Gobiernos autonómicos, diputaciones y ayuntamientos pagan a los bancos para mantener los cajeros en los pueblos

Tresviso, un pequeño pueblo de montaña enclavado en la vertiente cántabra de los Picos de Europa y que cuenta con 47 habitantes, o Pesquera, una localidad de apenas 80 vecinos ubicada en la comarca de Campoo, contarán con un cajero automático. Ambos pueblos comparten algunas características comunes: una población muy envejecida, un clima adverso, unas comunicaciones complicadas, así como formar parte de la lista de municipios que el Gobierno de Cantabria ha señalado dentro de la Estrategia frente al Reto Demográfico y contra la Despoblación, un problema acuciante en el mundo rural y que se repite en la práctica totalidad del territorio español.

Además, sus vecinos sufren lo que los expertos denominan “exclusión bancaria”, es decir, la imposibilidad de realizar ningún trámite financiero si no es de forma telemática o desplazándose bastantes kilómetros hasta el núcleo urbano más cercano, algo que se complica todavía más teniendo en cuenta el perfil de sus habitantes, mayoritariamente de edad avanzada y con una brecha digital que el cierre masivo de oficinas en los últimos años ha agravado tras los ERES y los despidos que se han producido en el sector bancario mientras se batían récords de beneficios.

Por eso, se da la paradoja de que esta batalla de los cajeros en el mundo rural se libra actualmente en toda España con el 'rescate' del dinero público. Las administraciones tratan de ofrecer un servicio básico a los ciudadanos, diseñando iniciativas piloto con éxito desigual y que siembran algunas dudas por el desembolso económico que suponen, que acaba en las cuentas de las mismas entidades que previamente cerraron sus sucursales, por las comisiones que se cobran a los usuarios o por el alcance de las mismas, todavía muy puntuales y sin testar a largo plazo. Hay iniciativas similares a la de Cantabria en autonomías como Aragón, Castilla-La Mancha, Andalucía, Comunitat Valenciana, Extremadura o Castilla y León, entre otras.

En el caso de Cantabria, el Ejecutivo autonómico PRC-PSOE presidido por Miguel Ángel Revilla adjudicó recientemente un contrato por cinco años cercano a los dos millones de euros para la instalación de un total de 38 cajeros automáticos en localidades sin sucursal bancaria y que están incluidas entre los municipios en riesgo de despoblación. Según el Gobierno, las entidades financieras cifran en unos 15.000 euros al año el mantenimiento de estos cajeros, dependiendo de las zonas y de las características, por lo que el grueso de la operación recaerá en las arcas públicas. “Es una buena idea que se suma a otras iniciativas encaminadas a que la gente no se vaya de los pueblos”, explicó Revilla en la presentación del Plan de Lucha contra la Exclusión Bancaria diseñado por la Consejería de Presidencia, que beneficiará a un total de 23.000 cántabros.

Esta batalla de los cajeros en el mundo rural se libra actualmente en toda España con el 'rescate' del dinero público

Después de más de un año de anuncios y estudios por parte de la Administración regional, recientemente se han puesto en servicio casi una veintena de ellos y se inauguró el primer cajero de este proyecto piloto el pasado 18 de febrero en Anievas, un municipio que no alcanza los 300 habitantes, aunque ya se han despertado las primeras voces críticas. La formación política Cantabristas ha denunciado esta misma semana que el Gobierno de Cantabria “está premiando a las entidades que han promovido la exclusión bancaria” tras adjudicar esta “recompensa” a la empresa Euro Automatic Cash Entidad de Pago S.L., una compañía española participada por el Grupo Banco Santander y Euro Information-Credit Mutuel Alliance Fédérale.

Además, las comisiones, que pueden alcanzar hasta los 2,5 euros por operación, según los datos que aporta la Consejería de Presidencia de Cantabria, también despiertan algunos recelos de los usuarios y de algunas asociaciones de consumidores. También se pone en duda desde algunos colectivos sociales la utilidad de la iniciativa si no se lleva a cabo previamente un programa de formación y digitalización de las personas mayores, poco o nada acostumbradas al uso de este tipo de tecnología. Se ha llegado a plantear la posibilidad de que estos talleres con los vecinos fueran telemáticos, una contradicción si se tiene en cuenta que el objetivo es romper con la brecha digital y familiarizar a los usuarios con las transacciones online.

Sin embargo, en la presentación de esta iniciativa, Manuel Iturbe, director territorial de Cantabria y Asturias del Banco Santander, señaló que este proyecto “complementa los servicios que ofrece la banca digital” y “supone un paso más para conseguir la inclusión financiera de miles de cántabros” que viven en municipios donde no hay presencia física de una entidad. “Con estos acuerdos, conseguimos mejorar el servicio a los ciudadanos y adaptarnos a sus necesidades”, defendió el representante de la entidad financiera en un acto que tuvo lugar recientemente en el municipio de Luena.

Inversiones públicas

Mientras que en Cantabria el coste previsto ronda los dos millones de euros en los próximos cinco años, en algunos casos, como en Andalucía, estas iniciativas suponen una inversión menor para las arcas públicas. El mayor desembolso procede de los ayuntamientos, que solo ceden espacio o locales para la instalación de los cajeros. Así ocurre en el proyecto que está desarrollando la Diputación de Granada, que tiene prevista la puesta en funcionamiento de 36 cajeros en localidades que no contaban con ellos.

“Este servicio que para un habitante de ciudad es normal, para nosotros es fundamental para nuestro desarrollo. Ahora que la España vaciada se ha echado a la calle, hay que recordar la necesidad de que, para que nuestros pueblos no mueran, las administraciones y las empresas privadas se impliquen dejando a un lado si su inversión es viable, rentable o amortizable”, explicaba la alcaldesa de Bácor-Olivar, Laura Martínez Bustamante, tras inaugurar su primer cajero en el pueblo, informa Lucrecia Hevia.

Sin embargo, la situación es muy distinta en lugares como la Comunitat Valenciana, donde el Gobierno que preside Ximo Puig ha firmado un acuerdo con CaixaBank que prevé la instalación de 135 cajeros en 124 municipios con una inversión por parte de la Generalitat que alcanza los 7,8 millones de euros. Según informa Miguel Giménez, el pasado 4 de febrero entró en funcionamiento el primero de ellos con el objetivo de “luchar contra la exclusión financiera”. Se trata, según defienden desde el Ejecutivo valenciano, de una iniciativa que ha tenido en la localidad de Llocnou de Sant Jeroni, en la comarca de La Safor, su primera parada.

Medidas contra la despoblación

En Castilla-La Mancha cifran en 449 los municipios que carecen de sucursal bancaria y la mitad de ellos están en la provincia de Guadalajara. Por ello, a finales de 2021, la Red Castellanomanchega de Desarrollo Rural (RECAMDER) firmó un convenio con la Junta de Comunidades para instalar hasta 100 cajeros automáticos en municipios pequeños que carecen de sucursales de entidades bancarias y que se encuentran en zonas especialmente afectadas por la despoblación o en riesgo de sufrirla. “Se trata de una iniciativa que pretende contribuir con medidas reales y de forma efectiva al desarrollo rural de las zonas más despobladas”, explicaba entonces el presidente de RECAMDER, Jesús Ortega, en la que se van a invertir 3,5 millones de euros. Es una de las medidas que contempla la Ley de Despoblación recientemente aprobada en la región.

La semana pasada se daba un paso más. Un nuevo convenio, esta vez incluyendo a Prosegur Cash, que será la empresa encargada de instalar los cajeros, permitirá que estén disponibles el próximo verano y ya se sabe que el usuario tendrá que pagar una comisión de 1,35 euros por retirada de efectivo, sea cual fuera la cantidad e igual para todos. El acuerdo entre RECAMDER, el Gobierno regional y Prosegur Cash estará vigente durante tres años, siendo Cuenca y Guadalajara las provincias que se verán más beneficiadas, al ser las más afectadas por la despoblación. Por este servicio, la empresa percibirá 800 euros más IVA por cada uno de los cajeros. Aunque no podrán usarse para realizar pagos, ofrecerán servicio las 24 horas del día y servirán para retirar efectivo, recargar el móvil, cambiar el PIN o consultar saldo o movimientos, así como operaciones contactless, sin introducir tarjeta a través de lector con contacto. 

De forma paralela, la Diputación de Guadalajara ha licitado el contrato para la instalación y mantenimiento de cajeros automáticos en 33 pueblos de la provincia que actualmente carecen de servicio bancario. El plazo para presentar candidaturas termina el 18 de marzo, informa Carmen Bachiller.

También en esa línea de lucha contra la despoblación encuadra sus ayudas para instalar cajeros el Gobierno de Aragón, que cifra en unas 60.000 personas las afectadas por la ausencia de servicios bancarios en sus pueblos de residencia. De hecho, cuantifica en más de 400 municipios de los 731 que integran la comunidad autónoma los que no tienen cajero, por lo que ha habilitado una partida cercana al millón de euros junto a las tres diputaciones provinciales aragonesas mediante la firma de un convenio con el que se pretende extender la red de cajeros automáticos a todos los municipios que no cuenten con uno, con el objetivo de eliminar la exclusión financiera en el medio rural, según informa Candela Canales.

Algunas administraciones y entidades locales ya empiezan a hacer balance y a sacar pecho de lo conseguido. Por ejemplo, la Diputación de Badajoz, tras instalar 30 cajeros automáticos, asegura que lleva cobertura de efectivo al 99,6% de la población, lo que permite que esta provincia extremeña figure entre las que cuentan con una mayor accesibilidad al dinero en efectivo del país, con un porcentaje de solo un 0,4% de población sin sucursal bancaria con ventanilla ni cajero automático. Este índice se ha mejorado gracias al Plan de Lucha Contra la Exclusión Financiera puesto en marcha hace unos meses, con base a un estudio del Banco de España, y supuso una inversión de 3,6 millones adjudicados a Caja Rural de Extremadura. “Estos servicios financieros generan igualdad y dignidad en el mundo rural”, defienden desde la Diputación pacense.

*** Esta información está elaborada con las aportaciones de los periodistas de las ediciones de elDiario.es en Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Comunitat Valenciana, Extremadura y Cantabria.