La prohibición del fracking queda fuera de la agenda legislativa del Gobierno

La redacción de una nueva norma que prohíba el uso de la fractura hidráulica en territorio autonómico no está dentro de los planes inmediatos del Gobierno de Cantabria, que considera que las modificaciones introducidas en el anteproyecto de la Ley del Suelo cierra las puertas al uso del fracking en suelo cántabro sin invadir las competencias del Estado, que consiguió declarar inconstitucional la regulación que se llevó a cabo en la pasada legislatura.

Al menos, esa es la postura que ha mantenido públicamente la vicepresidenta y consejera de Medio Ambiente, Eva Díaz Tezanos (PSOE), que es quien controla actualmente la política urbanística en el Ejecutivo que preside Miguel Ángel Revilla (PRC). Sus declaraciones sirven para marcar el terreno unas horas después de que los regionalistas presentaran una proposición en el Parlamento en la que se insta al Gobierno a responder a la “amenaza” de la fractura hidráulica.

Díaz Tezanos, que se ha mostrado muy rotunda al respecto, desmintiendo las informaciones que habían publicado algunos medios de comunicación, ha insistido en que el Gobierno de Cantabria “no tiene absolutamente nada encima de la mesa”, aunque, evidentemente, “se pondría a trabajar en ello si así se lo pide el Parlamento”.

De hecho, la vicepresidenta ha explicado, a preguntas de los periodistas, que el Ejecutivo no tiene sobre la mesa la redacción de otra ley antifracking y que así se desprende del programa legislativo para este año, que se aprobó el pasado 13 de enero, además de confirmar que “tampoco se ha tratado en el Consejo de Gobierno”.

De todas formas, Díaz Tezanos ha asegurado que “nunca va a estar en contra de legislar siempre y cuando dé seguridad jurídica y garantía jurídica a los ciudadanos de Cantabria”. Sobre la existencia o no de “resquicios legales” que permitan volver a prohibir el fracking por ley y conseguir que esta norma no sea anulada, la vicepresidenta considera que “eso es algo que tendrían que decir expertos jurídicos”.

“Lo que no le puede pasar al Gobierno o lo que no sería deseable es que del Parlamento de Cantabria saliera una ley que fuera recurrida por invadir competencias del Estado”, ha recalcado la vicepresidenta, que ha señalado que “hoy por hoy” la política energética del país “es competencia del Estado y no de la comunidad autónoma”.

Además, ha señalado que su partido, el PSOE, ha estado en contra del fracking, tanto cuando ha estado en la oposición como ahora en el Gobierno, y ha mostrado esta postura tanto en Cantabria como a nivel nacional, algo que, a su juicio, no ha hecho el PP. “Hay que tener un poco de coherencia”, ha subrayado.

Nueva regulación

Mientras, el Gobierno ha confirmado el cambio que realizará para agilizar al máximo el proyecto industrial que permitirá la reactivación de la mina de Reocín, una vez que ha surgido la posibilidad de extraer zinc de un subsuelo abandonado hace años.

Según precisa el Ejecutivo, esta norma abre la posibilidad de desarrollar actividad minera en el subsuelo de cualquier suelo rústico de Cantabria si es compatible con su protección y deja fuera de esa actividad los hidrocarburos líquidos y gaseosos.

Con esta norma se regulará por primera vez en la comunidad autónoma la posibilidad de que sean autorizadas en suelo rústico las actividades incluidas en el ámbito de la Ley de Minas, así como las construcciones, infraestructuras e instalaciones vinculadas a ella.

Podemos pide mayor control

Sobre la posible ley antifracking, desde Podemos han manifestado que apoyarían esta regulación “sin dudas” porque, a su juicio, “eso cerrará las puertas a cualquier otra reforma legislativa que pueda tener consecuencias indirectas para abrir la puerta a la explotación del fracking”.

La formación morada, que alertó hace unos días de las consecuencias de la “reforma exprés” que el Gobierno quiere llevar a cabo de la actual Ley del Suelo para impulsar el proyecto de las minas de Reocín, ha pedido que antes de debatir esa modificación de la actual normativa se apruebe la ley antifracking.