Altos cargos del Gobierno del PP en funciones reclaman una compensación económica tras su paso por la política

UGT, Comisiones Obreras y el Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de Cantabria (STEC) han censurado este martes que tres altos cargos del Gobierno del Partido Popular en funciones reclamen el abono de la diferencia salarial entre su sueldo como funcionarios y el que han percibido durante su etapa política. 

La consejera de Presidencia y Justicia, Leticia Díaz; el consejero de Educación, Cultura y Deporte, Miguel Ángel Serna, y el director general de Justicia, Ángel Santiago, han reconocido una reclamación cercana a los 114.000 euros entre los tres, “una decisión personal” que, además, “se apoya en una ley que fue aprobada en 1999”, según el presidente de Cantabria en funciones, Ignacio Diego (PP).

La sección sindical de la Federación de Servicios Públicos (FSP) de UGT en el Gobierno de Cantabria ha emitido un comunicado en el considera “inmoral” que estos tres altos cargos del Ejecutivo autónomo en funciones vayan a ser compensados económicamente por la diferencia salarial de su actividad profesional y su dedicación política “en estos últimos cuatro años de recortes y de austeridad máxima y sin compensación alguna para los empleados públicos y los ciudadanos de la región”.

“No deja de ser inmoral que después del sacrificio económico exigido a los empleados públicos y a los ciudadanos, el Gobierno de Cantabria en funciones ya esté preparando una nómina del mes de junio para estos tres altos cargos con una cuantía económica sin precedentes para compensar la diferencia salarial entre su actividad profesional y su dedicación política”, ha denunciado la sección sindical de UGT en la Administración autónoma.

El sindicato ha argumentado que la reclamación de Serna, Díaz y Santiago, que en estos cuatro últimos años han percibido un salario anual por encima de los 56.000 euros por su dedicación a la política, se asienta en una ley de 1999 que se aprobó en un contexto de bonanza económica “bien distinto al actual y que hasta ahora nunca había sido utilizada en la región”.

“Ya es casual y paradójico que dirigentes del Gobierno de Cantabria que más ha pregonado y aplicado hasta sus últimos extremos las políticas de austeridad y de recortes económicos y sociales sean ahora los que recurren por primera vez a esta normativa legal que se incluyó en la Ley de los Presupuestos del año 2000”, ha observado UGT.

El sindicato, que ha anunciado su intención de exigir al próximo Ejecutivo autónomo una auditoría de los gastos de personal de los últimos meses de mayo y de junio, ha rechazado que “ahora sí se tenga dinero para pagar pluses compensatorios a dirigentes gubernamentales cuando a los empleados públicos se nos ha negado el pan y la sal en estos últimos años”.

En este sentido, UGT ha enfatizado que estos tres altos cargos del Ejecutivo autónomo en funciones que reclaman ahora más de 100.000 euros han formado parte de un Gobierno de Cantabria que ha recortado poder adquisitivo a sus empleados públicos (más de un 21%); además de suprimir o congelar pagas extras, complementos o compensaciones salariales, fondos sociales y planes de pensiones y hasta descansos obligatorios de su plantilla.

“Obsceno e impresentable”

Por su parte, STEC ha expresado su “perplejidad y profundo rechazo” a esta reclamación, cuya legalidad no quiere discutir, pero “que nadie hasta ahora se ha atrevido a aplicar” y “sobre la que diversos estamentos técnicos de la administración regional tienen sus reservas”, ha dicho. El sindicato sí ha llamado la atención sobre la “legitimidad” de la reclamación porque, para este colectivo, “roza lo obsceno que en el actual contexto se reclame un finiquito de esta naturaleza”.

Pero para STEC es “todavía más intolerable” las pretensiones de Serna después de la política que ha practicado durante toda su legislatura. “Que precisamente este consejero, que se ha ensañado con la educación pública durante una legislatura completa a base de recortes, sea el que se atreve a manifestar que su salario es insuficiente y que tenemos que indemnizarle con 68.000 euros, resulta impresentable”, ha sostenido.

Por ello ha demandado al Gobierno en funciones que no “consienta el pago de ese finiquito”, y ha exigido que “bajo ninguna circunstancia se le finiquite con ningún tipo de indemnización”.

Indemnización en diferido

Mientras, el secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO, Javier Ramírez, ha mostrado su “más absoluta indignación” porque ha algunos consejeros “salientes” se “les concederá una indemnización diferida en compensación por los cuatro años de ejercicio de la política”. En el caso de Serna, esa cifra es el resultado de restar a los ingresos que habría recibido por continuar en la Universidad como vicerrector de los que ha percibido como consejero.

Ramírez ha censurado que “en todos los años de autonomía de Cantabria ningún consejero había tenido la cara dura de plantear este despropósito” y ha recordado que Serna comenzó su mandato “desviando” parte del presupuesto de la Consejería de Educación a un concierto educativo “afín a un colegio del Opus Dei que segrega a los alumnos por sexos”.

Derecho al complemento

Un comunicado firmado por Serna, Díaz y Santiago explica que los funcionarios reclaman el abono de los atrasos de sus retribuciones como altos cargos del Gobierno pues “como a todo funcionario público” que ejerce un alto cargo en la Administración cántabra la Disposición Adicional Décima de la Ley de Cantabria 10/1999, de 27 de diciembre de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria, la citada normativa les reconoce el derecho a un complemento mensual por la diferencia entre el sueldo de su puesto de origen como funcionario y su sueldo como alto cargo.

Este complemento “reconocido en idénticos términos en otras comunidades autónomas”, como en Andalucía, y que ha sido abonado a cuantos se han encontrado en idéntica situación y así lo han solicitado, no ha sido abonado a Serna, Díaz y Santiago, aseguran en su comunicado, en el que el que además niegan que exista “impedimento legal alguno” al cobro de los atrasos correspondientes, toda vez que las resoluciones favorables, con todos los informes preceptivos, les han sido debidamente notificadas.

Finalmente argumentan que, si no han existido reclamaciones inmediatamente anteriores, ha sido porque las retribuciones de los altos cargos del anterior Gobierno eran superiores a las del actual o porque no existían las circunstancias exigidas en la norma para su abono.

Decisión personal

A preguntas de los periodistas, el presidente en funciones de Cantabria, Ignacio Diego, ha declinado opinar sobre la compensación salarial que reclaman sus consejeros de Educación, Cultura y Deporte y de Presidencia y Justicia. “Es una decisión de carácter personal de ellos, yo simplemente la respeto, no opino al respecto”, ha señalado.

Serna y Díaz, así como el director general de Justicia, Ángel Santiago, reclaman la diferencia entre sus sueldos actuales con los que cobraban como funcionarios y lo hacen basándose en una normativa de 1999 que recogía que los funcionarios fijos que cobrasen menos como altos cargos que en su puesto de origen podían exigir la diferencia.

Diego ha indicado que la decisión sobre si los dos consejeros y el director general tienen o no derecho a cobrar esas compensaciones salariales “quedará sobre la mesa para que sea estudiada por el próximo Gobierno”, que previsiblemente estará formado por PRC y PSOE y liderará el regionalista Miguel Ángel Revilla. En este sentido, ha apuntado que los tres miembros del Gobierno del PP se están acogiendo a “un derecho que nace de una ley del año 1999”, una ley en la que, ha precisado, “participó el PRC en su aprobación” pero bajo mandato del expresidente 'popular' José Joaquín Martínez Sieso.

Cuestionado sobre su opinión personal sobre la reclamación que hacen estos tres cargos públicos, el todavía presidente ha señalado que su opinión “no tiene lugar” porque él no se encuentra en “esa situación”. “No tengo esa situación. A pesar de tener la condición de funcionario, no se da la circunstancia para que yo pudiera hacerlo”, ha dicho ante la insistencia de los periodistas sobre si él hubiera reclamado.

Diego ha asegurado que no ha hablado ni con Miguel Ángel Serna ni con Leticia Díaz sobre este asunto y ha enfatizado que, cuando les llamó a ambos para ocupar el cargo de consejeros, “no pusieron condición alguna”. “En absoluto”, ha apostillado. Según publica este martes El Diario Montañés, la suma de las reclamaciones de los dos consejeros y el director general asciende a 114.000 euros.

Así, Serna reclamaría unos 65.000 euros, que es lo que dejó de cobrar respecto a su anterior puesto como vicerrector de Relaciones Internacionales de la Universidad de Cantabria; unos 45.000 euros pediría el director general, antes fiscal coordinador; y Leticia Díaz reclamaría 4.000, diferencia salarial con su plaza como letrada de los Servicios Jurídicos del Ejecutivo regional.