Archivada la causa por supuesta falsificación de firmas en la UC en la contratación de un allegado de Casares

El Juzgado de Instrucción número 3 de Santander ha acordado el sobreseimiento provisional y archivo de la causa abierta por la supuesta falsificación de firmas en una contratación de la Universidad de Cantabria (UC) hecha en 2012 a un allegado del líder del PSOE de la capital cántabra, Pedro Casares.

Así lo han confirmado a Europa Press fuentes jurídicas, que han señalado que en el auto del juzgado, dictado el pasado 20 de diciembre, se acuerda el archivo de la causa debido a la inexistencia de pruebas que permitan determinar la autoría de las firmas supuestamente falsificadas, no existiendo datos suficientes que permitan determinar la identidad de los posibles responsables.

Estas mismas fuentes han aclarado que la supuesta firma falsificada era la del profesor de la Facultad de Económicas y Empresariales de la Universidad de Cantabria Manuel Agüeros, miembro del tribunal seleccionador en esta contratación, del que también formó parte el propio Casares y el ahora decano de la Facultad, Pablo Coto.

La causa fue abierta a raíz de la denuncia presentada el 10 de diciembre, sobre las 22.00 horas, en la comisaría de Policía de la calle José Ramón López Dóriga (en los aledaños de la plaza Cañadío) en la que se aludía a la existencia de unos hechos presuntamente delictivos relacionados con esta contratación pero sin que se acusara directamente a nadie.

Al día siguiente de la denuncia, OK Diario publicó una información titulada 'El número 1 del PSOE en Santander contrató a su pareja en la Universidad de Cantabria con firmas falsificadas', una acusación contra él que el propio Casares desmintió y aseguró ser “absolutamente falsa”.

El miércoles 26 de diciembre, en rueda de prensa, Casares anunció también que presentaría una demanda contra este medio de comunicación dirigido por Eduardo Inda por vulneración de su derecho al honor y contra todos aquellos que han contribuido a su desprestigio difundiendo “falsedades” sobre su vida personal, política y profesional a través de una informaciones “falsas y desajustadas a la realidad”.

En relación a la denuncia que provocó la apertura de esta causa, Casares aclaró que en ella no se le acusaba a él sino que se le menciona, al igual que a otra personas, como “conocedor” de los hechos como miembros del tribunal seleccionador de la persona que se iba a contratar.

En cuanto a la contratación en sí, Casares aclaró que la persona a la que se contrató fue la que obtuvo “la mejor puntuación” en el proceso y fue “el único que cumplía con los requisitos exigidos”, que además eran “públicos” y los “habituales” que se piden. “No ha habido convocatoria a medida ni financiación a medida”, dijo. También aclaró que el contrato en cuestión no estaba financiado con dinero público.