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El Gobierno de Cantabria suscribe el acuerdo para la deuda privilegiada de Sniace
Así lo han confirmado a Europa Press fuentes cercanas a la empresa, que han explicado que tuvieron conocimiento de la noticia el pasado fin de semana de la suscripción de dicho acuerdo sobre parte de la deuda privilegiada --la prioritaria a la hora del cobro-- que Sniace mantiene con el Gobierno regional.
Por su parte, el Gobierno regional ha declinado detallar los términos de dicho acuerdo suscrito y ha asegurado que no tiene “nada que decir” sobre Sniace y solo espera que la ampliación de capital abierta sea un “éxito”.
El Ejecutivo regional ya aprobó en marzo su adhesión a la propuesta de convenio de Sniace para la deuda ordinaria y optó, de entre las tres fórmulas planteadas en el convenio, por la fórmula de conversión de la deuda en préstamo participativo.
Esa opción consistía en la conversión de los créditos ordinarios en un préstamo participativo, que generaría un interés variable en función de los beneficios que obtenga el Grupo y con las condiciones que se especifican en la propuesta.
En la propuesta, se establecía que el préstamo participativo se extinguirá cuando se produzca la plena satisfacción del mismo por su pago íntegro, de acuerdo con las condiciones establecidas para su amortización, fijándose como plazo máximo 15 años.
Indicó que, “por su naturaleza, supondría no renunciar el cobro íntegro del importe de los créditos que tiene reconocidos el Gobierno de Cantabria, si bien estos se convertirían en préstamo participativo”.
Asimismo, aclaró que la decisión de acogerse a esta opción de las tres planteadas en la propuesta de convenio se circunscribía “única y exclusivamente” a los créditos que constituyen el denominado pasivo ordinario del concurso (244.672,18 euros), los computables a efectos de conseguir las mayorías que permitan la aprobación del convenio propuesto por las empresas del Grupo Sniace.
Con esta fórmula, no se generaba, según el Ejecutivo regional, quebranto a las arcas públicas, en tanto esta fórmula no implica renuncia al cobro de los créditos de la Hacienda Pública Autonómica, al tiempo que evita la liquidación de Grupo y facilita la reapertura de la compañía.
