El Gobierno cántabro aprueba la Ley de Simplificación Administrativa y defiende que “no elimina trámites, los reduce”

El Consejo de Gobierno de Cantabria ha aprobado este miércoles el proyecto de Ley de Simplificación Administrativa, la primera norma en 15 meses de legislatura del Ejecutivo que encabeza María José Sáenz de Buruaga (PP), que ya ha sido remitida al Parlamento autonómico, donde tendrá que superar el trámite legislativo para su aprobación definitiva.

Así lo ha dado a conocer este miércoles la consejera de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa, Isabel Urrutia (PP), en una rueda de prensa en la que ha pedido a los grupos políticos que “pongan todo su esfuerzo para que la ley este aprobada lo más pronto posible”.

Se trata de uno de los compromisos programáticos del PP en Cantabria y tiene como objetivo “reducir y adelantar” los procedimientos administrativos de ciudadanos y empresas ante la Administración autonómica, pero también local y en las empresas y entes públicos asociados a las mismas.

Según ha detallado la consejera, el proyecto de ley ha recibido un total de 17 escritos con 500 alegaciones, de las cuales el 60% proceden de un particular y tienen que ver con la modificación de estilos formales para la mejora de su redacción. De los escritos, según Urrutia, se desprende que la norma ha tenido “una buena acogida en la sociedad de Cantabria”.

La finalidad de esta ley, tal y como ha destacado la consejera, es “generar un entorno facilitador eliminando trabas y obstáculos” para que la Administración sea “ejemplar, transparente, moderna, cercana, ágil y eficiente”, de forma que el Ejecutivo sea “capaz de generar confianza y seguridad en ciudadanos y empresas”.

Para ello, Urrutia se ha referido a lo que considera “un cambio de paradigma en el funcionamiento de la Administración Pública”, de manera que pasará de ser -en sus propias palabras- “controladora y paternalista a facilitadora y menos intervencionista en su relación con ciudadanos y empresas”. Cuestionada sobre si esta ley puede afectar a trámites de gran calado, como es el caso de los medioambientales, la consejera ha negado que esto vaya a ocurrir. “No supone la eliminación de trámites, pero sí su reducción; no quitamos requisitos, pero le pasamos la responsabilidad al ciudadano”, ha detallado.

Así, tal y como ya adelantó la propia consejera junto a la presidenta autonómica hace dos meses, se recurrirá a la declaración responsable como herramienta para reducir al máximo los trámites, a través de la cual el interesado da cuenta de que cumple con todos los requisitos y se da luz verde así “al inicio de la actividad o la apertura del establecimiento, sin tener que esperar a una licencia o autorización”.

Como novedad derivada de las alegaciones presentadas, Urrutia ha destacado que la norma otorga “mayor seguridad, estableciendo un plazo de un mes para que los interesados puedan subsanar las deficiencias detectadas en la comprobación del cumplimiento de todos los requisitos”. Asimismo, para “dar mayor garantía y seguridad jurídica a los trámites” se ha introducido “la figura de las entidades colaboradoras de certificación”.  

Se trata de “colegios profesionales o personas jurídicas legalmente constituidas, que habrán sido previamente acreditadas por la Administración, y que como han solicitado en este trámite de audiencia podrán formar parte del Observatorio para la Simplificación Administrativa”, tal y como ha explicado la consejera, tras lo que ha añadido que las alegaciones “mejoran la definición de estas entidades colaboradoras y se incluyen aquellas acreditadas ya por la Entidad Nacional de Acreditación”.

Unidad Aceleradora de Proyectos

Asimismo, Urrutia ha recordado la ya anunciada creación de la Unidad Aceleradora de Proyectos, enfocada a actividades estratégicas por su especial relevancia social, económica y territorial, que implicará la previa declaración de interés estratégico, que, como ha desgranado la consejera, “lleva asociada una serie de efectos positivos”.

Se trata, según ha enumerado, del impulso preferente en la tramitación, la reducción de plazos a la mitad en los procedimientos para obtener las autorizaciones necesarias para su ejecución, la preferencia para acceder a incentivos a la inversión y a líneas de financiación y avales, y la posibilidad de articular subvenciones en régimen de concesión directa, además de suponer la declaración de utilidad pública o interés social del proyecto e infraestructuras asociadas a efectos expropiatorios. 

Seguidamente, Urrutia ha dado a conocer como novedad que la norma “establece la compatibilidad de ocupación del dominio púbico con otros usos existentes y permite, no solo simultanear la declaración de proyecto estratégico con la declaración de interés regional a efectos de la legislación de ordenación del territorio [Ley del Suelo] en el caso de ser necesario un PSIR”, sino que, además, “introduce la posibilidad de tramitación conjunta en un único procedimiento bajo el impulso y la supervisión de la unidad aceleradora de proyectos”.

El proyecto de ley, que Urrutia ha calificado de “histórico” y de haberse aprobado “en tiempo récord”, consta de una exposición de motivos de 23 páginas, 96 artículos divididos en un título preliminar y seis títulos, incluido el régimen sancionador, cuatro disposiciones adicionales, únicas disposiciones transitoria y derogatoria, y 13 disposiciones finales.   

Esta norma iniciará a partir de ahora su trámite parlamentario en un contexto en el que el Ejecutivo popular no cuenta con mayoría en la Cámara. Se trata de la primera norma que el Gobierno de Buruaga da traslado al Parlamento en estos 15 meses de mandato, ya que su actividad legislativa se ha reducido al borrador presupuestario -junto al de la conocida como Ley de Acompañamiento- y a la reciente iniciativa para tumbar la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Cantabria junto a Vox, cuyo debate definitivo tendrá lugar en las próximas semanas.