La inminente llegada del PP al Gobierno de Cantabria tendrá consecuencias muy evidentes a tenor de lo que ha manifestado este partido durante su labor de oposición respecto a las normativas que ha sacado adelante el bipartito PRC–PSOE durante las dos últimas legislaturas. Y es que sobre las leyes del Suelo, de Vivienda –que no completó el trámite parlamentario– o de Memoria Histórica, los populares han expresado posiciones abiertamente contrarias al contenido de las mismas, asegurando además que las modificarían o directamente derogarían si lograban alcanzar el poder tras las elecciones autonómicas.
Y el resultado del 28M fue contundente y claro en ese sentido. María José Sáenz de Buruaga (PP) será la próxima presidenta de Cantabria, aunque como a su formación le faltaron tres escaños para llegar a la mayoría absoluta tendrá varios escenarios posibles para formar gobierno: en solitario –con la abstención en la investidura del PRC de Miguel Ángel Revilla–, el que a día de hoy cuenta con más papeletas, o con el apoyo interno o externo de Vox, que si bien puede no ser necesario para la investidura, sí que está en disposición de utilizarlo a lo largo de los próximos cuatro años cuando la aritmética parlamentaria lo requiera.
En cualquier caso, y aunque la influencia de la extrema derecha arrastraría al PP a posiciones más ultras –en materia de derechos LGTBI, por ejemplo, sobre cuya normativa autonómica los de Santiago Abascal votaron en contra–, lo cierto es que los populares han enarbolado discursos alejados de la moderación durante estos cuatro años sobre algunos temas que ahora, al frente del Ejecutivo, podrán poner en práctica.
En concreto, sobre la Ley de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Cantabria, comúnmente conocida como Ley del Suelo, aprobada hace casi un año, el PP se posicionó en contra reclamando que no se dieran “pasos atrás” en la modificación aprobada en 2012, cuando esta formación gobernaba con mayoría absoluta, sobre construcción de viviendas unifamiliares en suelo rústico.
Este fue un punto muy polémico durante el debate parlamentario, que desató tensión política y cuyo resultado plasmado en el documento final que salió adelante con el apoyo favorable de PRC–PSOE y Ciudadanos no convenció a los grupos conservacionistas como ARCA, que tachó la norma de “involutiva e insostenible”.
Y es que la ley permite construir en terreno rústico de toda Cantabria durante los dos años posteriores a su aprobación y, posteriormente, esa posibilidad se limitará a los municipios de menos de 5.000 habitantes. Además, la norma establece que en aquellos entre 5.000 y 10.000 solo podrá haber áreas de desarrollo rural para aquellos núcleos que no superen actualmente las 250 viviendas y fija como distancia máxima para ejecutar estas viviendas en una corola a 100 metros del núcleo, en lugar de los 200 que estableció el PP para la mayoría de los municipios.
Los populares defendieron su modelo, que en la práctica supone liberalizar más el suelo rústico: “No queremos que haya pasos atrás en ese sentido. No queremos que se rebaje la distancia máxima de 200 a 100 metros, ni queremos que solo sea de aplicación en municipios con menos de 5.000 habitantes”, manifestó el portavoz del PP, Íñigo Fernández.
En materia de vivienda, y aunque el proyecto de ley aprobado el pasado mes de diciembre por el Consejo de Gobierno quedó en el cajón por falta de tiempo para superar la tramitación parlamentaria, el PP expresó su postura contraria a movilizar vivienda vacía de grandes propietarios para facilitar el acceso a la misma mediante alquileres asequibles.
Era una de las medidas que contemplaba el texto, que ponía el foco en la “función social” de este derecho fundamental y en el tratamiento de situaciones “anómalas” que supongan el incumplimiento de esta función, pudiendo declarar la inhabitabilidad o la expropiación por este motivo.
Al respecto, el PP calificó el proyecto de ley de “sectario”, de “extrema izquierda” y de “proteger al okupa frente al propietario”, siguiendo la estrategia nacional de los líderes de la derecha y de la extrema derecha de poner el bulo de la 'okupación' en el centro del debate político.
Otra de las leyes que decaerá con el nuevo Gobierno será la de Memoria Histórica, que salió adelante a finales de 2021 con los votos en contra de PP, Ciudadanos y Vox. La normativa, que los populares anunciaron que derogarían cuando llegasen al Ejecutivo, tiene como objetivo ofrecer “justicia, verdad y reparación a las víctimas” de un régimen fascista del que todavía siguen las heridas abiertas, con medidas como la exhumación de 91 fosas o la búsqueda de un millar de represaliados del bando republicano durante la Guerra Civil y el franquismo.
Para el PP, colaborar con las asociaciones de víctimas supone “regar” a las de “un bando”. Y es que, en un ejercicio de revisionismo, equipara a vencedores y vencidos y a golpistas con represaliados, señalando que lo contrario es “adoctrinamiento” y “establecer víctimas de primera y de segunda”, según su posición en el debate parlamentario.
A estos ejemplos de lo que serán algunas de las políticas que aplicará el nuevo Gobierno de Buruaga hay que añadir su firme postura de extraer al lobo del Listado de Especies Protegidas (LESPRE) o su “bajada masiva de impuestos” anunciada a bombo y platillo, cuya receta supone en la práctica beneficios fiscales para los más ricos y prácticamente ningún ahorro para los trabajadores con menos ingresos.
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