La gestión administrativa y contable del anterior alcalde de Astillero, Carlos Cortina (PP), vuelve a estar en entredicho. En esta ocasión, por el pago de algo más de 66.000 euros a cuatro policías locales por un plus de productividad que no está justificado ni fue aprobado por el órgano competente -el Pleno municipal-, sino que se realizó “de forma arbitraria”, lo que podría ser constitutivo de un delito de prevaricación.
Así lo hacen constar el secretario municipal y el interventor en sendos informes a los que ha tenido acceso eldiario.es Cantabria, realizados a petición del nuevo equipo de Gobierno (PRC-PSOE) a raíz de que otros dos policías hayan solicitado estos complementos salariales por comparación con sus compañeros.
En junio de 2008, el Ayuntamiento aprobó con carácter transitorio, mientras se implantaba la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), una productividad para el personal del Consistorio. Dicha resolución fue “superada” y “soslayada” por “acuerdos verbales” entre el exalcalde y una parte de la representación sindical de la Policía Local, quienes en 2011 pactaron un sobresueldo anual de 3.305 euros para cuatro oficiales del Cuerpo.
Estas negociaciones no constan por escrito ni se elevaron al Pleno para que, según marca la ley, se estableciera los criterios y la regulación de estos pagos. Tampoco se requirió el preceptivo informe de intervención. El alcalde simplemente se limitó a consignar los créditos anuales a este fin.
Así, el secretario municipal señala en su informe que los incrementos retributivos de estos cuatro cabos de la Policía carecen de una valoración objetiva y de justificación y no fueron ni fiscalizados ni regulados por el Pleno, por lo que asegura que se trata de suplementos salariales “ilegales”.
En este sentido, recuerda que para autorizar una retribución especial es necesario determinar las características de los puestos, hacer una valoración, especificar la actividad extraordinaria a realizar y el interés y motivación de la decisión, unos trámites que Cortina se pasó por alto.
Además, destaca que en un caso similar y a través de “multitud” de informes ya había advertido al exalcalde que ese procedimiento era ilegal. También el interventor había hecho lo propio formulando reparos. “No puede pues, alegarse desconocimiento alguno en esta materia por parte de los órganos de gobierno”, afirma el funcionario.
En consecuencia de todo ello, el interventor sostiene que el Ayuntamiento debe denegar la petición de los dos agentes y paralizar y suspender el pago de los sobresueldos a los cuatro oficiales, mientras que el secretario municipal va más allá y apunta que podría tratarse de un delito de prevaricación. Por ello, insta al nuevo equipo de Gobierno a poner los hechos en conocimiento del Ministerio Fiscal.
“Al margen del proceso reglado”
Ante estas notas de reparo, el nuevo equipo de Gobierno ha paralizado “de forma inmediata” el abono de esas productividades para las cuales “no se siguió la tramitación oportuna”, según explica en declaraciones a este diario el actual alcalde, Francisco Ortiz.
“No ha sido ordenado por ningún órgano, no es un acuerdo plenario, no hay decreto de alcaldía ni una resolución de Junta de Gobierno, es decir, no hay nada formalmente. Fue un acuerdo al margen de cualquier informe jurídico y de cualquier tipo de informe del servicio de intervención. Eso es lo más grave de todo”, subraya el regidor municipal.
De este modo, los socios de gobierno han optado por paralizar “de forma inmediata” el pago de esas retribuciones y por no abrir ningún proceso negociador para el abono de productividades especiales a ninguno de los servicios municipales, ya que el Ayuntamiento se encuentra inmerso en la contratación de una empresa que elabore el análisis y la valoración de los puestos de trabajo, un proceso administrativo que esperan cerrar “en los próximos días”.
En esta línea, Ortiz subraya que el equipo de Gobierno “no comparte en absoluto los modus operandi” del anterior gobierno municipal. “Nosotros huimos desde el primer momento de los acuerdos verbales, al margen de todo procedimiento reglado, como tiene que ser”, sostiene.
Nuevo varapalo
Los informes del secretario y del interventor suponen un nuevo varapalo para Cortina, que se encuentra actualmente imputado por un posible delito de prevaricación y tráfico de influencias por supuestas irregularidades en la contratación de la hermana de una trabajadora municipal, a la que en 2007 encargó, precisamente, elaborar la Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento. Una tarea que no concluyó a pesar de percibir casi 100.000 euros.
Cortina ha sido alcalde de Astillero entre los años 2006 y 2015. En las últimas elecciones municipales celebradas en mayo de ese año, la candidatura del PP perdió casi 20 puntos porcentuales de apoyo y con ello la mayoría absoluta, lo que propició un pacto de gobierno entre regionalistas y socialistas.
Este diario ha intentado recabar la versión de los hechos del exalcalde popular aunque no ha sido posible al no obtener respuesta por parte del Gabinete de Prensa de su partido.