Las supuestas firmas falsas en un proceso de adjudicación de becas en la Universidad de Cantabria (UC) en el año 2012 con las que se pretendía implicar en las últimas semanas al secretario general del PSOE de Santander y candidato a la Alcaldía, Pedro Casares, en un posible trato de favor a una persona de su entorno, tenían presuntamente como objetivo ser utilizadas por parte del denunciante en una “campaña de chantaje y extorsión” a diversos cargos de la institución académica a cambio de “beneficios personales” y mejoras en su actividad profesional.
Así se desprende de la grabación de la conversación completa, de cerca de hora y media, a la que ha tenido acceso eldiario.es, y en la que se puede escuchar el diálogo íntegro y sin cortes o alteraciones mantenido entre el catedrático y actual decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UC, Pablo Coto, con el profesor asociado Manuel Agüeros, el 18 de diciembre de 2015, en la que este último realiza una serie de peticiones a cambio de no provocar un escándalo mediático a través de una campaña de difamación como la que se ha producido finalmente.
El propio Agüeros, que presentó una denuncia en una comisaría de Santander el pasado 10 de diciembre de 2018, -seis años después de los supuestos hechos delictivos y solo unas horas antes de que OK Diario comenzara a publicar detalles sobre este asunto-, está señalado como principal sospechoso del envío masivo de una serie de anónimos amenazantes a distintas personalidades públicas de Cantabria que este pasado lunes reveló el rector de la UC, Ángel Pazos, según ha podido saber este periódico de fuentes policiales.
Estos escritos están fechados también el 10 de diciembre y se remitieron a los domicilios particulares o a los despachos profesionales del presidente autonómico, Miguel Ángel Revilla; la vicepresidenta regional, Eva Díaz Tezanos; la fiscal superior de Cantabria, Pilar Jiménez, o el jefe de la Policía Nacional, Héctor Moreno, además de a Casares y Coto, que son los acusados en un texto anónimo atribuido a “una funcionaria” que pide una actuación contra ellos a cambio de “parar las filtraciones” de audios obtenidos sin consentimiento de los protagonistas con micrófonos supuestamente instalados en la universidad pública.
De hecho, miembros de la Policía Nacional han realizado en los últimos días diferentes actuaciones encaminadas a reunir pruebas y recoger huellas, tanto de los sobres como de los escritos en los que se trasladaron esos anónimos, e investigan su redacción y procedencia en busca del autor o autores de los mismos ante la posible comisión de presuntos delitos de coacciones y amenazas.
En la conversación íntegra entre Coto y Agüeros, -de la que se habían filtrado solo algunos fragmentos editados o distorsionados hasta que eldiario.es accedió al audio completo-, el decano acusa directamente al profesor de “falsificar” su propia firma de manera intencionada, haciendo una rúbrica que no es la suya para intentar aprovechar esos documentos a posteriori a través de la “fabricación de pruebas” para su beneficio personal. Según esta versión, que Agüeros no niega en ningún momento, los documentos habrían estado varios años “en un cajón” a la espera de una ocasión para “coaccionar” y “chantajear” tanto a Coto como a Casares.
En esos audios, consultados por eldiario.es y que se pueden escuchar en esta misma información, Agüeros exige una serie de favores personales a cambio de su silencio. Según el relato de los hechos, primero pretende utilizar estas amenazas para no retrasar la fecha de presentación de su tesis doctoral o no realizar cambios en ella, según explica el decano y admite el profesor.
Posteriormente, Agüeros reclama más horas de clases para mejorar su sueldo, incorporarse al equipo de dirección del Máster en Comercio, Transportes y Comunicaciones Internacionales que imparte Casares en la UC, e incluso solicita una intermediación del líder socialista con José Carlos Gómez Sal, rector en aquellos momentos en la institución académica, para ratificar la plaza de catedrático del padre de un amigo.
Además, el decano insiste a Agüeros durante la conversación que la primera vez que llevó estas firmas ante él, en junio de 2015, tres años después de que se produjera la supuesta falsificación, fue con el objetivo de no cambiar ningún aspecto de los tres primeros capítulos de la tesis que Coto, como su director, le pedía. También reitera que ya entonces le pareció un “chantaje”, recordándole que los tiempos y contenidos de la tesis los marca el director:
Todas estas peticiones se enmarcan bajo la acusación de que se había contratado de manera irregular, a través de esas supuestas firmas falsas en un tribunal presidido por Coto e integrado por Casares y Agüeros, al economista Javier López, miembro a su vez del PSOE de Santander, una decisión que se tomó hace más de seis años, tres antes de las grabaciones. Se trata de la adjudicación de tres becas distintas para diferentes proyectos de investigación que se desarrollaron a lo largo de 2012, con una duración total de tres meses y una dotación económica mensual en torno a los 1.000 euros.
La Universidad de Cantabria abrió tras las primeras publicaciones, el pasado 11 de diciembre, un “expediente de información reservada” para esclarecer los hechos y las posibles responsabilidades derivadas de los mismos, investigación que “continúa abierta”, según ha afirmado el propio rector, a pesar de que las acusaciones forman parte de una “campaña de chantaje y amenazas”, según el mismo Pazos definió estas maniobras dirigidas a dañar la imagen del candidato a la Alcaldía por el PSOE y de diferentes miembros del claustro docente.
Precisamente, en otro momento de la conversación, Coto recrimina a Agüeros que acudiera junto a otra persona al despacho de Casares para “chantajearlo” también a él con estas supuestas firmas falsificadas, como advirtió a su superior el propio político socialista. Además de amenazar con acudir a la prensa si no satisfacían sus peticiones, pretendía que su silencio sirviese para conseguir clases en el máster y la mediación de Casares con el rector para que recibiera al padre de ese tercer asistente que acompañaba a Agüeros a la reunión.
En ese mismo fragmento de la conversación, Coto, como investigador principal y responsable de la selección y contratación posterior, reitera que tanto su firma como la de Casares son originales y que ninguno de los dos ha firmado por Agüeros:
La conversación entre Agüeros y Coto se produjo en diciembre de 2015, poco después de un encuentro de Agüeros con Casares en presencia de una tercera persona. Tras alertar Casares al decano de las intenciones de este, con presuntas amenazas incluidas, el jefe de ambos interviene y trata de reconducir o aclarar la situación, que estaba latente al menos desde la primavera de 2015, a las puertas de las elecciones autonómicas y municipales, cuando comienza la supuesta extorsión, según se refleja en el diálogo. Este encuentro de Coto y Agüeros llega tras meses sin comunicación entre ambos:
A lo largo de esa hora y media de conversación, Agüeros insiste en que se siente “marginado” y recalca que su sueldo en la Universidad de Cantabria como profesor asociado es “precario”. A su juicio, su situación laboral es “peor” que la del resto de compañeros del departamento, por lo que pide una equiparación:
Ante la negativa de Casares y Coto de aceptar su petición de impartir clases en el máster e incluirlo en el equipo directivo del mismo, a pesar de las amenazas veladas, y tras las reiteradas quejas de Agüeros, el decano recuerda a su interlocutor “varios encontronazos” y lo acusa de mantener un comportamiento “conflictivo”, que ha derivado en diversos enfrentamientos con otros profesores a lo largo del tiempo, motivo que Coto esgrime para no aceptar sus exigencias.
Anónimos amenazantes
En las últimas horas, y ante hechos similares, el rector ha admitido también que “la Universidad de Cantabria sufre desde el pasado mes de diciembre un proceso de amenaza y chantaje”, una situación que ha calificado de “máxima gravedad”, y ha explicado que estas “coacciones” tenían como objetivo la apertura de una investigación sobre esa supuesta contratación irregular en la que se relacionaba a Casares y Coto.
Además, Pazos ha confirmado que puso “inmediatamente” en manos de la justicia y de las autoridades policiales el anónimo que recibió en su casa y en el que se aseguraba que “se habían realizado diversas grabaciones” que afectaban al rector, para lo que “se habían colocado dispositivos permanentes de grabación” y que “estas grabaciones serían utilizadas como medida de coacción”.
En una comparecencia de urgencia, tras otros audios que pretendían implicar a Pazos y a miembros de su equipo de gobierno en la realización de prácticas irregulares en la adjudicación de plazas, el máximo responsable de la UC lamentó la “utilización política de la universidad” y afirmó que “el chantaje está en marcha”, en referencia a ese escrito que aconsejaba “investigar la larga lista de delitos que se desprenden de esos hechos” y, de no ser así, amenazaba con que “las filtraciones perdurarán en el tiempo y alcanzarán a personalidades que hasta el momento se creen inviolables”.
Audios manipulados
Tal y como demostró en exclusiva eldiario.es tras acceder a la conversación íntegra y sin cortes, los audios publicados en las últimas semanas en OK Diario han sido manipulados, editados, recortados y sacados de contexto con el objeto de inducir a la confusión e implicar al líder socialista Pedro Casares en una presunta trama a menos de seis meses de las elecciones municipales.
Por todo ello, el secretario general del PSOE de Santander y candidato a la Alcaldía de la ciudad ha anunciado la presentación de una demanda por la vulneración de su derecho al honor contra el medio de comunicación y contra todos aquellos que han contribuido a su “desprestigio” difundiendo “falsedades” sobre su vida personal, política y profesional a través de unas informaciones “falsas y desajustadas a la realidad”.