Por más que busco entre las declaraciones de intenciones de los principales partidos políticos de cara a las próximas elecciones municipales y autonómicas, no encuentro apenas referencias a medidas concretas contra el cambio climático, algo que, no solo me enfada, sino también me ofende como ciudadana cántabra.
Me enfada, porque mientras se llenan la boca con su compromiso ambiental en fotos y vídeos para medios y redes sociales, lo cierto es que hacer, hacen más bien poco. Y me ofende, infinitamente, porque no es que nos tomen por idiotas. Es que lo dan por hecho.
Hablemos, por ejemplo, de la actual Ley de Residuos, la LRSCEC, que marcó el 30 de junio de 2022 como fecha límite obligatoria para la implantación de la recogida separada de biorresiduos y su tratamiento diferenciado, en municipios de más de 5.000 habitantes, y el 31 de diciembre de 2023, para el resto. O sea, que vamos tarde y mal, pues en ninguna de las consideradas ciudades o grandes núcleos cántabros ni está, ni se la espera. Al menos hasta bien pasadas las próximas elecciones.
Una medida encaminada, precisamente, a reducir los residuos domésticos urbanos, más que los rurales, responsables del 5% del total de emisiones de Gases de Efecto Invernadero de todo el país. Cifra que no por pequeña es menos importante, más bien al contrario, pues son los más fácilmente alcanzables, sobre todo, en el ámbito autonómico.
En una comunidad como la nuestra, con pocas urbes que, además, son de tamaño pequeño y mediano, la recogida selectiva de la orgánica no requiere grandes inversiones ni un complejo proyecto de implantación. No mayores, al menos, de las que ya de por sí se hacen en la gestión de residuos (22,7 millones de euros en Santander y 20 en Camargo, por ejemplo, son las cuantías de las adjudicaciones en litigio).
Hasta la fecha, el único intento ha sido el programa piloto que llevó a cabo la empresa pública MARE el año pasado, para implantarlo en 11 de los 72 municipios cántabros en los que tiene cedida la gestión de residuos. Lástima que, de estos 11, tan solo tres de ellos (Los Corrales de Buelna, Reocín y Cartes) superen los 5.000 habitantes.
En vez de priorizar su implantación donde más urgente es y menos costosa puede resultar, se llevó a cabo una absurda prueba, donde menos falta hace y más rechazo generan las políticas de reciclaje. No hace falta ser Marie Curie para entender que la dispersión de los pequeños núcleos rurales y la elevada edad de gran parte de sus habitantes hace que la recogida selectiva de residuos genere, además de más costes derivados de su mayor complejidad técnica, bastante resistencia entre sus habitantes.
Las dinámicas del entorno rural hacen que, en él, hoy convivan hábitos ancestrales de reciclaje y reaprovechamiento de unos, que favorecen una convivencia equilibrada con el medio, con el más recalcitrante especismo de otros, que entienden la naturaleza y sus recursos como objetos de su propiedad, susceptibles de ser explotados y esquilmados. Por lo tanto, repito, no le encuentro mucho sentido a querer introducir el reciclaje orgánico donde menos se necesita, más se rechaza y más costoso resulta.
Sin embargo, en ciudades como Santander, Torrelavega, Castro Urdiales, Camargo, Laredo o Santoña, por citar las más pobladas, apenas se habla del tema. Tras años de una política de gestión privada de los residuos, basada única y exclusivamente en licitaciones adjudicadas a la oferta más económica sin importar la calidad de la misma, resulta complicado desmontar un esquema ampliamente asentado en muchas corporaciones municipales.
En Santander, la basura ha centrado (y lo sigue haciendo) gran parte del debate municipal durante esta legislatura. De hecho, se da la paradójica situación de que, el mismo partido que gobernaba el Ayuntamiento cuando, en 2013, adjudicó el contrato de basuras a la empresa Ascan-Geaser bajo un pliego de mínimos, se ha visto obligado a rescindírselo de forma unilateral y a enfrentarse en los tribunales ante la pésima calidad del servicio, incluso en el caso histórico y turístico de la ciudad. Tras dos años de contrato temporal por la vía de urgencia con un nuevo contratista, el nuevo pliego presentado el pasado mes de febrero llega no exento de polémicas pero, al menos, contempla la recogida de los biorresiduos una vez adjudicado.
En Torrelavega, donde la gestión de residuos recae en la empresa municipal Aguas de Torrelavega, increíblemente existe la recogida a domicilio del textil mientras que la de biorresiduos “avanza”, pero muy lentamente, si tenemos en cuenta que las últimas declaraciones al respecto de Pedro Pérez Noriega, concejal responsable del Servicio de Recogida de Residuos y Limpieza Viaria de la ciudad, datan de 2021; tampoco resulta alentador que ni siquiera se mencione su implantación en el plan estratégico de la ciudad hasta 2026.
Y en Camargo, situación parecida a la de Santander: un año de retraso en la adjudicación del nuevo contrato de basuras y parece que va para largo… el equipo municipal sigue enzarzado en una disputa sin fin. El contrato tramitado en 2022 y rechazado por el Pleno una vez adjudicado, ha generado varios enfrentamientos entre el equipo de Gobierno y la oposición, e incluso entre los integrantes del propio equipo de gobierno de coalición PSOE-PRC.
Así podría seguir, pero si este es el panorama de la recogida separada de la materia orgánica en las tres poblaciones más habitadas del territorio, creo que pueden hacerse una idea de cómo está el resto.
El capitalismo verde y el maná de fondos europeos que lo sustenta han hecho que nuestros políticos se apunten al greenwashing mediático que construye su relato: lo importante es parecer que haces, para poder seguir sin hacer nada.
Y seguir sin hacer nada respecto a la recogida selectiva de la materia orgánica es demostrar que, en la práctica, a nuestros gobernantes no les importa seguir generando metano, uno de los principales gases de efecto invernadero, con su depósito en vertederos junto al resto de residuos domésticos.
Es no luchar para frenar la contaminación de suelos, cauces y acuíferos que también generan los lixiviados orgánicos que pasan de los vertederos al subsuelo y alcanzan la capa freática.
Es no querer producir el abono orgánico o compost, el mejor fertilizante para el suelo y un excelente nutriente para las plantas, o incluso el polémico biogás (que merece artículo aparte), que se obtiene tras su tratamiento diferenciado.
¿Y qué tienen en común nuestros residuos, con la producción de gas o de fertilizantes? Que bajo el actual modelo de privatización de los servicios públicos, todos son objeto de jugosos contratos para las empresas que viven de licitaciones públicas.
Parece ser que son el electorado que importa. Al resto, nos toman por idiotas.
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Primera Página es la sección de opinión de eldiario.es Cantabria. En este espacio caben las opiniones y noticias de todos los ángulos y prismas de una sociedad compleja e interesante. Opinión, bien diferenciada de la información, para conocer las claves de un presente que está en continuo cambio.
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