Nydia Erika Bautista desapareció de forma forzosa el 30 de agosto de 1987 en Colombia y sus restos fueron encontrados tres años después con claras señales de tortura y violencia sexual. Su caso nunca ha sido investigado a fondo por las autoridades de su país pese a los reiterados intentos de la familia, que se dedica a la denuncia y la reivindicación desde el mismo día de su asesinato. Las amenazas, las persecuciones y el exilio han sido una constante en la vida de Andrea Torres Bautista, sobrina de la desaparecida y abogada especialista en derechos humanos.
Durante las últimas semanas, Brigadas Internacionales de Paz acompañan a esta activista en su paso por España, que le ha llevado a ciudades como Madrid, San Sebastián, Bilbao, Vitoria o Santander para dar a conocer el trabajo de la Fundación Nydia Erika Bautista en el contexto de las conversaciones de paz en Colombia. “Cuando el presidente Santos viene a España trata de demostrar que el proceso de paz va para adelante, que está siendo exitoso, pero es todo muy cuestionable: no hay paz, sigue habiendo un conflicto y hay grupos que ejercen la violencia y no respetan los derechos humanos”, asegura convencida.
Y es que el paso de Andrea Torres Bautista por nuestro país ha coincidido con el viaje oficial del máximo mandatario colombiano, para el que no escatima críticas: “El estado sigue en la negación absoluta. Su intención es conseguir un clima de absoluta impunidad”. De hecho, opina que la posición de España en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas puede ser “clave” para que la Corte Penal Internacional no investigue el conflicto, tal y como defiende Juan Manuel Santos. Su argumento es que cualquier intervención externa puede hacer fracasar las negociaciones que se están llevando a cabo en La Habana.
Sin embargo, las líneas rojas de Andrea Torres Bautista están claras. “El derecho a la verdad es irrenunciable. Todas las partes tienen que reconocer su culpa ante las víctimas. Esto es también una garantía de no repetición. Tienen que ponerse sanciones mínimas y ejemplarizantes. La construcción de la memoria, para que las generaciones futuras sepan lo que ocurrió allí, es fundamental. Y lo más preocupante es la cuestión de la impunidad. Necesitamos el acceso a la justicia real y efectiva, que no se ampare a los miembros de la fuerza pública o a las organizaciones al margen de la ley que han violado los derechos humanos. No es tanto la indemnización, porque ni las víctimas ni sus familiares quieren dinero”, subraya.
En una conversación con eldiario.es Cantabria antes de partir hacia Alemania y Suiza, sus próximos destinos, explica que la Fundación que fundó su madre como homenaje a su tía acompaña a cerca de 200 familias y da asistencia a cerca de 180 casos de desaparición forzada. “Aquí estamos visibilizando los casos de las desapariciones forzosas en Colombia, que es un fenómeno que persiste y que no ha parado de sucederse desde hace más de 30 años”.
Porque aquí está una de las claves de su lucha. En pleno proceso de paz, la violencia está lejos de desaparecer. Siguen reproduciéndose estas desapariciones y crímenes de lesa humanidad. En 2014 se registraron 93 de hombres y 33 de mujeres. “Hablar de que todo va perfecto es engañar a la comunidad internacional a cambio de cooperación”, insiste. Según sus estimaciones, casi el 95% de los casos están rodeados de una “total impunidad” y no hay sentencias contra los responsables.
Son unas cifras complicadas de comprobar, porque no existe siquiera un registro unificado. Uno de los problemas más graves en Colombia con respecto a los desaparecidos es que se manejan distintos datos dentro de las instituciones del estado y “no hay voluntad política” para explicar la magnitud real del conflicto. La Fiscalía General de la Nación registra 69.000 personas, el Registro Nacional de Desaparecidos habla de 21.000 y la Unidad de Atención y Reparación a las Víctimas contabiliza unos 44.000 casos. “Eso demuestra que no hay una articulación y una coordinación entre las instituciones. Al no decir las cifras, no se puede entender la dimensión de este grave delito y cómo ha sido masivo, sistemático y generalizado durante muchísimos años”, dice la abogada.
El rol de las víctimas
Dos miembros de la Fundación Nydia Erika Bautista han participado en las conversaciones de paz que se están llevando a cabo en Cuba y Andrea Torres Bautista se muestra “muy desilusionada” con los avances. Llevaron dos propuestas construidas “en consenso” con el resto de organizaciones que trabajan en la reparación de las víctimas. Tienen que ver con el marco de la Comisión de la Verdad y con la creación de un mecanismo de verificación para la búsqueda de las personas desaparecidas, teniendo en cuenta que en Colombia no hay una institución que se dedique a buscar a los desaparecidos. “También hay una gran cantidad de cuerpos no identificados que no han sido sometidos a ningún cotejo para entregarlos a sus familiares”, lamenta la activista.
Después de haber viajado hasta allí y de haber tenido cierto protagonismo en La Habana, algo que califica de “hito histórico”, denuncia el poco interés del presidente Santos para atender a sus reivindicaciones. “Eso demuestra su falta de voluntad para que el proceso de paz sea participativo y cuente con las víctimas, que son las que han sufrido. Parece que la paz se está negociando entre las cúpulas, por lo que las víctimas se sienten utilizadas, porque no han sido tenidas en cuenta”, sentencia.
En este sentido, recalca que el presidente de su país estuvo en España junto al exmandatario César Gaviria, que defendió que se deben extender los “beneficios de impunidad” no solo a los empresarios y financiadores de la guerra, sino a las fuerzas militares. “Se crea todo un velo para justificar que todo lo que hicieron fue por defender el orden jurídico. Creemos y pensamos que, aunque en el marco de un proceso de paz hay que hacer concesiones, debe haber penas aunque sean mínimas. En el trato con las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado que han cometido graves delitos no puede haber una asimetría. Hay una docena de iniciativas del Gobierno para ampliar el fuero militar. Lo único que pretende es la impunidad total para aquellos agentes del estado que participaron en violaciones de los derechos humanos”, explica.
A esta preocupación se unen las “persecuciones y amenazas” que están sufriendo los defensores de los derechos humanos en Colombia. Como ejemplo puntual, Andrea Torres Bautista habla de su madre, que recibió tres panfletos con amenazas de muerte de parte de los grupos paramilitares tras participar en la mesa de La Habana. Ella no fue la única. Se hizo lo mismo con otras 93 personas.
También, en un debate público, el expresidente Uribe la señaló como una “guerrillera no desmovilizada”. Pese a que estas acciones se denunciaron, las investigaciones fueron archivadas. Esto muestra, en su opinión, la “falta de respeto” y las “segundas intenciones” de personas que se encuentran en lugares públicos como el Senado de la República, que ponen en peligro la vida de los activistas. “La desprotección por parte del estado colombiano es total”, concluye resignada.