Suspendido hasta noviembre el juicio contra Jaime Botín, acusado de contrabando de un 'Picasso'

El Juzgado de lo Penal número 27 ha suspendido hasta el mes de noviembre el juicio que se iba a celebrar este lunes contra el banquero Jaime Botín, acusado de un delito de contrabando de bienes culturales por haber intentado sacar de España el cuadro de Pablo Picasso 'Cabeza de mujer joven', pintado de 1906 y valorado en 26 millones de euros, sin la autorización pertinente.

Así, según han explicado fuentes jurídicas, la magistrada instructora del caso, Elena González Bayón, ha aplazado temporalmente el juicio por “cuestiones procesales” tras reunirse con el Ministerio Fiscal, la acusación particular y las defensas.

En esta ocasión, la defensa ha pedido la realización del juicio, mientras que el Ministerio Fiscal ha solicitado la suspensión temporal hasta los primeros días de noviembre, que finalmente ha sido concedida. Ahora, deberá fijarse una fecha concreta para la vista oral.

Asimismo, este aplazamiento se debe a cuestiones procesales y de agenda, tal y como ha señalado la magistrada, quien ha asegurado que la defensa por su parte se ha pronunciado a favor de la celebración del juicio. Sin embargo, se ha decretado la suspensión temporal.

Según el escrito del Ministerio Fiscal presentado al Juzgado de Instrucción número 4 de Pozuelo de Alarcón, Botín, propietario de la obra original, la tenía en su casa situada en la urbanización de Somosaguas y se puso en contacto con la empresa Christie's, especializada en la subasta de obras de arte, “con el fin de vender a través de la misma” la pintura en una subasta programada para el mes de febrero de 2013 en Londres.

El fiscal ha explicado que el personal de Christie's le informó de que, dada la antigüedad de la obra, debía pedir autorización al Ministerio de Cultural para su exportación. Este permiso, explica, era “necesario al tratarse de un bien perteneciente al Patrimonio Histórico Español, dado su evidente interés histórico-artístico” y por tener una antigüedad superior a los cien años.

Por ello, el 5 de diciembre de 2012 el acusado “autorizó de su puño y letra” a la casa de subastas que presentara y gestionara la licencia de exportación con posibilidad de venta, como dueño de pleno dominio de la obra ante el Ministerio de Cultura.

Tras la solicitud, la Junta de Calificación, Valoración y Exportación de Bienes del Patrimonio Histórico Español, organismo consultivo del Ministerio, se reunió el 13 de diciembre y propuso por unanimidad la denegación de la exportación solicitada y la declaración de inexportabilidad, “por no existir obra semejante en territorio español”.

Así, el director general de Bellas Artes dictó una resolución denegando la solicitud y el Ministerio, además, emitió una orden declarando la inexportabilidad del cuadro como medida cautelar hasta la pertinente declaración de Bien de Interés Cultural, notificándolo tanto a Christie's como al acusado en enero de 2013.

El fiscal apuntó que Botín “plenamente consciente de la total y patente prohibición administrativa” trasladó el cuadro a un yate de su propiedad atracado en el puerto de Valencia con la finalidad de sacarlo ilícitamente de España.

Fue en junio de 2015 cuando el Servicio Fiscal de la Guardia Civil realizó una inspección en el buque y al solicitar al capitán una declaración de los bienes que estaban a bordo no lo incluyó en la lista.

El Juzgado instructor acordó en un auto de agosto de 2015 el aseguramiento del cuadro como medida cautelar y por otro lado, emitir reconocimiento necesario para que el cuadro fuese trasladado a España.

El 10 de agosto la autoridad judicial de Bastia autorizó la entrega de la obra a la Guardia Civil, que trasladó el cuadro al Museo Nacional Reina Sofía, donde quedó a disposición judicial.

Por estos hechos, Botín se enfrenta a una pena de cuatro años de prisión, con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, junto a una multa de 100 millones de euros y en caso de impago, la responsabilidad subsidiaria de seis meses de privación de libertad.