Los investigados, mujeres según sus DNIs, también amenazaron a la abogada del agredido, un socio con el que hubo “desavenencias” e intentaron una negociación “ventajosa”
SANTANDER, 13 (EUROPA PRESS)
Los dos encarcelados hace tres semanas por haber contratado a un sicario para que matara a otro hombre -y que al ingresar en El Dueso se comprobó que en sus documentos de identidad figuraba que eran de sexo femenino- amenazaron a un juez de Santander para que archivara la querella criminal que había interpuesto contra ellos la víctima, que sufrió graves lesiones.
En concreto, los investigados remitieron al domicilio particular del magistrado en cuestión sendos escritos amenazándole si no archivaba el procedimiento, según figura en el auto de prisión, al que ha tenido acceso Europa Press.
Fue dictado el pasado 22 de marzo por el titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Santander, en funciones de guardia esa semana, y a cuya disposición habían pasado tres detenidos en Santander, en el marco de una instrucción iniciada meses antes por un Juzgado de Madrid y desde donde se desplazó un grupo especializado de la Policía Nacional con motivo de los arrestos.
El juez cántabro decretó prisión provisional, comunicada y sin fianza para dos de ellos, M.A.V.E. y J.J.T.V. -de nombres y apariencia de varón, aunque en sus DNIs figura que son mujeres-, como presuntos autores de delitos de tentativa de homicidio, lesiones graves, obstrucción a la justicia y amenazas, entre otros.
Además, acordó libertad provisional con obligación de comparecer semanalmente en el Juzgado para el tercer implicado. Los tres quedaron a disposición del Juzgado de Instrucción número 30 de Madrid, que sigue el procedimiento por los citados delitos y que decretó el secreto de las actuaciones.
GRAVES LESIONES Y AMENAZAS
El magistrado de Santander explica en el auto de prisión que las diligencias en cuestión se acordaron en base a un atestado policial fechado el 19 de marzo, por la supuesta comisión de un delito de lesiones graves y dos de amenazas graves.
De las pesquisas practicadas se desprende que los dos encarcelados tenían un negocio inmobiliario con otra persona de Madrid con la que surgieron “desavenencias”. Y para solucionarlas, intentaron una negociación “ventajosa”, que no fue aceptada, por lo que acordaron con un tercero una agresión física a su socio.
Se llevó a cabo en diciembre de 2023, cuando la víctima fue agredida “por la espalda con un martillo o puño americano”, lo que le provocó graves lesiones y secuelas, como hemiplejia.
Los investigados, “en su huída hacia delante y con ánimo de obtener beneficio en las negociaciones que se llevaban con el lesionado”, remitieron a la abogada de este último un escrito en el que “le amenazaban de muerte” si no se retiraba de la representación legal de la víctima, consiguiendo su propósito y para “obtener una ventaja procesal” en los procedimientos que se estaban tramitando.
Igualmente, una vez comprobaron que la víctima había interpuesto una querella criminal contra ellos por presuntos delitos, y que había recaído en el Juzgado de Instrucción número 4 de Santander, remitieron al domicilio particular de este magistrado sendos escritos amenazándole si no archivaba el procedimiento.