Las subvenciones concedidas por el Gobierno de Cantabria para la contratación de parados en las corporaciones locales se han abonado a la polémica y amenazan con llegar a los tribunales. Comisiones Obreras denuncia que las bases de cerca de 75 municipios contienen “ilegalidades” que las convierten en “nulas de pleno derecho” y el sindicato acusa al Ejecutivo autonómico de utilizar 28 millones de euros de dinero público para “maquillar” la tasa de desempleo a cuatro meses de las elecciones.
Si la Administración no toma medidas de forma “inmediata”, la organización sindical amenaza con denunciar al presidente regional, Ignacio Diego, y al delegado del Gobierno, Samuel Ruiz, por prevaricación. Así lo ha confirmado en rueda de prensa el secretario general de Comisiones Obreras, Carlos Sánchez, que ha reclamado este viernes la anulación de los procesos de selección iniciados por los ayuntamientos para contratar a desempleados con cargo a esta orden de subvenciones.
En su opinión, estas convocatorias vulneran los principios de publicidad, igualdad, mérito y capacidad. Por ello, el líder sindical ha pedido que los procesos de selección se anulen y se convoquen de nuevo para “hacer las cosas bien y dar igualdad de oportunidades a los casi 60.000 parados de la región”.
En su comparecencia, ha insistido en que el plan del Ejecutivo de Ignacio Diego pasa por “manipular” la estadística de paro registrado de cara a las elecciones “con 2.000 o 3.000 parados menos” contratados por esta vía de empleo que ha definido como “precario y de beneficencia”.
Sánchez ha asegurado que el Gobierno de Cantabria y la Administración del Estado “no pueden mirar para otro lado” ante lo que ha calificado como un “carnaval de despropósitos”, porque tienen la obligación de cumplir y hacer cumplir la ley, y ha advertido de que si no lo hacen, “podrían incurrir en prevaricación a sabiendas”. De hecho, si no hay respuesta a la reclamación presentada por Comisiones, el sindicato “irá contra el presidente y el delegado del Gobierno en los tribunales”.
Situaciones escandalosas
También ha hecho un repaso de las actuaciones que considera “auténticamente escandalosas”. Entre ellas, ha señalado el hecho de que se valore el empadronamiento con diez puntos y con solo uno que todos los miembros de la unidad familiar estén en paro. “La situación es tan caótica, ridícula e impresentable que incluso algunos ayuntamientos establecen el sorteo como criterio de adjudicación de plazas”, ha subrayado.
El secretario general de Comisiones Obreras ha afirmado que se “desprecia y ningunea” al Servicio Cántabro de Empleo al dejar la selección “a la discrecionalidad del alcalde de turno”, porque el objetivo de la orden para la contratación de desempleados es “comprar voluntades”.