La Comisión Europea investiga al Gobierno de Cantabria por conceder a Solvay una prórroga para usar mercurio

El Gobierno de Cantabria se ha buscado numerosos y poderosos enemigos tras conceder, de forma provisional, una prórroga de dos años a la empresa química Solvay, ubicada en Torrelavega, para producir cloro a través de la tecnología de mercurio, una técnica que la Unión Europea ha prohibido emplear a partir de diciembre de este año.

A las advertencias hechas la semana pasada por las principales empresas de la competencia, que en un comunicado conjunto anunciaron que de mantenerse el permiso acudirían a los tribunales, se suma la investigación abierta por la propia Comisión Europea, quien ha sido alertada por Ecologistas en Acción.

Esta asociación ha remitido este jueves a los medios de comunicación una carta firmada por el director general de Medio Ambiente de la Comisión, Daniel Calleja, en la que este deja claro que dicha prórroga “estaría en contra” del artículo 21 de la Directiva Europea. En la misiva, Calleja también indica que desde su departamento están “actualmente investigando este asunto con las autoridades españolas”.

La Generalitat catalana ya se interesó por la posibilidad de poder conceder una demora a las fábricas afectadas en su comunidad autónoma. Sin embargo, la Comisión Europea recordó al gobierno catalán que la prohibición del uso de mercurio para la producción de cloro fue publicada en diciembre de 2013, otorgando un plazo de cuatro años para realizar el cambio de tecnología -hasta el 11 de diciembre de 2017-.

Por ello, desde el organismo europeo sostienen que, llegada esta fecha, “las instalaciones afectadas no pueden alegar su desconocimiento de la prohibicción de seguir usando celdas de mercurio” y, por lo tanto, se muestra contrario a autorizar nuevas prórrogas.

En este sentido, añade que desde el Gobierno de España confirmaron a la Comisión en abril de 2015 que las fábricas “habían recibido instrucciones expresas para que, llegado el 11 de diciembre de 2017, hayan procedido al cese total de las emisiones de mercurio en sus plantas de producción de cloro, las cuales deberán haber sido desmanteladas con arreglo” a la directiva.

“Responsabilidades penales”

Junto a la misiva, Ecologistas en Acción ha enviado a los medios las alegaciones que esta asociación ha presentado contra la prórroga, que aun no ha sido aprobada de forma definitiva, y ha advertido qa los responsables del Gobierno que, en caso de confirmarse, podría conllevar “responsabilidades penales”.

Los ecologistas han denunciado que la técnica de celdas de mercurio para la producción de cloro, como la que continúa utilizando la fábrica de Solvay, es “sumamente contaminante” y es cuestionada “desde hace al menos 20 años” y, por ello, “su desaparición viene siendo largamente anunciada”.

Así, para esta asociación, “Solvay no puede sostener el argumento de falta de tiempo para poder llevar a cabo la transición a la moderna técnica de membrana, más limpia y eficiente, cuando es fruto únicamente de su imprevisión, consecuencia del endeble compromiso con el futuro de su factoría de Torrelavega y su más que cuestionable compromiso con el medio ambiente”.

Además, han detallado que la nueva tecnología de membrana ocuparía una nueva ubicación y el proceso de desmantelamiento y descontaminación de las actuales instalaciones llevará aparejado un tiempo superior a dos años.

Por último, han criticado que la Consejería de Medio Ambiente está “perdida y arriconado” en una “macroconsejería” -junto con los departamentos de Universidades, Investigación y Política Social, que dirije la vicepresidenta Eva Díaz Tezanos-, lo que le hace a su juicio mantener “un perfil bajo con notable apalancamiento y claro desinterés”.

40 empleos afectados

En la producción de cloro de las instalaciones de Solvay en Torrelavega trabajan actualmente unas 40 personas, que en caso de no alcanzar una solución se verían abocadas a un Expediente de Extinción de Empleo (ERE).

Esta división fue vendida por Solvay a la multinacional portuguesa CUF a finales del año pasado, con la condición de que los nuevos propietarios tuvieran un periodo extra a la limitación marcada por la Comisión Europea para adaptar las instalaciones, lo cual conlleva una inversión de unos 40 millones de euros y un tiempo aproximado de años.