El 17% de las plazas de empleo público dependiente del Estado está sin cubrir en Cantabria

En Cantabria hay 2.355 puestos de trabajo de funcionario y personal laboral de la Administración General del Estado (AGE). Sin embargo, 401 de ellos están sin cubrir; y ello sin tener en cuenta a las plantillas de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Ello hace que la carga de trabajo a repartir sea mayor por cada empleado público, lo que tensiona el sistema y deteriora el servicio público que se ofrece.

Así, lo han señalado Ana Pérez Gutiérrez, secretaria de AGE en UGT y Carmen Ruiz, presidenta de la Junta de Personal de AGE.

UGT exige la provisión de vacantes y avisa de que la revaloración de las pensiones y una media de edad de 54 años están acelerando un proceso de jubilación anticipada que aumenta la carga de trabajo y pone en riesgo la calidad del servicio público. De hecho, buena parte de los empleados públicos del Estado en Cantabria que pertenecen al régimen de clases pasivas puede acceder a la jubilación a los 60 años con 35 años trabajados.

Aunque Cantabria se encuentre por debajo de la media nacional (22,3% de las plazas vacantes), “la situación es excesivamente preocupante por distintos motivos y desde UGT llevamos varios años denunciado: se veía venir de lejos”, han explicado.

La situación es excesivamente preocupante por distintos motivos y desde UGT llevamos varios años denunciando: se veía venir de lejos

“La falta de efectivos está provocando una enorme carga de trabajo que, junto con la elevada edad de la plantlla, en torno a los 54 años de media, lleva a que muchos trabajadores soliciten su jubilación anticipada, aunque implique pérdida de dinero -ha explicado Ana Pérez Gutiérrez-. En la AGE no sucede como en otras Administraciones que, con bolsas de empleo, cubren plazas vacantes o incapacidades temporales de larga duración, sino que cuando falta un efectivo su carga de trabajo es asumida por los compañeros”.

Actualmente, en Cantabria, en cuanto a la Administración del Estado se refiere, hay 53 interinos, integrados mayoritariamente en el SEPE y la Seguridad Social, pero que no cubren vacantes, sino que se asignan a programas concretos.

En Cantabria, la tasa de reposición no ha estado acorde con las jubilaciones producidas. Así, por ejemplo, en la última convocatoria de turno libre resuelta para los Cuerpos Generales (OPE 2020), de las 650 plazas convocadas para auxiliar y las 850 como administrativo únicamente se adjudicaron a Cantabria dos y cuatro plazas, respectivamente. “Esto nos lleva a ser muy pesimistas en cuanto a que las ofertas de 2021 y 2022, que se convocarán próximamente, a la hora de dar solución al gran número de jubilaciones que se van a producir en los próximos cinco años”, ha comentado la secretaria de AGE-UGT.

Último aviso: 2018

El proceso es continuo y va a más. En 2018 los delegados de Prevención de UGT, el Comité de Seguridad y Salud de la Administración General del Estado en Cantabria, dirigieron un escrito a la Dirección General de Función Pública alertando de la situación y demandando la urgente reposición de efectivos por la previsión de jubilaciones y el aumento de la carga de trabajo. Tal demanda no prosperó y desde entonces hay 181 trabajadores menos y 29 plazas han sido amortizadas.

La Seguridad Social en Cantabria cuenta con 437 trabajadores y 86 vacantes; la Agencia Tributaria, 351 trabajadores y 48 vacantes; y el penal de El Dueso, 286 trabajadores y 63 vacantes. No obstante, también los organismos más pequeños en tamaño se ven afectados por la falta de personal, si no en la misma medida, más incluso. Son el Catastro, la Demarcación de Costas, las Confederaciones Hidrográficas, las distintas áreas de la Delegación del Gobierno, el INE, el SEPE, Tráfico, la oficina del DNI y la Inspección de Trabajo, esta última precisamente con sus trabajadores movilizándose hoy día.

El personal laboral que trabaja para la Administración estatal lleva un camino similar. Es más, según Ana Pérez, este tipo de empleo “tiende a desaparecer”. Son cerca de 400 empleados que se encuadran en organismos como el INE, el Museo Altamira o el IFCA, dependiente este del CSIC.

Varias disposiciones del convenio de 2019 siguen sin ejecutarse o cumplirse. Este es el caso de los contratos de relevo, ya que apenas se han dado jubilaciones parciales; y el cambio del régimen jurídico de los laborales que desempeñan puestos de funcionario.

Ley de Función Pública

Este miércoles, UGT dio su visto bueno al anteproyecto de Ley de Función Pública, que quedó aprobado en la Mesa General de la AGE, por lo que ahora empezará su tramitación en Cortes como proyecto de ley con el aval de los principales sindicatos.

El 19 de octubre de 2022, el Gobierno central y sindicatos UGT y CCOO suscribieron un Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI en el que se contemplaba el trámite de un borrador de Ley de Función Pública en la Administración del Estado. En consecuencia, el Consejo de Ministros aprobó el 29 de diciembre de 2022 un primer borrador que fue recibido con reticencias por los ugetistas, ya que lo consideraban como “manifiestamente mejorable”, ante la falta de protagonismo de los empleados públicos. Dos meses después, se ha llegado a un acuerdo.

La Ley supondrá un avance en lo que se denomina carrera horizontal, que marca la evolución de las expectativas profesionales sin cambio de trabajo. Se estructura en cuatro tramos (el primero de cinco años y los restantes, de seis). Este desarrollo beneficiaría especialmente a los empleados públicos del Grupo B, como son los informáticos y los investigadores.

Asimismo, se pide la eliminación de los límites existentes para el período de excedencia y la armonización de un sistema complementario de retribuciones, estableciendo en la ley unos niveles mínimos de complemento de destino.

También el texto implica un avance en términos de Igualdad y la convocatoria de concursos unitarios para funcionarios que tendrían carácter abierto y permanente, previa negociación colectiva del modelo.

Arpobada la ley se iniciará la negociación de la implantación de la jornada semanal de 35 horas y además se agilizarán los planos para la ejecución de las convocatorias de empleo, procesos que tendrán un límite de desarrollo de dos años (ahora es de tres).

Tanto Ana Pérez como Carmen Ruiz consideran que el trabajo del personal público ha de ser puesto en valor, algo necesario ante el avance de la administración electrónica, que cobró un impulso durante la pandemia de COVID-19 sin que toda la ciudadanía esté aún preparada para la relación con una administración sin la mediación humana.