El Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid ha archivado la causa en la que investigaba a ex cargos de la Consejería de Sanidad de la Comunidad, entre ellos el ex gerente del Hospital Valdecilla de Santander y secretario de Sanidad en el Comité Ejecutivo del PP de Cantabria, César Pascual, por un delito de prevaricación administrativa en el concurso sobre el transporte de ambulancias del SUMMA.
Así consta en un auto, al que ha tenido acceso eldiario.es, en el que el juez acuerda el sobreseimiento del proceso penal asumiendo los argumentos esgrimidos en un escrito del pasado 15 de enero por la Fiscalía para solicitar su archivo.
Fue una de las licitadoras del concurso la que presentó la querella penal por el concurso, porque consideraba que se había prevaricado al adjudicar el servicio de traslado de pacientes en ambulancia a otra empresa.
La querellante incidía en que el retraso en el pago de sus servicios la colocó en una situación “de asfixia económica”, lo que le obligó a renunciar al contrato para cuya adjudicación había sido propuesta.
En la resolución, el instructor subraya que de las diligencias se concluye “de manera clara” que esta empresa fue requerida para que presentara un plan de viabilidad tras ser propuesta como adjudicataria del servicio y nunca lo hizo. “Este plan no se presentó”, ha dicho.
La magistrada subraya que hay argumentos que desmontan la versión de los hechos de la querellante, y señala que no se ha probado que los investigados intervinieran para retrasar los pagos o provocar dilaciones. También dice que las pruebas desmienten que esa empresa estuviera en mala situación económica.
En la causa declararon como investigados el ex viceconsejero de Sanidad Manuel Molina; el ex director general de Coordinación de la Asistencia Sanitaria de la Consejería, César Pascual; el ex secretario técnico de la Mesa de Contratación del Concurso Luis Javier Fernández; y el ex director de Gestión del SUMMA Santiago Cortes.
César Pascual ocupó el cargo de gerente del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla durante el anterior Gobierno regional presidido por Ignacio Diego (PP) bajo las órdenes de la entonces vicepresidenta y consejera de Sanidad, María José Sáenz de Buruaga, y fue uno de los artífices del contrato público-privado que el Ejecutivo adjudicó a Ferrovial y Siec por un valor de unos 900 millones de euros a cambio de concluir las obras de la tercera fase y de la gestión de 40 servicios durante los próximos 20 años.