El Gobierno se queda solo en defensa de sus planes para el CAD de Sierrallana

El Gobierno de Cantabria, integrado por regionalistas y socialistas, impregnó a toda su acción política desde el primer día de legislatura un tinte social con el que querían reivindicar la recuperación de los servicios públicos, maltratados durante la etapa del PP al frente del Ejecutivo autonómico, y presentarse como una opción distinta a la que lideró Ignacio Diego durante sus cuatro años de mandato.

Ese perfil cercano a las necesidades sociales de los ciudadanos, que se dejó notar en la redacción de planes específicos para combatir la pobreza y las consecuencias más evidentes de la crisis económicas, está sufriendo un duro revés en las últimas semanas con la aparición de un conflicto que PSOE y PRC tratan de sortear sin éxito: las constantes denuncias de “privatización encubierta” del Centro de Atención a la Dependencia (CAD) de Sierrallana.

Y es que el traslado de los residentes de esta instalación sanitaria ha puesto de acuerdo a familiares, trabajadores, sindicatos y a la oposición en pleno, que este mismo lunes dejó en minoría al Gobierno bipartito en el pleno del Parlamento de Cantabria en una moción que reclamaba, precisamente, la defensa del centro y el mantenimiento de los pacientes.

Costes variables

Según los datos que ha aportado el Ejecutivo, la decisión de trasladar a esos usuarios a un centro privado durante las obras previstas costará casi 382.000 euros. Esta es la estimación que el bipartito ha facilitado en una respuesta parlamentaria a Podemos, uno de los partidos más activos en defensa de las posiciones de los trabajadores y usuarios.

Para realizar este cálculo, el Ejecutivo explica que el coste estimado de las plazas concertadas en otra institución durante 18 meses se ha calculado en más de 623.000 euros. Sin embargo, de esa cifra resta casi 242.000 euros de costes asociados a las plazas en el CAD Sierrallana, como manutención, lavandería, luz o agua, que, al no estar ocupadas por los residentes, no se van a efectuar, con lo que quedarían los casi 382.000 euros estimados.

Polémico traslado

Ante este escenario, los trabajadores del Centro de Atención a la Dependencia de Sierrallana, junto a delegados del comité de empresa y la junta de personal del Gobierno de Cantabria, se concentraron hace unos días frente a la sede del Ejecutivo para denunciar la supuesta “privatización encubierta” que creen que esconde el trasladado de residentes  a la Fundación Asilo de Torrelavega.

Para los empleados del CAD, que son más de 170, aunque desde el Gobierno y el Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS) se justifique ese traslado en la aplicación de un tratamiento contra una plaga de termitas y la posterior ejecución de unas obras y aseguren que es temporal, “no sabemos si después volverán” y, de no ser así, auguran “un recorte de plantilla”.

El departamento que dirige la vicepresidenta, Eva Díaz Tezanos, trata de explicar mientras tanto, con escaso éxito, que el plan funcional futuro para el CAD de Sierrallana se va a diseñar basado en la implantación del “modelo de planificación y atención centrada en la persona”.

Así, se señala que el número de usuarios se planifica “alrededor de los 100 residentes”, en habitaciones individuales y dobles donde el diseño de las áreas y espacios comunes “facilitará la prestación de todos los servicios necesarios” y además garantiza que la plantilla, en todo caso, “no bajará de la actual”.

“Nos dicen que el traslado es para que no haya aglomeración de residentes en los módulos, pero nosotros creemos que no es la solución”, enfatizan los trabajadores, que han señalado en sus últimas movilizaciones que el CAD cuenta con algo más de 90 usuarios cuando su capacidad es para 120, por lo que “no se encuentra al completo”.

Cambio de modelo

Respecto de la viabilidad del centro, el Ejecutivo ha asegurado que “no contempla la introducción de criterios economicistas para determinar la viabilidad de los centros públicos de servicios sociales y en especial de atención a la Dependencia”, una crítica que mantuvieron en el pasado pleno tanto Podemos como PP o Ciudadanos, que a pesar de haberse convertido en socio preferente del bipartito votó en contra en la última sesión.

A pesar de que el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, se comprometió en una reciente reunión con los representantes de la plantilla a estudiar la situación y realizar una visita al centro para conocer sus problemas, los sindicatos mantienen la jornada de huelga prevista para este jueves 15 de junio.