La Justicia ha tumbado el recurso presentado por el Gobierno de Cantabria contra el Ayuntamiento de San Miguel de Aguayo y su rechazo a autorizar parques eólicos. El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Santander, mediante un auto fechado a 17 de junio de 2024, ha desestimado la solicitud presentada por el Ejecutivo autonómico (PP) de suspender el acuerdo municipal alcanzado en el Pleno del 6 de marzo.
A través de él, el Consistorio decidió suspender el otorgamiento de licencias con el fin de estudiar la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de San Miguel de Aguayo “a los efectos de dotar de la debida protección a los suelos rústicos de especial protección del municipio y preservar sus valores naturales, especialmente los ecológicos y paisajísticos y, de ese modo, impedir que la nueva regulación del PGOU quede anticipadamente condicionada”.
En el auto, dado a conocer este jueves por el Ayuntamiento, el Juzgado da la razón a Aguayo y se señala que la solicitud del Gobierno de Cantabria no puede estimarse puesto que “su adopción produciría daños medioambientales irreparables”.
“Carece de sentido la pretensión del Gobierno de Cantabria de dejar sin efecto la suspensión de licencias acordada por el Ayuntamiento únicamente a los parques eólicos, pero no respecto del resto de las suspensiones, puesto que ello supondría una perturbación grave del interés general”, remarca.
Además, el Juzgado considera que el retraso en la ejecución de los parques eólicos “no supone originar unos perjuicios de difícil reparación”, dado que los procedimientos administrativos se llevan tramitando desde hace más de siete años “y no se ha acreditado cuales son dichos perjuicios”.
Además, el auto recoge cómo el Ayuntamiento ha alegado “que la adopción de la medida cautelar podría suponer una perturbación grave de los intereses generales, al desprotegerse los suelos rústicos de especial protección y la adopción de la medida resultaría contraria al principio de precaución”.
Así pues, la suspensión de licencias acordada por el Consistorio sigue desplegando sus efectos mientras se tramita la modificación del PGOU, con “la finalidad de dotar de una mejor y más eficaz protección a los suelos rústicos de especial protección del municipio”, subraya el regidor Eduardo Gutiérrez (PSOE).
Sobre el recurso que la Justicia ha tumbado se pronunció el consejero de Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Roberto Media: “Lo que no puede permitir el Gobierno es que un Ayuntamiento se salte unas leyes a la torera”, asegurando que el municipio “invadió competencias regionales y nacionales en materia de la instalación de parques eólicos”.