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Noticia servida automáticamente por la Agencia Europa Press

Paralizada una orden de desahucio a una familia en una vivienda de Muriedas propiedad del SAREB

La Plataforma Stop-Desahucios, junto a la PAH, ha conseguido paralizar una orden de desahucio contra una pareja de 22 y 24 años y su hija de un año. La vivienda, perteneciente al SAREB -'banco malo- y ubicada en un bajo en la Avenida Bilbao de Muriedas -Camargo- tenía formalizada una orden de desocupación contra el anterior habitante “y no contra esta familia” por lo que, para la plataforma “sería una absoluta ilegalidad proceder al desalojo”.

Antonio Mantecón, miembro de Stop Desahucios, apunta a que dicha orden de desahucio “ni siquiera venía a nombre del actual ocupante de la vivienda, por lo que ese es el principal argumento de la plataforma para paralizar el desahucio”. Además, ha indicado que, en principio, no se volverá a intentar expulsar a la familia porque para eso “habría que reiniciar el procedimiento”.

Respecto a la situación actual de la familia, el también concejal de Santander Sí Puede ha señalado que la familia se encontraba “nerviosa”, aunque al final se han mostrado “más aliviados”. El portavoz de la Plataforma Stop Desahucios, Antonio González, ya ha adelantado que la idea de la agrupación es que Jennifer, la actual ocupante, “alquile al SAREB la vivienda”. Cabe recordar que la joven no disponía de vivienda ni de ingresos anteriormente y, según González, “al verse en la calle con una niña de dos años decidió ocupar la casa”.

Para proceder al alquiler de la vivienda, Jennifer necesitará de ayudas por parte del Gobierno, por lo que Stop-Desahucios no dudará “en hablar con la Administración para que la familia pueda hacer frente a los primeros gastos”.

El portavoz de la plataforma ha añadido que “al estar el SAREB financiado con dinero público, se presupone que todas esas viviendas que están cerradas de bancos tendrían que estar destinadas exclusivamente a viviendas de alquiler social”.

La paralización del desahucio ha permitido “ganar unos 5 o 6 meses” para “negociar un alquiler social” con el llamado 'banco malo', aunque tampoco se descarta que se pueda producir un nuevo desahucio de iniciarse el procedimiento de cambio de nombre.