La exigencia de PCR negativa para entrar a Canarias congela las reservas turísticas

Iván Suárez

Las Palmas de Gran Canaria —

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Lejos de acabar con la incertidumbre en el motor económico de Canarias, el turismo, en plena temporada alta, la última resolución del Ministerio de Sanidad, publicada este jueves en el Boletín Oficial del Estado (BOE), ha provocado más desasosiego en el sector. Y no por el establecimiento de controles en puertos y aeropuertos a través de test diagnósticos de infección activa del virus SARS CoV-2 para los pasajeros que provengan de países de riesgo (aquellos que superen los 150 casos de COVID-19 por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días), una medida que los empresarios aplauden y que demandaban desde verano. 

La inquietud ha estado motivada por el tipo de prueba exigido. La resolución no deja lugar a dudas. La PCR (Reacción en Cadena de la Polimerasa) será la única válida. “Mientras no sea aceptado su uso armonizado en Europa, no se admitirán otras pruebas tales como test rápidos de anticuerpos, pruebas rápidas de detección de antígeno o serologías de alto rendimiento”, reza el BOE en consonancia con el criterio que ya han manifestado, entre otras, la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica con respecto a la utilización de algunas de estas técnicas para el cribado en asintomáticos. 

La Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo (FEHT) de la provincia de Las Palmas ha pedido al presidente del Gobierno regional, Ángel Víctor Torres, y a la consejera del ramo, Yaiza Castillo, que intermedien ante el Ejecutivo central para que se admitan también las pruebas rápidas de antígenos como técnica diagnóstica válida para poder ingresar en el país. Su presidente, José María Mañaricúa, ha advertido de que el elevado coste de las PCR y las dificultades de acceso a estos test en algunos de los principales países emisores de turistas a las Islas “invalidan la temporada turística en un momento en el que solo Canarias está abierta al exterior”, causando un “grave perjuicio” al sector. También Jorge Marichal, presidente tanto de Ashotel, la patronal tinerfeña, como de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT), ha demandado un protocolo de testeo “homogéneo” para la Unión Europea y ha exigido pruebas “rápidas y económicas” para un sector, ha dicho, “que pende de un hilo” y que requiere “medidas contundentes”. 

Este jueves se conocían las primeras consecuencias de la exigencia de una PCR con resultado negativo en las 72 horas previas a la llegada al país. Los turoperadores han paralizado las reservas al Archipiélago. Estos agentes turísticos ya estaban incluyendo las pruebas de antígenos en el paquete para los visitantes extranjeros que querían visitar las Islas en estas fechas, “en algunos casos gratis”. Mañaricúa explica que en el Reino Unido el test PCR cuesta “en torno a las 180 libras”. “Una familia de cuatro miembros tendría que gastarse cerca de 800 libras”, aparte del billete, para poder viajar a las Islas, lo que hace inviable la llegada de visitantes que no dispongan de un alto poder adquisitivo, ha añadido.

A ello se le suman las dificultades existentes en algunos países para poder someterse a estas pruebas. Es el caso de Alemania, cuyas autoridades sanitarias han impulsado recientemente una nueva estrategia para el control de la COVID-19 que ha dejado de lado los cribados masivos para centrar los esfuerzos en el testeo de sintomáticos y en las medidas de restricción hasta que llegue la ansiada vacuna. “No solo Alemania, también en Suecia” hay importantes limitaciones de acceso a la PCR para las personas asintomáticas, agrega Mañaricúa, que defiende que los test de antígenos son “rápidos (los resultados se obtienen en 15 minutos frente a las entre 24 y 48 horas que tardan los de la PCR), baratos (su coste en clínicas y laboratorios privados de la Islas oscilan entre los 25 y los 30 euros, mientras que las PCR cuestan alrededor de los 120 euros en los mismos centros) y fiables”. 

La petición de los empresarios turísticos choca, no obstante, con la posición de la comunidad científica sobre el uso de los test de antígenos para el cribado de personas asintomáticas. María del Mar Tomás, científica del Instituto de Investigación Biomédica de A Coruña y portavoz de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciones y Microbiología Clínica (SEIMC), explica que toda técnica diagnóstica “tiene sus limitaciones”, pero precisa que si lo que se pretende es evitar la introducción del virus en Canarias a través de portadores de países extranjeros es necesario utilizar la prueba “con la mayor sensibilidad posible”. Es decir, la PCR. La microbióloga señala que la de antígenos solo detecta “altas cargas virales” y es efectiva durante los cinco primeros días desde la aparición de los síntomas. No es válida para los periodos de incubación de la enfermedad. “Si estás en el inicio y el test sale negativo, en 24 o 48 horas puedes tener la suficiente carga viral para contagiar. Habría que repetirla cada cierto periodo de tiempo, cada dos días, porque, de lo contrario, perdería sentido. Hay que tener mucha precaución con los resultados negativos, pueden dar una sensación de falsa seguridad”, apunta la especialista, que aboga por limitar su uso a un “contexto clínico”. 

En cambio, las pruebas PCR “tienen la capacidad de detectar un porcentaje de presintomáticos, incluso postsintomáticos en función de la carga viral”, lo que a su juicio la convierte en la técnica más indicada para utilizar en los aeropuertos con el objetivo de detectar el mayor número de casos entre personas asintomáticas. “Da una imagen mucho más real de la situación”, aunque no evita que pueda entrar el virus con casos importados, máxime si se tiene en cuenta que los pasajeros se pueden contagiar en el intervalo de tiempo que transcurre entre la realización de la prueba y el aterrizaje en España, que puede ser de hasta 72 horas. Para Tomás, la solución “ideal” sería imponer una cuarentena a los visitantes internacionales, como pasa, por ejemplo, en China, aunque entiende las dificultades que esa decisión entrañaría para el sector turístico. 

El jefe de servicio de Medicina Preventiva del Hospital Insular de Gran Canaria, Jesús Molina, no es partidario de los cribados masivos a asintomáticos y menos con test de antígenos, “que solo sirven para personas con síntomas y en un periodo determinado”. Con estas pruebas “no se va a conseguir prácticamente nada”, señala este especialista, que remarca, al igual que la microbióloga, que la mejor forma de contener el avance del virus es incidir en las medidas de prevención conocidas (uso de la mascarilla, distancia social, lavado frecuente de manos, ventilación de los espacios...)

Los antígenos, en los hoteles

La resolución del Ministerio de Sanidad no invalida el decreto ley aprobado hace dos semanas por el Gobierno de Canarias para exigir a partir del 14 de noviembre un test con resultado negativo a los visitantes nacionales o internacionales que se hospeden en establecimientos turísticos reglados del Archipiélago. En este caso, sí se ha autorizado el uso de las pruebas de antígenos al considerar a los turistas como un “grupo poblacional” frente a la estrategia seguida para los “casos individuales”, donde este tipo de técnicas queda restringido a las personas que cursen síntomas de la enfermedad desde hace cinco o menos días o para quienes hayan estado en contacto estrecho con un caso positivo confirmado. 

Es decir, a los viajeros internacionales que lleguen a Canarias desde una zona de riesgo se les exigirá una PCR negativa. Los nacionales e internacionales de países que no estén incluidos en esa lista negra, por su parte, podrán entrar sin ninguna limitación en las Islas, salvo que decidan alojarse en un establecimiento reglado, en cuyo caso les será suficiente con presentar el certificado de un resultado negativo de test (de antígenos o PCR) realizado las 48 horas antes de su llegada. Fuentes del sector advierten de los riesgos que se asumen al dejar entrar en las Islas, sin ningún control, a pasajeros procedentes de puntos con alta incidencia de la Península y que se alojen en viviendas de familiares o alojamientos no reglados.

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