Sin solucionar aún la polémica de los proyectos eólicos de los Valles Pasiegos y otras zonas medioambientalmente sensibles, Cantabria ha vuelto a aventurarse en el desarrollo de las energías renovables aunque esta vez de la mano de las plantas de biogás. Estas industrias, que se dedican a transformar desechos orgánicos como los purines del ganado o los restos de la industria alimentaria en gas renovable están generando rechazo social allí donde han comenzado a avanzar en su tramitación, creando coordinadoras contra la planta e incluso convocando concentraciones y protestas.
Este es el caso de Cabezón de la Sal y Arenas de Iguña, dos municipios cántabros que a mediados y finales de agosto respectivamente conocieron unos proyectos que, tal y como cuentan los portavoces de las plataformas de afectados, llevaban fraguándose desde años atrás. “En Cabezón la planificación arrancó en 2016, pero hasta que no salió publicado en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) hubo silencio total”, argumenta indignado Jesús Vélez, representante de la Coordinadora contra la planta de Biogás en el municipio.
Por su parte, Alfonso Ibáñez, el portavoz de la agrupación del Valle de Iguña, también denuncia el “oscurantismo” que ha rodeado a “un proyecto de tal magnitud y que podría cambiar tanto la forma de vida de los vecinos”: “Lo que han presentado tiene muchísimas carencias. Hemos consultado con expertos que incluso han participado en las charlas informativas que hemos dado en el pueblo y tiene patinazos enormes, empezando porque la industria quiere colocarse a 400 metros del corazón del pueblo”, asevera.
Pero, ¿cuáles son las pegas del biogás? Ambos vecinos revelan que lo más llamativo es el “hedor” que emiten estas plantas que pueden llegar a alcanzar un radio de siete kilómetros. No obstante, ninguno de los proyectos cuenta aún con el visto bueno medioambiental (en el caso de Arenas de Iguña hay un arroyo cercano que desemboca en el río Besaya, del que beben agua unas 80.000 personas de la comarca) ya que, además de perjudicar a la fauna y a la flora, requiere de unos estándares muy precisos para evitar contaminaciones accidentales o por filtraciones.
De igual forma, tanto Vélez como Ibáñez denuncian que a pesar de que “vendan” las plantas de biogás como 'verdes', también se generaría otro tipo de contaminación mucho más directa que la comentada anteriormente. Las empresas encargadas de las plantas, que han participado en las charlas informativas organizadas por las coordinadoras, han destacado que los proyectos serán de economía circular. No obstante, habría que obtener toneladas de purín (unas 100 en el caso de Cabezón y unas 160 en el de Iguña) para que esta industria que no puede parar tenga 'alimento' que convertir en biogás.
“Aquí hemos visto que no hay plan para obtener esos residuos diarios sin contaminar. De hecho, tendrían que tener un radio de unos 50 kilómetros de recogida en camiones de alto tonelaje para ir recorriendo en las pocas ganaderías intensivas que hay en Cantabria. Si la idea es minimizar la huella de carbono, tener camiones en tránsito durante todo el día, y todos los días, no es una solución”, indica Ibáñez.
En el otro lado, Vélez reivindica que una planta de biogás “no es ponerla y echarla a andar” y señala que la clave para resolver este problema pasaría por tener acuerdos con los ganaderos o que incluso ellos participasen en el proyecto: “La cuestión es que hemos preguntado a la empresa y no nos saben contestar porque todavía no lo han debido pensar”, ironiza.
Además, en el caso del Valle de Iguña se daría un fenómeno extra: el de respirar los gases contaminantes durante más tiempo debido a que por su orografía se formaría una especie de “cúpula” que almacenaría las partículas en suspensión provenientes de la planta. “Van a sacrificar muchos territorios y este es uno de ellos. Pertenecemos a la España vaciada y están contribuyendo a que siga vaciándose porque todos los alojamientos rurales, restaurantes, la gente que viene a visitarnos... ¿Seguirán viniendo cuando no se pueda ni respirar? Los vecinos tendrán que cerrar sus negocios e irse”, relata.
Precisamente, el riesgo de que la despoblación aumente es otra de las variables que están tratando desde estas plataformas para evitar que el mal menor se convierta en mayor y a pesar de que en el caso de Cabezón la población está más estabilizada que en Iguña, el hecho de que el hedor pueda alcanzar tantos kilómetros a la redonda, que es algo que depende de la climatología y del viento, afectaría seriamente a la hostelería y el comercio, dos de las principales vías de ingresos de este municipio.
De momento, estos dos territorios, que son los más avanzados en cuanto a tramitación pública junto a Hazas de Cesto, Renedo de Piélagos, Soba y Ribamontán al Mar han iniciado todas las vías posibles para parar estas posibles plantas que también cuestionan desde colectivos como Ecologistas en Acción. A pesar de que la planta de Cabezón ya está paralizada después de declarar nula la licencia ambiental presentada por la empresa, esta lo ha recurrido y aún no se conoce respuesta, estos municipios se aferran a que los plazos para hacer una obra de esta envergadura son muy extensos por la burocracia que hay que atender.
Entre tanto, además de presentar las alegaciones pertinentes, han registrado una solicitud ante la Mesa del Parlamento de Cantabria para promover una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que abra un debate en la Cámara “y que obligue a legislar convenientemente” sobre estas plantas antes de que la burbuja se empiece a hinchar.
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