Los efectos del ladrillazo en Cantabria: otras 621 viviendas pasarán por la piqueta
El derribo definitivo de la macrourbanización del Alto del Cuco, el icono de la corrupción urbanística en Cantabria, supone el primer hito de una larga lista de sentencias firmes que obligan a la demolición inminente de viviendas levantadas de forma ilegal durante los años de la burbuja inmobiliaria. La resaca del ladrillazo deja en el mapa autonómico un reguero de casas, principalmente en la costa, amenazadas por la piqueta.
Lejos de la típica imagen de Cantabria como tierra verde sin explotar que se vende hacia afuera en busca del turista que quiere algo más que sol y playa, la fiebre por la segunda residencia de los años 90 estuvo a punto de agotar el territorio en el litoral. No en vano, la asociación ecologista Greenpeace sitúa a Cantabria solo por detrás de la Comunidad Valenciana entre las autonomías con más construcciones artificiales en los primeros cien metros de costa.
Ese auge de la construcción y una interpretación laxa de la normativa urbanística, siempre combatida en los tribunales por los grupos conservacionistas, ha provocado que, aún hoy, resten por derribar otras 621 viviendas construidas de manera irregular, sin incluir en ese listado las 214 cuya demolición comienza este viernes en Piélagos.
En ese municipio todavía están señaladas otras 80 edificaciones con sentencia firme de derribo, y hay 32 más en Escalante, 110 en Miengo, 144 en Arnuero y 255 en Argoños, que se lidera el ránking de viviendas construidas sin respetar el planeamiento urbanístico.
Este caso, el de Argoños, es especialmente paradigmático, porque esas 255 viviendas ilegales suponen prácticamente una por cada siete de los 1.700 habitantes de la localidad, lo que le coloca como el municipio más afectado dentro de la comunidad del norte de España más agredida por el urbanismo salvaje.
Argucias legales para evitar los derribos
El Gobierno de Cantabria y los ayuntamientos implicados en este problema a lo largo de estas dos décadas, de distintos colores políticos y con diferentes grados de responsabilidad, han tratado de esquivar a toda costa lo que ahora parece cada vez más difícil: evitar los derribos.
Los argumentos, sobre todo, han girado alrededor del gran desembolso económico que será necesario para afrontar las indemnizaciones como responsables subsidiarios en un momento de graves dificultades para las arcas públicas y en el daño moral y físico que han sufrido los afectados.
Por eso, los responsables de las administraciones públicas y los partidos que han formado parte del Ejecutivo autonómico en las últimas legislaturas -PP, PRC y PSOE- han dado pasos legislativos para regularizar la situación que afecta a cerca de un millar de familias.
Se llegaron a acuerdos parlamentarios, aprobados por unanimidad, e incluso se diseñaron figuras administrativas ad hoc como las autorizaciones provisionales, que han sido anuladas reiteradamente por los tribunales.
Las distintas soluciones que se han planteado desde las administraciones públicas se han encontrado reiteradamente con el freno de la Justicia, que ha exigido recientemente un calendario definitivo para el derribo de estos inmuebles, que no cuentan con las autorizaciones pertinentes y están amenazados por las palas.
Mientras, los afectados insisten en su postura: “que se legalice lo que se pueda legalizar y se indemnice al resto de propietarios al precio que marca el mercado”. “No puede ser que el que no es culpable esté, años y años, pidiendo justicia, mientras que los culpables están en las playas disfrutando”, concluye Antonio Vilela, el presidente de la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA), que engloba a los afectados por sentencias de derribo en Cantabria.
