Padres y trabajadores de La Enseñanza proponen desbloquear el traslado segregando la tramitación urbanística en Corbán de la de Vía Cornelia

Padres de alumnos y trabajadores del colegio La Enseñanza de Santander han propuesto desbloquear el traslado del centro al barrio de Corbán segregando el actual convenio aprobado por el Ayuntamiento de la capital con una promotora para que se agilice la construcción de las nuevas instalaciones mientras que se obtiene el tiempo necesario para estudiar la modificación urbanística del actual espacio educativo situado en el centro de la ciudad, en la zona de Vía Cornelia. 

La asociación La Enseñanza Siglo XXI, que preside Ramón Meneses, y la presidenta de la Asociación de Familias de Alumnos (AFA) del colegio, Margot Pelayo, han informado este martes del registro en el Ayuntamiento de Santander de su propuesta para desbloquear el visto bueno del pleno a un proyecto urbanístico que lleva 11 años gestándose y que actualmente ha abierto una fisura política entre los dos socios del gobierno local: mientras el Partido Popular, con su alcaldesa al frente, Gema Igual, es partidario de aprobar ya la modificación conjunta para el traslado del colegio a Corbán, Ciudadanos, con el concejal de Urbanismo, Javier Ceruti, a la cabeza, es partidario de tomárselo con calma para que Santander obtenga mejores aprovechamientos públicos del actual emplazamiento en Vía Cornelia.

Esta situación de impasse que se abre genera temor entre familias, docentes y resto de trabajadores de la Compañía de María, propietaria del centro, ya que temen que si la situación no se desbloquea pronto el colegio acabe simplemente desapareciendo. En una comparecencia en que los representantes de la AFA y la asociación han estado acompañados de alumnos y padres, se ha indicado que están en riesgo las matriculaciones y la renovación del concierto educativo con el Gobierno de Cantabria en 2020 si no se opta por la solución salomónica que proponen: dividir y tramitar por separado ambos proyectos urbanísticos. “Una nueva demora podría ser la puntilla para un proyecto educativo”, ha asegurado Ramón Meneses en su comparecencia.

Desarrollo en dos fases

La propuesta de las familias es tramitar lo que ahora está previsto como un todo en dos tiempos o fases: seguir con los plazos para la construcción en Corbán y, mientras, revisar el espinoso asunto de los aprovechamientos públicos y privados que en Vía Cornelia obtengan el Ayuntamiento de Santander y la promotora Sidecan, respectivamente. El actual reparto no satisface al actual concejal de Urbanismo, Javier Ceruti (Cs), quien quiere retomar lo previsto y mejorar lo que obtenga el municipio de la operación.

“No debería haber obstáculo para que la primera modificación puntual, que permitiría agilizar al máximo la construcción del nuevo colegio, pudiese estar lista para su aprobación inicial en el pleno de septiembre, ya que se trataría simplemente de desgajar la documentación de esa zona de la modificación puntual ahora en trámite, y hacer una nueva memoria”, han asegurado padres y trabajadores del centro. “El resto de trámites, como alegaciones, informes sectoriales, etcétera, deberían resultar sencillos como para garantizar una tramitación ágil”, se recoge en el escrito formalizado en las últimas horas en el Consistorio.

Según sostienen, postergando paralelamente la tramitación de la reforma en Vía Cornelia se daría tiempo al equipo de gobierno a que revisara y negociara cambios, de tal modo que esta modificación estuviera lista y aprobada dentro de un año. Trabajar en estas dos líneas, a la vez pero separadas, no tendría que disuadir al promotor urbanístico, entienden padres y trabajadores.

“El retraso en la tramitación de la segunda modificación puntual permitiría a Ayuntamiento y titularidad estudiar si realmente hay alternativas mejores para la solución urbanística de la parcela de Vía Cornelia, pudiendo revisar el convenio de 2008 de mutuo acuerdo y plantear una nueva modificación puntual para este área”, señalan en el escrito.

La Asociación La Enseñanza Siglo XXI nunca ha sido partidaria de dirimir los trámites en público, pero la polémica de dos socios políticos enfrentados les ha llevado a salir a la palestra. Y lo han hecho desvinculándose totalmente de la promotora y los intereses de la dirección del centro, asegurando por el contrario que solo les mueve el mantenimiento del proyecto educativo de La Enseñanza.

Dicho proyecto educativo estuvo a punto de desaparecer en 2007 cuando la Compañía de María, propietaria del centro, anunció su cierre. La presión social hizo intervenir al Ayuntamiento, cuyo regidor entonces, Íñigo de la Serna (PP), impulsó el convenio que quedó atascado, primero al caer el Plan General de 2012 y después, con las elecciones municipales de mayo, cuando la modificación urbanística sobre el Plan de 1997 estaba en rampa de salida. Con un nuevo Consistorio, hay nuevos socios de gobierno, uno de los cuales, Ciudadanos, quiere repensar lo que está escrito.

Padres y trabajadores entienden que han sido utilizados por los partidos cuando todos apoyaron su reivindicación en campaña electoral y ahora algunos ponen peros. El proyecto urbanístico está bloqueado a día de hoy y la modificación puntual no irá al pleno de este jueves. Discrepan de que el edil de Ciudadanos se arrogue el “interés público” que esgrime para demorar la aprobación, ya que entienden que el interés público es cosa del Ayuntamiento en su conjunto, el cual impulsó el convenio, recuerdan. No aprobarlo ahora genera, a su juicio, inseguridad jurídica: el propio Ayuntamiento que impulsó el convenio se desvincula ahora de los trámites realizados por anteriores corporaciones.

Posibles indemnizaciones

Insisten en que tramitar la operación en dos fases permitiría mantener el interés de la promotora, que es la que financia aquella. Es la opinión de la Asociación. “Aun cuando administrativamente sean independientes (el trámite de las dos modificaciones puntuales que se proponen) es claro que económicamente no lo es, de modo que difícilmente la titularidad podrá iniciar la construcción del nuevo colegio sin antes tener garantizada la solución de esta parcela (por Vía Cornelia), cuyo desarrollo resulta inevitable para la financiación del coste de traslado de la actividad educativa”.

Indican en todo caso que, de no prosperar la operación urbanística, el Consistorio se arriesga a asumir “cuantiosas indemnizaciones”, ya que hay un convenio legalmente aprobado “al que el Ayuntamiento deberá dar cumplimiento”. Si a ello se añade la posibilidad futura del cierre del colegio si no prospera el traslado, la parcela, que apenas dista 300 metros de la Plaza del Ayuntamiento, acabaría convirtiéndose “en un problema para muchos años en el centro de la ciudad”.

Ceruti: “No me entusiasma lo que he visto”

Casi de manera simultánea, el concejal de Urbanismo se ha mostrado firme con su postura al respecto de este proyecto, asegurando que “en términos urbanísticos es mejorable”. “Es obvio que no me ha entusiasmado lo que he visto en el proyecto”, ha afirmado, haciendo hincapié en que “es muy mejorable a la hora de conseguir beneficios para la ciudad”. “Tengo la obligación legal y moral de defender el interés público”, ha señalado, apuntando que no haría falta modificar los parámetros urbanísticos, pero “sí el cómo se ejecutan”.

En este sentido, Ceruti ha desgranado lo que más le “choca” del proyecto. Y es que para el edil de Urbanismo, no es suficiente que de los 6.000 metros cuadrados de la plaza, solo 2.000 se destinen a los ciudadanos mientras que el resto vayan a ser de uso privado. “Además, es una plaza que está a diez o doce metros de altura respecto a la calle, la única por la que se ha previsto un acceso”, ha detallado. “Es una zona que va a estar acosada por los dos edificios, el actual y el que se haría, una plaza en sombra casi permanente. No veo el beneficio”, ha sentenciado. Sobre el nuevo edificio ha explicado que “no va a costar 200.000 euros, sino ”millones“. ”Va a ser un pozo sin fondo si queremos ponerlo como otro edificio de servicio municipal en toda su extensión“, ha valorado el concejal.

No obstante, ha puesto en valor el trabajo del Servicio de Urbanismo, que “consiguió mejorar” el proyecto inicial que a su juicio era “aberrante”. “Partiendo de ese proyecto lo han conseguido mejorar, pero el problema es por qué partimos de ese”, se ha cuestionado.

Además, Ceruti ha explicado que para llevar a cabo cualquier modificación puntual de un plan urbanístico hay que “argumentar muy sólidamente el interés público”. Para ello ha puesto como ejemplo una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria sobre la que, según ha dicho, hablará en el Pleno, que crea jurisprudencia en este aspecto. Se refiere a la modificación que en su día se hizo a Global Steel Wire, como ya indicó en una entrevista a este medio.

“La sentencia a la que hago referencia se refiere a un intento de modificación puntual en el que se fundamentaba el interés público en la necesidad de preservar los puestos de trabajo de una industria”, ha señalado. La sentencia, según ha afirmado, “es tan demoledora que nadie que tenga el más mínimo conocimiento jurídico puede pensar que sea prudente presentar a aprobación una modificación de un plan que después seguro que va a ser recurrida en los tribunales y que conforme a esa doctrina dictada en la sentencia le culparían sin la más mínima duda”.

Finalmente, Ceruti ha asegurado que “esta es una oportunidad extraordinaria para una zona de la ciudad acogotada por un urbanismo terrorífico que tiene ahora la posibilidad de respirar un poco si se hacen bien las cosas”.