El Partido Popular ha decidido abrir la vía judicial en el caso de las presuntas irregularidades en contratos del Servicio Cántabro de Salud, y va a formalizar en los próximos días -el viernes o el lunes “a más tardar”-, una denuncia ante la Fiscalía para que investigue todos los contratos del Servicio Cántabro de Salud (SCS) y el alcance de lo que considera “un escándalo monumental de corrupción”. Se trata de la segunda formación que lleva estos hechos a los tribunales después de que la pasada semana lo hiciera IU, formación que ha manifestado su “alegría” de que el PP haya seguido sus pasos.
Así lo ha anunciado hoy en rueda de prensa la presidenta del PP y exconsejera de Sanidad, María José Saénz de Buruaga, quien ha afirmado que de la documentación recabada por su partido, que se corresponde solo con una “muestra” de contratos, se desprenden a su juicio “serios indicios” de posibles delitos de malversación, tráfico de influencias, falsedad documental y usurpación de funciones.
Y ello por “adjudicaciones a dedo mediante el uso fraudulento” de la contratación menor; la recepción y pago de obras sin terminar y de suministros sin haber sido entregados; el “desembarco” de asesores externos que “intervienen e interfieren” en los procesos de contratación; y la elaboración de informes “a la carta” para “dirigir” las adjudicaciones.
El PP considera que hay indicios de presuntos delitos de malversación cuando se adjudicaron contratos por asistencias técnicas “injustificadas, inexistentes o ficticias” porque “en realidad no había nada sobre lo que asesorar”.
También ve indicios de que el “uso fraudulento” de la contratación menor, de la que “se han beneficiado principalmente tres empresas que son la misma y tienen como administrador al hijo de un alcalde socialista”, puede constituir, además de un delito de tráfico de influencias, “un delito de malversación por doble contratación” puesto que “las obras encomendadas a estas empresas ya estaban incluidas en el objeto y el precio de otros contratos suscritos con antelación”.
Del mismo modo, el PP cree tener indicios de que la recepción y pago de obras sin terminar y de suministros sin haber sido entregados a los centros pueden constituir un delito de falsedad documental en concurso con usurpación de funciones públicas. “Una actuación que, además, despoja a la administración de las garantías que le asisten en materia de contratación y que pudiera dar lugar a responsabilidad patrimonial por parte de sus responsables”, ha dicho Buruaga.
La presidenta del PP ha asegurado que “no es partidaria de judicializar la vida política” y que “ha tratado de evitarlo por todos los medios”. En su opinión, ha sido “el propio Gobierno” el que les ha “abocado y empujado directamente” a la Fiscalía porque han llegado a la conclusión de que “es la única forma de que se abra una investigación real, independiente y transparente”.
El PP “señala” a Revilla
“Hemos dado una oportunidad al presidente -Miguel Angel Revilla- para que reaccione frente a un caso de presunta corrupción en su Gobierno cómo nos dijo que haría, pero nos ha defraudado”, ha dicho Buruaga, quien ha reprochado a Revilla que su “única respuesta” haya sido “vayan ustedes a la Fiscalía”.
A la vez, Buruaga ha precisado que la denuncia ante la Fiscalía no supone que el PP abandone la vía política ni renuncie a una respuesta política. En ese sentido, ha dicho que seguirán “señalando” a Revilla y exigiéndole el cese inmediato de la consejera de Sanidad, el gerente y el subdirector de Gestión Económica del SCS, porque “de lo contrario estará uniendo su destino al suyo”.
Y seguirán exigiendo que la Intervención General investigue de forma exhaustiva “todos” los contratos del SCS, no sólo los denunciados por el PP, para conocer “el verdadero alcance de este escándalo y poner coto a estas conductas”.
La presidenta del PP ha reiterado que el expediente informativo abierto por la Consejería de Sanidad “no tiene ninguna credibilidad y no es más que un montaje, un insulto a la inteligencia, una falsa investigación”. En su opinión, es “cualquier cosa menos una investigación independiente, cualificada y en profundidad”.
“Implicados”
Ha añadido que “las pruebas acreditan” que el gerente del SCS y el subdirector de Gestión Económica están “directamente implicados en la trama” y a su entender no pueden seguir al frente de un servicio que mueve unos 800 millones de euros al año. También ha reiterado que lo único que han hecho es “poner en marcha el ventilador y amenazar con llevar a los tribunales a la alta funcionaria que denunció.
De igual forma, ha censurado que la consejera de Sanidad, la socialista Luisa Real, “no sólo tapó” la denuncia de la jefa de Contratación, sino que “urdió una maniobra para enterrarla y desarticular los planes de la Intervención General, censando a los dos máximos responsables de las auditorías”.
Buruaga ha afirmado que una sola irregularidad de las denunciadas por el PP “merecería la pérdida de confianza política por una cuestión de ética e integridad pública”. Sin embargo, ha opinado que el presidente Revilla “está actuando con tibieza cuando lo exigible es contundencia y firmeza”, y está “anteponiendo su pacto de gobierno a la defensa de los intereses de los ciudadanos”.
Preguntada sobre la posible comisión de investigación en el Parlamento, ha dicho que “cofía poco” en las comisiones de investigación porque “no han demostrado que tengan mucha utilidad”. En todo caso, ha garantizado que el PP apoyará cualquier iniciativa política que contribuya a “aclarar el alcance de las irregularidades y depurar responsabilidades políticas”.
Asimismo, ha dicho que el PP va a intentar “proteger al máximo y evitar todo tipo de espectáculo innecesario” en relación a la funcionaria que denunció los hechos en un correo electrónico dirigido a la consejera el pasado 8 de febrero. En ese sentido, ha adelantado que si se plantea su comparecencia en el Parlamento, no la van a apoyar.