Políticas amnésicas, sociedad con memoria

Las leyes y las políticas públicas en España y en Cantabria son lo más parecido a objetos arrojadizos creados —casi siempre— para lanzarlos al contrario antes que para construir una sociedad democrática sana. Claro, tuvimos una buena escuela. Después de 40 años de dictadura centrada en “de lo mío qué” y en asfixiar —ora con violencia, ora con legislación— las voces y las iniciativas contrarias, y de una Transición de pactos tácticos, de silencios explícitos y de olvidos acordados, sería difícil imaginar una política actual construida sobre la diversidad y entendida como un espacio para el respeto y los acuerdos —tan diferentes a los pactos—.

Al Partido Popular de Cantabria le faltó tiempo y le sobró lenguaje envenenado una vez que regresó al poder para derogar la Ley de Memoria Histórica y Democrática autonómica, que consideraba un despropósito —o, quizá, un insulto a la memoria de los propios—. El Partido Socialista reaccionó —y reacciona— ofendido y escandalizado ante el atropello del poder que va en contra de cualquier enfoque de derechos humanos y de respeto a las víctimas.

Ambos partidos son cómplices de las políticas amnésicas que nos han traído hasta aquí. Han sido 47 años de gobiernos 'democráticos' que han pasado de puntillas sobre los débiles cimientos de una sociedad que ha aprendido a soportar el hedor del olvido, la presencia fantasmagórica de decenas de miles de víctimas de una guerra pero, ante todo, de una posguerra y de una dictadura, que claman porque se les devuelva el nombre, la memoria, la historia.

Cierto es que el PSOE ha impulsado dos leyes estatales —que han tenido poco recorrido— y una autonómica en el caso de Cantabria que apenas superó su enunciado y aprobación, pero siempre se ha hecho tarde y a medio gas, casi como pidiendo perdón por un melón que debió abrir en 1982 y ahora utilizando la memoria histórica como herramienta táctica política, no como palanca de cambio social democrático.

Hurtada la historia propia a un pueblo, la identidad del mismo está cercenada. Somos irremediablemente lo que hemos sido, pero si no conocemos esa historia, ese pretérito que nos constituye, caminamos sobre arenas movedizas, sobre un tejido de lo innombrable que nos impide mirarnos al espejo con dignidad

Hurtada la historia propia a un pueblo, la identidad del mismo está cercenada. Somos irremediablemente lo que hemos sido, pero si no conocemos esa historia, ese pretérito que nos constituye, caminamos sobre arenas movedizas, sobre un tejido de lo innombrable que nos impide mirarnos al espejo con dignidad. A las víctimas no hay que devolverles la dignidad, ellas la defendieron hasta entregar la vida, la dignidad hay que devolverla a la sociedad actual, a la que no se conoce ni se reconoce en una historia vaciada del horror para así tratar de engañar a la conciencia.

Vivimos, además, en una inflación de actos simbólicos de reparación y sufrimos un déficit brutal de verdad, de justicia —¿justicia?— y de generar las garantías necesarias de no repetición que, hoy más que nunca, no es descartable. En este tiempo de “narrativas” hay mucho discurso y muy pocos hechos ejemplarizantes, por ejemplo, desde el órgano judicial.

La buena noticia es que una parte significativa —aunque no mayoritaria— de la sociedad no pierde la memoria. Las asociaciones memorialistas de Cantabria —trabajando cada vez de manera más colaborativa—, así como colectivos y agrupaciones diversas, no han dejado de construir memoria histórica y de defender los derechos de las víctimas sin ley o con ley. Ahora que el Gobierno nacional impugna ante el Constitucional la derogación de la ley autonómica y los silencios y los desfiles se suceden ante la indiferencia general, será la sociedad civil organizada la que seguirá trabajando consciente de que los derechos se ejercen, haya o no haya un marco legal adecuado y efectivo.