Santander lleva al Gobierno Revilla a los tribunales por el quebranto con la Caja por la anulación del Plan General

El Ayuntamiento de Santander va a llevar a los tribunales a los gobiernos central y de Cantabria, así como a la confederación Hidrográfica del Ebro, para resarcirse del quebranto que le ha supuesto la fallida operación de la residencia de Caja Cantabria en Cazoña, debido a la anulación del Plan General de 2012.

La decisión del Ayuntamiento ha contado con el voto en contra o la abstención de la oposición, excepto de Vox, que ha votado a favor junto a PP y Ciudadanos. El Gobierno de Cantabria ya había desestimado la reclamación patrimonial que le hacía Santander por la anulación del convenio urbanístico con Caja Cantabria, y ahora lo reclamará vía judicial. El equipo de gobierno PP-Cs, con apoyo de Vox, entiende que se ha producido un quebranto a Santander por algo de lo que la capital no es responsable: la anulación del Plan de 2012 motivada, según sentencia del Tribunal Supremo, por una deficiente evaluación ambiental por el Ejecutivo cántabro del bitrasvase del Ebro.

Socialistas, regionalistas y Unidas por Santander no entienden que se haya producido tal quebranto. Los siete millones de euros que el Ayuntamiento ingresó por la operación con la Caja han de ser restituidos, pero el equipo de gobierno no entiende que no haya quebranto por ello. En primer lugar porque el dinero ingresado inicialmente no se guardó en un cajón sino que financió obras por toda la ciudad, y ese dinero hay que detraerlo de los presupuestos estos años. Y además porque el Ayuntamiento de Santander deja de participar en las plusvalías de la operación inmobiliaria.

La decisión política se basa en un informe jurídico interno, alabado por todos los grupos. Los jurídicos municipales entienden que hay base para reclamar, independientemente de que, si no le sale el pleito a Santander como pretende, se enfrenta al riesgo de afrontar unas costas judiciales cuantiosas, ya que se calculan en función de la cantidad reclamada.

Finalmente, fue el concejal del PP César Díaz quien mentó la bicha que en el debate parecía sustraerse: los diferentes colores políticos entre el reclamante y los reclamados, máxime en un contexto de precampaña electoral. El concejal de Fomento ha responsabilizado a los socialistas, de quienes dependía Medio Ambiente entonces, de no haber hecho bien los deberes. Citando la sentencia del Supremo que anuló el Plan General, ha recordado que la evaluación ambiental se hizo “sin estar mínimamente motivada” y ser “ manifiestamente insuficiente”. Tumbado el Plan General, quedó anulado el convenio con la Caja y el Ayuntamiento está devolviendo los siete millones ya gastados en anualidades. “Ustedes no defienden los intereses de los santanderinos”, ha espetado el edil que precisamente fue el gran artífice del Plan General anulado.

Parque Industrial en Rucandial

Doce años se lleva hablando de la ubicación de un parque empresarial en Rucandial, enfrente del actual Parque Científico y Tecnológico, una iniciativa en la que ha sido su principal impulsor el PRC y que esta mañana ha obtenido el respaldo del plenario de la Corporación para demandar al Gobierno cántabro empezar a dar pasos en esa dirección. Este parque industrial se levantará sobre terrenos que en su totalidad son ahora propiedad privada por lo que, ya sea mediante un PSIR (Proyecto Singular de Interés Regional) o mediante otra figura urbanística, el Gobierno y el Ayuntamiento deberán hacerse primero con la titularidad del suelo.

Este parque tendrá un carácter innovador, ya que se pretende atraer iniciativas empresariales vinculadas al desarrollo del I+D+i, que es la razón de ser del PCTCan, cuya ampliación también se va a tratar con el Ejecutivo. No obstante, el PCTCan es un parque industrial que se ha desarrollado de manera 'sui generis', ya que actualmente alberga desde edificios oficiales del Gobierno de Cantabria y sus empresas hasta una Universidad. Este fue uno de los elementos criticados en el debate de esta mañana.

La iniciativa ha corrido a cargo de los regionalistas, cuyo portavoz, José María Fuentes-Pila, que ha aceptado una enmienda transaccional del Partido Popular por lo que los trámites ya no tienen que derivar necesariamente a través de un PSIR y puede realizarse a través del propio Plan General que se va a elaborar y que el equipo de gobierno quiere tener aprobado inicialmente al cierre de legislatura.

La moción ha sido aprobada por todos los partidos, excepto Unidas por Santander, cuyo portavoz Miguel Saro no ve un contenido real en la propuesta y se ha abstenido. A su juicio, habría de estudiarse si hay posibilidad de ubicar un parque en otros terrenos, evaluar el coste de los terrenos y recapacitar sobre la evolución y las expectativas de futuro del propio PCTCan.

Amortización de deuda: 11 millones

El Pleno dio su aprobación al pago de 11 millones de euros para la amortización anticipada de deuda, con cargo al superávit presupuestario de 2018, una decisión que ha contado con el voto a favor del equipo de gobierno y Vox, la abstención del PRC y el voto en contra de socialistas y Unidas por Santander. La amortización viene obligada legalmente ya que es uno de los destinos de todo remanente (dinero no gastado) es la amortización de deuda. Ello hará que la capital cierre este ejercicio con un nivel de deuda como no conocía en años: un 34% sobre el conjunto presupuestario (68 millones de euros).

Ello no ha sido suficiente para convencer a la oposición, sobre todo socialista. El portavoz Pedro Casares (PSOE) se mostró en contra de amortizar anticipadamente 10,3 millones de la deuda a Bankia, y 0,7 millones de créditos al Banco a Santander, que es lo que esta mañana se ha aprobado. Ha indicado que precisamente la existencia de remanente revela una deficiente ejecución presupuestaria, o “desastrosa” en palabras suyas. “Año tras año sobra dinero en el Ayuntamiento”, ha dicho el también candidato socialista al Congreso de los Diputados. “A los bancos hay que pagarles pero no de forma anticipada: hay otras prioridades”.

La alcaldesa Gema Igual ha negado la mayor, atribuyendo el superávit no a una mala gestión, sino al incremento de los ingresos por la concesión de licencias, por ejemplo, y ha juzgado sorprendente que se vote en contra de la amortización anticipada, toda vez que supone una rebaja en el pago de intereses crediticios, aparte del hecho de que es una obligación legal por la última regulación de los superávits municipales. Así lo han entendido los regionalistas que se han abstenido precisamente porque se trata de un requerimiento legal, aunque no por ello hayan dejado de criticar que se recurra a la deuda para enjugar la minoración de ingresos por las rebajas fiscales.

El Partido Popular no ha dejado pasar la ocasión para contrastar un Ayuntamiento “saneado” con el fuerte endeudamiento del Gobierno de Cantabria (PSOE-PRC). Víctor Huergo, responsable de Hacienda, ha cifrado en 300.000 euros el ahorro de intereses que se produce por la amortización de los 11 millones, una cantidad “que se puede destinar a políticas sociales”, dicho lo cual ha indicado que los más de 3.000 millones de euros de deuda regional están, incluso proporcionalmente, muy lejos de los 68 millones que tendrá Santander el 31 de diciembre. Cada santanderino, cuando den las 12 campanadas, deberá a los bancos 5.400 euros por la deuda del Gobierno de Cantabria y 868 euros por la municipal.

Una de cal y otra de arena para Vox

El edil de Vox, Guillermo Pérez-Cossío, ha conseguido que Santander instale un monumento o dedique una calle a la Constitución y otro u otra a la Hispanidad, pero no a la Reconciliación Nacional, tal y como pretendía. La moción de Vox fue modificada por una enmienda transaccional del Partido Popular, que le ha llevado a desistir de su pretensión de instalar un símbolo a la Reconciliación Nacional, a cambio de obtener el apoyo para símbolos a la Constitución y la Hispanidad.

El concejal de Vox también retiró la exposición de motivos para que se aprobara la moción en los términos que hacen referencia a símbolos para la Constitución y la Hispanidad. La resolución generaba menos problemas que la exposición de motivos en la que Vox criticaba la Ley de Memoria Histórica por pretender “dar un relato oficial” de la historia, “provocar crispación entre los españoles, distinguir ciudadanos de primera y de segunda, promover la censura y limitar la libertad de expresión”.

“Venimos a denunciar que crear una verdad oficial nos lleva a un poder totalitario en el que la disidencia no es un derecho sino una causa de persecución política, personal o profesional”, decía el texto, que concluía abogando por una “reconciliación nacional”.

Precisamente, ese texto es el que ha generado el debate porque, aunque la mayor parte de la Corporación estaba de acuerdo con las propuestas de resolución modificadas por el PP, no con ese relato de Vox, que desde el PSOE han tachado de “auténtica barbaridad” y desde el PRC lo han considerado “no sólo mentira sino falaz”.

Críticas ante las cuales tanto la concejala de Turismo, Miriam Díaz, que ha intervenido en este punto en lugar de la edil de Cultura, María Luisa Sanjuán, como la propia alcaldesa, Gema Igual, han tratado de hacer ver que lo que se votaba eran los dos compromisos y no el texto de la propuesta.

Finalmente, ha tenido que intervenir el secretario municipal para aclarar que se votaba todo y quedaría así reflejado en el acta y, ante el revuelto, el concejal de Vox ha alzado la voz para retirar la exposición de motivos: “Como no les gusta, pues retiro la exposición de motivos”, ha dicho. Eso ha hecho cambiar de postura al PRC, que ha apoyado la moción junto a PP, Cs y Vox, pero no lo ha PSOE y Unidas por Santander, que han votado en contra.