El Estado comienza a estudiar la constitucionalidad de la Ley del Suelo de Cantabria que liberaliza la construcción de vivienda en suelo rústico

El Gobierno de España y el Gobierno de Cantabria se verán las caras el próximo 17 de abril para negociar la liberalización de la Ley del Suelo de la comunidad autónoma que ha aprobado el PP, con el apoyo de PRC y Vox, y que el Estado considera inconstitucional. La reunión de la Comisión Bilateral analizará siete apartados del artículo 23 de la Ley de Acompañamiento a los Presupuestos Generales de Cantabria de 2024, que recoge los cambios más sustanciales en Ordenación del Territorio, desde la construcción de vivienda en el entorno de los núcleos hasta la relajación de los controles. De telón de fondo, la posible impugnación de estas medidas por el Ejecutivo de Pedro Sánchez (PSOE) ante el Tribunal Constitucional.

De esta forma, el Gobierno de Cantabria ya tiene una fecha de la comisión bilateral con el Ejecutivo central sobre la reforma de la Ley de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Cantabria, conocida como la Ley del Suelo, una vez ha remitido la relación de sus representantes, si bien confía en llegar a un acuerdo con el Ministerio de Política Territorial. El Gobierno de España ya ha advertido al Ejecutivo que preside María José Sáenz de Buruaga (PP) de la “inconstitucionalidad” de la norma aprobada por la derecha y la extrema derecha en el Parlamento de Cantabria.

El objeto de la negociación acaba de publicarse este miércoles en el Boletín Oficial de Cantabria, y remite a la Ley de Acompañamiento aprobada por el Parlamento autonómico en diciembre. Del cajón de sastre que supone toda Ley de Medidas Fiscales y Administrativas, que es como se llama realmente, el Estado quiere negociar lo relativo al artículo 23, que es donde el Gobierno de Buruaga ha introducido la reforma de la Ley del Suelo. De dicho artículo, el Ejecutivo central ve vicios de inconstitucionalidad en siete apartados. Ese será el objeto de negociación este próximo 17 de abril.

Principalmente lo que el Estado quiere frenar es la posibilidad de construir vivienda unifamiliar en suelo rústico en un entorno máximo de 200 metros de los núcleos existentes, así como la relajación de los controles, como el ambiental, que se simplifica. En la práctica, la Ley equipara la construcción en suelo rústico con la que se realiza en suelo urbano, algo que viene mediatizado por la cada vez mayor presión de la demanda de segunda residencia de potenciales propietarios residentes en otras comunidades autónomas.

La argumentación jurídica que traslada el Ministerio, a la que ha tenido acceso elDiario.es, es clara: la norma “permite determinados usos en suelo rústico prácticamente equivalentes a los permitidos en suelo urbanizable”. Y lo hace “hasta un límite verdaderamente amplio, el de igual número al de viviendas ya existentes en el dicho suelo urbano, lo que significa que se puede duplicar el número de viviendas del municipio”, apunta.

La norma cántabra permite la construcción de vivienda unifamiliar en suelo rústico sin requerimientos específicos de planeamiento territorial o normativa sectorial, lo cual podría llevar a un incremento descontrolado de la urbanización en áreas que deberían estar protegidas. “Realmente se trata de una verdadera subversión de la lógica propia de todo el sistema de ordenación y gestión urbanísticos y del régimen básico del suelo rural”, subraya el Ministerio.

El Gobierno de Cantabria, por su parte, no está cerrado a la negociación, pero quiere conservar lo “esencial” y es precisamente en lo esencial en donde discrepan ambas administraciones. “Es una ley que nace con mucho consenso y que nosotros tenemos una clara convicción de defensa”, indicó recientemente el consejero del área, Roberto Media (PP), quien añadió que una vez se reúna la comisión irá viendo “si procede cambiar alguna cosa”. Según ha explicado, puede haber algún tema de procedimiento “sencillo” que pudiera cambiarse, pero opina que “las cuestiones que son básicas para el Gobierno deben defenderse”.

Grupo de trabajo conjunto

La Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Cantabria ya ha adoptado el acuerdo de iniciar negociaciones “para resolver las discrepancias manifestadas en relación con los apartados uno, seis, siete, trece, veinte, veintiuno, treinta y dos y treinta y siete del artículo 23 de la Ley de Cantabria 3/2023, de 27 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas”, se informa en el BOC de este miércoles. Asimismo se ha acordado la composición de un grupo de trabajo para elevar a la Comisión Bilateral de Cooperación una propuesta de resolución.

Dado como están las relaciones entre las administraciones autonómica y central, políticamente, es probable que el Estado no quede satisfecho con la negociación y recurra al Tribunal Constitucional para que resuelva las discrepancias. Si es así, el TC no suspenderá la aplicación de la Ley mientras resuelve, a no ser que se dicte alguna medida cautelar en tal sentido.

La Ley del Suelo de Cantabria está experimentado un rápido desarrollo en su aplicación, con numerosas licencias concedidas al amparo de la liberalización del Gobierno de Buruaga. El PSOE, principal partido de oposición en Cantabria y gobernante en Madrid, ya había anunciado su oposición a la reforma tal y como la había planteado el Partido Popular. Teme que con el tiempo vuelva a generarse un problema social con sentencias judiciales que invaliden las licencias que se concedan, si los artículos de la norma marco finalmente quedan anulados. Así lo ha expresado el secretario general del PSC-PSOE y portavoz parlamentario, Pablo Zuloaga: “Las consecuencias de la modificación ya las conocemos y hemos padecido, como son las terribles sentencias de derribo que el PP trajo a Cantabria y que parece que quiere volver a traer”, ha señalado.