La resaca del Congreso Regional del PP de Cantabria está siendo tan dura como cabía esperar después del duro enfrentamiento que protagonizaron Ignacio Diego y María José Sáenz de Buruaga durante el proceso interno que se decantó por tan solo cuatro votos a favor de la candidata de Génova y hasta entonces número dos del partido durante más de una década.
El riesgo de escisión se ha convertido en una realidad palpable y la ruptura entre ambas facciones, que se han cruzado duros reproches personales durante los últimos dos meses, es pública y cada día más evidente. Las heridas, lejos de cicatrizar, están muy abiertas aún y la reconciliación parece lejana tras los movimientos que están llevando a cabo los partidarios del expresidente popular Ignacio Diego, que amenazan con llegar a los tribunales si no se investigan las “irregularidades” que vienen denunciando reiteradamente.
Este martes han ido un paso más allá y una delegación de estos militantes críticos se han desplazado en autobús hasta la capital de España para presentar en la sede nacional del partido cerca de un millar de firmas de afiliados descontentos con la forma en la que se gestionó el Congreso Regional, que exigen el nombramiento de una gestora y la suspensión cautelar de la nueva dirección del PP cántabro que encabeza Buruaga.
Joaquín Solanas, exdirector general de Cultura durante la pasada legislatura y que se presenta como portavoz de 70 alcaldes y cabezas de lista del PP en otros tantos municipios cántabros, ha estado acompañado en Madrid por unas 60 personas y ha sido el encargado de registrar el citado escrito aunque, no ha sido recibido por ningún responsable de la dirección nacional.
Entre los miembros del PP cántabro que han encabezado esta expedición estaban figuras destacadas como el diputado autonómico Santiago Recio y alcaldes como el de Potes, Javier Gómez; Alfoz de Lloredo, Enrique Bretones, y Santa María de Cayón, Gastón Gómez, además del exconsejero de Educación en el Gobierno de Ignacio Diego, Miguel Ángel Serna.
Pese a la intención de ser recibidos por algún alto cargo del Partido Popular a nivel nacional para tratar la complicada situación que vive la formación en la comunidad autónoma, no han conseguido su propósito y han sido informados en la puerta de Génova por parte de un miembro de seguridad, que les ha comunicado que no había nadie para atenderlos.
Sospechas de 'pucherazo'
El clima dentro del seno del PP cántabro es cada vez más tenso y la posibilidad de que se llegara a un acuerdo de mínimos tras la celebración del cónclave interno que acabó con el liderazgo de Diego está descartado. El expresidente logró una victoria clara en las primarias abiertas y fue derrocado en la votación de los compromisarios por un resultado tan justo que sus afines no dudan en calificarlo de “pucherazo”.
De hecho, en el escrito entregado esta mañana en Génova recuerdan que durante el proceso congresual de primarias los afiliados que se decantaron por Diego fueron 1.568, mientras Buruaga consiguió 1.414 apoyos. Sin embargo, recuerdan que en la votación de compromisarios Buruaga solo obtuvo 4 votos más que su contrincante, lo que les lleva a afirmar que se trata de una victoria “ilegítima”.
Entre las irregularidades que denuncian han destacado el pago de 491 cuotas de afiliados desde la cuenta corriente de un vecino del municipio de Laredo. “¿Cómo pudo conocer los nombres de 491 afiliados del PP de Cantabria? ¿Cómo pudo saber que no estaban al día en el pago de la cuota? ¿De dónde sacó los 9.000 euros necesarios? ¿Quién proporcionó una información protegida por la ley?”, se preguntan los partidarios de Ignacio Diego.
Por otro lado, también denuncian “la falta de transparencia y manipulación de las actas” por parte del Comité Organizador del Congreso Regional ya que, según ellos, “hubo modificaciones en las candidaturas a compromisarios fuera del periodo prescrito”.
Denuncias y bajas masivas
Este primer acercamiento a Génova -durante todo el proceso interno, los críticos acusaron a la dirección nacional de impulsar la candidatura de Buruaga- no será el único que hagan desde el sector que defendió la candidatura a la reelección de Diego, que espera seguir sumando apoyos entre los militantes que no comparten el rumbo que ha tomado el partido.
Durante una comparecencia ante los medios, Solanas ha insistido en que “de momento” están frenando las bajas masivas del PP que plantean algunos de estos afiliados, aunque no descarta que se produzcan si no se pone en marcha de manera inmediata una investigación que clarifique la limpieza del proceso.
En esta línea, el portavoz de esta plataforma de militantes ha señalado que la carta, que exige la apertura inmediata de una investigación, es un primer paso, pero ha avanzado que si esta investigación no se produce se acudirá a la vía judicial y, en última instancia, incluso se barajan abandonos del partido.
“No es una cuestión de quién ha ganado o perdido. Queremos un PP limpio, democrático, moderno y sin dudas sobre la legitimidad de sus responsables. Es incomprensible que una presidenta pueda seguir bajo la sombra de la duda”, ha afirmado Solanas.
Además, ha insistido en que los miembros del PP cántabro que han acudido a Génova para mostrar su rechazo “son el PP real, los que ponen la cara en los ayuntamientos y que hoy se ven desengañados por irregularidades, reconocidas, incluso, por la actual presidenta”, ha subrayado.
Silencio en Génova
A pesar de que ningún dirigente nacional ha recibido a la expedición cántabra, los críticos con Buruaga han registrado a su vez cuatro cartas dirigidas al presidente del PP, Mariano Rajoy; a la secretaria general, María Dolores de Cospedal; al coordinador general, Fernando Martínez Maillo, y al presidente del Comité de Garantías, Alfonso Fernández Mañueco.
Sin embargo, el PP no abordará hasta después de Semana Santa el escrito entregado este martes en Madrid por los partidarios del expresidente del partido en Cantabria. Así lo han confirmado a Europa Press fuentes de Génova, que de momento se han limitado a recordar que los resultados de los congresos regionales “se ratificaron” en el Comité Ejecutivo Nacional celebrado el 3 de abril.
Amenaza de represalias
Como respuesta a todos estos movimientos, la secretaria autonómica de los populares cántabros, María José González Revuelta, ha asegurado a través de un comunicado enviado a los medios que “quien no reconozca a la Dirección emanada del Congreso se situará al margen de los procedimientos democráticos internos y deberá responder de sus decisiones”.
“Lamentamos mucho que esta sea la respuesta de los seguidores de Ignacio Diego a la mano tendida de la presidenta y del Comité Ejecutivo Regional del Partido Popular de Cantabria”, ha declarado la número dos de Buruaga ante la presentación en la sede nacional de este escrito por parte de los partidarios del que fuera líder durante los últimos 13 años.
“Aunque todo el mundo está legitimado para recurrir o solicitar lo que estime procedente, no lo está para afirmar que, si no se atienden sus peticiones, se niega a reconocer la Dirección del partido salida del 12º Congreso. Esa es una actitud muy grave en cualquier afiliado, pero especialmente en el caso de los cargos públicos”, ha recalcado Revuelta.
Además, la secretaria autonómica ha aceptado el órdago de los críticos de acudir a los tribunales y ha amenazado con tomar represalias: “Si la respuesta de Ignacio Diego y sus partidarios a la oferta de mano tendida es tratar de destruir el partido como organización, que nadie dude de que actuaremos con la normativa y con toda la voluntad de impedir semejante desatino”, ha deslizado.
González Revuelta ha recordado también que “la primera resolución del nuevo Comité Ejecutivo fue la de abrir un periodo de reconciliación y comunicar a todos los afiliados la voluntad de unidad”, pero se ha mostrado sorprendida por “la persistencia en actitudes agresivas y destructivas, lo que supone para nosotros una decepción y nos obligará a dar nuevos pasos en la defensa de la cohesión del Partido Popular de Cantabria”.
A su juicio, diversos partidarios de Ignacio Diego con responsabilidades públicas relevantes no solo no admiten el resultado del Congreso Regional, sino que “se sitúan abiertamente en rebeldía, algo que ninguna organización puede pasar por alto”.
Ante este escenario, la secretaria autonómica ha emplazado a Ignacio Diego “a desautorizar estos movimientos de sus afines” y ha afirmado tener la impresión de que “el expresidente no ha aceptado verdaderamente el resultado del Congreso, porque si lo hubiera aceptado no se estaría produciendo este rechazo de sus partidarios al proceso de reconciliación”.