El colectivo LGTBI+ en Cantabria ha vivido una jornada histórica este sábado. Santander ha acogido por primera vez una manifestación por las calles del centro de la ciudad, convocada con motivo de las fiestas del Orgullo, en la que cerca de un millar de personas con la bandera arco iris como protagonista han reivindicado sus derechos, han exigido la puesta en marcha de medidas efectivas para acabar con la homofobia y han protestado ante la inacción del Gobierno, que mantiene en el cajón desde hace más de un año una ley autonómica que supondría un gran salto.
Bajo el lema 'Conquistando la igualdad, transformando la sociedad' y convocada por la Asociación de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales de Cantabria (ALEGA), la manifestación ha sido el colofón a una semana de actos por toda la comunidad autónoma, con carácter lúdico y festivo en algunos casos, pero con un componente formativo y de reivindicación que ha invadido también a los asistentes a esta marcha, que han contado con su propia carroza y a los que ni siquiera la lluvia que hizo presencia en los primeros minutos ha restado fuerza.
Coreando consignas como '¡No desfilamos, nos manifestamos!', '¡La transexualidad no es una enfermedad!' o '¡Fuera los armarios de nuestros vecindarios!', el colectivo LGTBI+ de Cantabria ha marchado desde la Plaza de Numancia hasta los Jardines de Pereda, centro neurálgico de la fiesta del Orgullo 2018 en Santander, donde se han celebrado mesas redondas, conciertos, espectáculos, izado de la bandera y lugar en el que se han escuchado los discursos con los que ha concluido esta convocatoria.
La manifestación ha contado con la presencia de dirigentes políticos y miembros de varios partidos, que han tenido que escuchar cómo el colectivo ha criticado la falta de interés o de impulso que el Gobierno de Cantabria ha dado a la ley autonómica que recoge, por ejemplo, el derecho de los menores transexuales al tratamiento para bloqueo hormonal y al tratamiento hormonal cruzado fijado por el médico o estrategias de salud específicas para el colectivo LGTBI y la igualdad de acceso a tratamientos de reproducción asistida para mujeres lesbianas y bisexuales.
Este anteproyecto, con el que colaboró activamente ALEGA, se anunció hace más de un año como “un logro muy importante” y la “prueba de un compromiso para favorecer una sociedad tolerante y erradicar la discriminación por motivo de género y orientación sexual”. Sin embargo, y a pesar de que las previsiones del Ejecutivo que dirige Miguel Ángel Revilla (PRC) de que la norma estuviera en vigor casi de forma inmediata, sigue sin tramitarse ni aprobarse en el Parlamento.
Esta misma semana, en un acto convocado en la sede del Ejecutivo en Peña Herbosa, la vicepresidenta de Cantabria, Eva Díaz Tezanos (PSOE), transmitió “el apoyo a las reivindicaciones LGTBI y su compromiso público con la defensa de las libertades, el respeto a la libertad sexual y el rechazo a toda violencia y discriminación por motivos de orientación o identidad sexual”.
Tras esto, recordó que su departamento tiene previsto finalizar “próximamente” la tramitación de Ley de Garantía de Derechos de las Personas Lesbianas, Gais, Transexuales, Transgénero, Bisexuales e Intersexuales y No Discriminación por Razón de Orientación Sexual e Identidad de Género, y remitirla al Parlamento de Cantabria para ser aprobada “en el próximo periodo de sesiones con el apoyo de todos los grupos”, una promesa que lleva pendiente desde mayo del año 2017, cuando la propia vicepresidenta presentó la norma.
El borrador contemplaba una serie de medidas específicas en el ámbito educativo, sanitario y social, así como las obligaciones que adquirirán las administraciones públicas de Cantabria o el régimen sancionador, que varía desde las multas de hasta 1.000 euros para las infracciones leves a las multas de hasta 30.000 euros para las infracciones muy graves.
La ley, a lo largo de sus 64 artículos, recoge el derecho a la igualdad de trato y no discriminación de estas personas, y las políticas públicas que se llevarán a cabo para garantizar este derecho en el ámbito educativo, sanitario, social, laboral, en la cultura, el ocio, el turismo, el deporte, los medios de comunicación, en justicia, interior y en la asistencia a víctimas. Además, recoge los mecanismos para garantizar el derecho a la igualdad de las personas LGTBI, como es el derecho de admisión y el derecho a la protección y atención.