sectores más diversos, fomentando una economía más sostenible.
Pero la gestión de esos fondos europeos es complicada y por eso el Gobierno de Canarias ayuda a los municipios con una unidad administrativa provisional que ha gestionado ya 273 millones de euros del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea.
La unidad técnica de apoyo está trabajando para asegurar que el gasto sea efectivo y se ajuste a los objetivos previstos, considerando el plazo limitado para su ejecución.
Uno de los principales retos ha sido garantizar que los ayuntamientos con menos recursos no renuncien a estos fondos, afirmó.
El diputado de CC Mario Cabrera, que había pedido la comparecencia de la consejera, defendió que el turismo debe crecer de manera equilibrada, evitando la expansión en términos de consumo de suelo, así como reduciendo la demanda de recursos como el agua y la energía.
También dijo que hay que asegurar que los beneficios económicos generados por el turismo se redistribuyan equitativamente, tanto en forma de mejores salarios como en el apoyo a otros sectores productivos, y combinarlo en particular con el desarrollo del sector rural.
Hizo hincapié en la necesidad de limitar la saturación de los espacios naturales, estableciendo controles claros para evitar que la sobreexplotación afecte a la biodiversidad y los recursos ambientales de las islas.
En otra de sus intervenciones de este miércoles en el Parlamento, la consejera ha cerrado también la puerta a la implantación de una moratoria al alquiler vacacional mientras se tramita la ley que pretende regular este sector, que cuenta ya con más de 61.000 viviendas de este tipo, sin contar las que no tienen licencias. La consejera de Turismo descartó implantar dicha moratoria porque, “de facto”, la nueva ley deja en manos de los ayuntamientos suspender las declaraciones responsables para obtener la licencia.