El Gobierno cántabro del PP prepara una regulación para las exhumaciones tras derogar la Ley de Memoria con Vox

Menos de un mes después de haber tumbado con Vox la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Cantabria, el Gobierno de María José Sáenz de Buruaga (PP) ha iniciado los trámites para elaborar un decreto regulador de las exhumaciones de víctimas, con el objetivo de dar cumplimiento a la normativa estatal, toda vez que la autonómica quedó revocada por voluntad de un PP en minoría que se sirvió del apoyo de la extrema derecha para llevarlo a cabo, entre críticas de las asociaciones memorialistas.

Así, la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte del Gobierno de Cantabria que dirige Luis Martínez Abad (PP) ha sacado este viernes a consulta pública en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) la elaboración del citado decreto. El objetivo, según detalla el texto, es regular las exhumaciones en la comunidad autónoma a través de la Ley de Patrimonio Cultural de Cantabria, en relación con la normativa de patrimonio arqueológico y paleontológico.

En la resolución, el Gobierno cántabro justifica la elaboración de este decreto en la necesidad de “garantizar la mayor seguridad jurídica y evitar indefiniciones competenciales con la legislación estatal”. “Se entiende que resulta preciso contar con una norma reglamentaria que regule a nivel autonómico los procedimientos de exhumación de víctimas”, señala el Ejecutivo del PP tras precisamente haber suprimido la normativa que regulaba estos trabajos.

Ahora, el Gobierno de Buruaga asegura que con este decreto busca “contribuir a aumentar la seguridad jurídica y garantizar el derecho de las familias a recibir el apoyo, asesoramiento y asistencia precisos por parte de la administración en los trámites relacionados con las exhumaciones de víctimas, así como en la identificación, localización y, en su caso, recuperación de los restos de las personas represaliadas”.

La consulta para recabar opiniones en el procedimiento de información pública se llevará a cabo a través del la web del Gobierno de Cantabria durante el plazo de 10 días hábiles a contar desde este sábado, día siguiente a la publicación de la resolución en el BOC.

Las opiniones deberán realizarse por escrito y se dirigirán a la Dirección General de Cultura y Patrimonio Histórico de Cantabria, ubicada en la Biblioteca Central de Cantabria y también se podrán presentar a través del registro. Además, podrán presentarse las alegaciones a través del Portal de Transparencia.