Cantabria exigió a Medio Ambiente los informes que avalan la construcción de los espigones de La Magdalena
La ministra de Medio Ambiente, Isabel Tejerina (PP), tiene sobre la mesa de su despacho desde la semana pasada una carta remitida por la Consejería de Medio Rural, Pesca y Alimentación en la que el Gobierno de Cantabria exige la documentación que justifica la declaración de impacto ambiental para llevar a cabo la estabilización de las playas de La Magdalena y Los Peligros y en la que muestra sus dudas respecto a las consecuencias que podría tener este proyecto sobre las dunas de El Puntal y el estuario del Miera, una zona declarada Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) por la Unión Europea.
En la misiva, firmada por el director general de Medio Natural de Cantabria, Antonio Lucio, se reclaman los informes que permiten esta obra en la Bahía de Santander, a través de la construcción de espigones de escollera para que se genere una superficie de arena seca similar o superior a la existente, sin necesidad de las actuales aportaciones periódicas que compensen la pérdida continua por erosión, desoyendo las advertencias de distintos organismos públicos, que rechazaban una actuación “tan agresiva” en un entorno protegido por su alto valor ecológico.
Según explicó en el Pleno del Parlamento autonómico el consejero Jesús Oria (PRC), el Gobierno “no tiene constancia” de que se haya realizado el estudio “en profundidad” sobre la dinámica litoral y las posibles afecciones a los hábitats y especies de ese entorno, con los contenidos mínimos solicitados por la Administración regional en sendos informes emitidos en 2011 y 2013.
Por este motivo, su departamento ha demandado el envío “a la mayor brevedad posible” del expediente completo de la tramitación ambiental de dicho proyecto. Así, solicita los informes elaborados por el organismo promotor, la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar; otro de la Demarcación de Costas sobre las repercusiones sobre la dinámica litoral, o los trabajos realizados por el Órgano Ambiental del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX) sobre el impacto de los nuevos espigones.
El consejero remarcó que Costas respondió en noviembre de 2014 al Gobierno de Cantabria, entonces presidido por Ignacio Diego (PP), asegurando que “el efecto sobre la dinámica litoral no se extiende más allá del ámbito de la propia obra”, pero no hay constancia de que ese escrito, ni el informe del CEDEX de marzo de 2015, fueran remitidos al Ejecutivo regional para su análisis y consideración.
Batalla política
Ante esta situación, el Parlamento de Cantabria acordó, con el rechazo del PP, instar al Gobierno autonómico a recurrir la resolución favorable al estudio de impacto ambiental e impedir que el proyecto arranque “hasta contar con un estudio hidrodinámico específico” que descarte afecciones a las dunas de El Puntal y al estuario del Miera, algo que el diputado popular y el alcalde de Santander, Íñigo de la Serna, vio como un “espectáculo teatral” organizado por el PRC y Podemos con “intencionalidad política”.
De la Serna consideró que existe una “clarísima voluntad de paralizar la actuación” y lamentó que el Gobierno de Cantabria, integrado por el PRC y el PSOE, “no esté llevando a cabo o tramitando ninguna inversión” en la capital cántabra. Además, alertó de que este recurso puede suponer que la obra no se ejecute y la pérdida de la consignación presupuestaria que hay prevista para ejecutarlo.
En esta misma línea insistió durante el fin de semana la ministra de Medio Ambiente, que consideró que “el proyecto ofrece todas las garantías y cuenta con todos los estudios requeridos porque, de no ser así, la declaración de impacto ambiental no hubiera sido favorable, por lo que sería una pena que se bloqueara”.
Además, recalcó que “nosotros tenemos todos los estudios a disposición de la Administración de Cantabria y de quien los quiera consultar, pero no se nos han pedido” y aseguró que “en el Ministerio no tenemos ninguna petición de aclaraciones, ni de información complementaria por parte de la comunidad autónoma”, algo que se contradice con la petición formal realizada por la Consejería de Medio Natural el pasado jueves.
