El PSOE ha presentado una batería de alegaciones al proyecto de decreto para regular las viviendas de uso turístico del Gobierno de Cantabria con el objetivo de “mejorar una norma mala” que, en su opinión, “poco cambia la situación de la región”. El secretario general del PSOE de Cantabria y portavoz parlamentario, Pablo Zuloaga, ha indicado en un comunicado que las alegaciones de su partido “van en varias direcciones”.
En primer lugar, ha señalado que tratan de “garantizar la sostenibilidad desde el punto de vista ambiental, creando la figura de las zonas de especial protección en el ámbito turístico”. En otrro orden, también buscan “la sostenibilidad en el plano social”, con el objetivo de que “se garantice el cumplimiento de la Ley de Vivienda del Estado para que queden definidas las zonas tensionadas en Cantabria para garantizar precios razonables”.
Y, también, las alegaciones de los socialistas plantean “el incremento de las penalizaciones, así como el reforzamiento del papel de la inspección, que es lo único con lo que Cantabria puede hacer frente al boom de la vivienda de uso turístico”. Todo ello, ha señalado Zuloaga, “bajo una premisa, que es que Cantabria no otorgue más licencias de viviendas de uso turístico en tanto y cuanto no se cumpla la Ley de Vivienda, se determinen las zonas tensionadas y se protejan las zonas de valor”.
En este sentido, ha manifestado que las alegaciones del Grupo Parlamentario del PSOE “abordan cuestiones como que solo puedan ser destinadas a uso turístico aquellas viviendas cuyos titulares sean personas físicas, excluyendo la posibilidad de destinar a uso turístico las viviendas propiedad de grandes tenedores en zonas tensionadas”.
“Consideramos conveniente limitar a las personas físicas para evitar la comercialización desbocada de viviendas y favorecer a la mayoría social”, ha añadido el dirigente socialista. Además, ha asegurado que en las alegaciones “recogemos que el máximo de viviendas destinadas a uso turístico sea del 5% de las viviendas disponibles, además de la posibilidad, por acuerdo del ayuntamiento correspondiente, de rebajar este porcentaje o excluir la posibilidad de destinar a uso turístico las viviendas del municipio en zonas tensionadas”.
Una cuestión, ha dicho, que “proponemos para evitar la gentrificación y salvaguardar el derecho a la vivienda dando a los ayuntamientos la capacidad para limitar en función de sus concretas necesidades, respetando la autonomía municipal”. Según Zuloaga, las alegaciones recogen además “no tramitar las nuevas declaraciones hasta que no se estipulen las zonas tensionadas, que la vigencia de las declaraciones sea de cinco años, que las comunidades de vecinos recojan en sus estatutos el consentimiento expreso al destino de las viviendas en uso turístico, que los municipios con condición de zona rural con reto demográfico cuenten con un informe de compatibilidad emitido por técnico competente, etcétera”.
Zuloaga, por último, ha recalcado que “solicitamos, además, las inspecciones en el plazo de un año, que los propietarios adapten su declaración a la nueva normativa en el mismo plazo, un registro de los datos de los usuarios de cada vivienda de uso turístico y la actualización del régimen sancionador del decreto”. Finalmente, ha asegurado que “son cambios necesarios para regular este problema para Cantabria que requiere de una normativa actualizada y que garantice la convivencia entre visitantes y nuestra ciudadanía”.