Piélagos guarda mutismo sobre la responsabilidad patrimonial en el Alto del Cuco

Que el Alto del Cuco es historia es una verdad a medias. Cierto es que las 214 viviendas construidas sobre el monte de La Picota han quedado reducidas a escombros gracias al acuerdo alcanzado entre el Gobierno de Cantabria y el Ayuntamiento de Piélagos y que la recuperación ambiental de la zona comenzará a ejecutarse a principios de año, pero aun queda por dirimir una cuestión que es trascendental: la responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas.

¿Quién o quiénes son los responsables de haber permitido a Martinsa Fadesa levantar una macrourbanización sobre un área protegida? Y, ¿con cuánto dinero ha de ser indemnizada la empresa?

En el año 2004, el Ayuntamiento de Piélagos aprobó el Plan Parcial del Alto del Cuco y concedió a Martinsa Fadesa las licencias oportunas para llevar a cabo la obra. Por lo tanto, la constructora es considerada, desde el punto de vista del ordenamiento jurídico, como una víctima más de la anulación del Plan Parcial. Por ello, debe ser resarcida económicamente.

El Ayuntamiento de Piélagos, en manos de la socialista Vérónica Samperio, guarda un mutismo absoluto sobre este asunto. Este diario ha intentado en diversas ocasiones ponerse en contacto con la alcaldesa o con algún miembro de su equipo de Gobierno sin haber obtenido hasta la fecha respuesta alguna. Sin embargo, según ha podido saber eldiario.es, Martinsa Fadesa ha llegado a solicitar al Consistorio 270 millones de euros. Esa es la cantidad que la empresa puso sobre la mesa del exalcalde, Enrique Torre (PP), durante la anterior legislatura.  

El montante total no es para nada definitivo, sino que tiene que ser consensuado con la administración local o bien cifrado por un juez en caso de que ambas partes no alcancen un acuerdo. De hecho, el expediente elaborado por los técnicos municipales cifró la responsabilidad patrimonial en algo más de la mitad de lo que reclama la constructora. 

Para calcular la indemnización ha de tomarse como base lo que Martinsa Fadesa gastó en la construcción de la urbanización hasta que en 2007 fue declarada ilegal por el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) y las obras quedaron paralizadas. Aquí se incluye la compra de los terrenos, los informes geológicos, medioambientales y arquitectónicos, el material, la maquinaria, la mano de obra... Sobre estos gastos la constructora ya presentó las facturas en el Ayuntamiento.

Por otro lado, también tiene que ser recompensada por el lucro cesante, es decir, por los beneficios que iba a obtener de la venta de los chalés. En este caso, la indemnización es mucho más compleja de calcular, ya que tiene un grado muy importante de subjetividad al no existir facturas como tal y al entrar en juego otros factores.

Por ejemplo, en el Alto del Cuco se preveían levantar 400 viviendas de lujo en tres fases distintas, la última ya en plena burbuja inmobiliaria, por lo que el valor de los inmuebles baja considerablemente. Como apunte, algunos de los chalés tenían un precio de salida de 300.000 euros. 

Responsabilidad, ¿única o compartida?

Cinco años se ha tardado en demoler la urbanización del Alto del Cuco desde que en 2011 el Tribunal Supremo ratificara la sentencia del TSJC y declarara ilegal de forma definitiva la construcción. Determinar la responsabilidad patrimonial y que la misma se haga efectiva tampoco tiene visos de que vaya a concretarse en un breve plazo de tiempo, más bien lo contrario, si bien el Ayuntamiento ya tenía cerrado un expediente a mediados del año pasado y los contactos entre todas las partes implicadas siguen siendo habituales. 

Ese expediente fue presentado a comienzos de legislatura por la nueva regidora ante el Gobierno de Cantabria, al que la administración local considera responsable subsidario. El argumento del Consistorio es que el Ejecutivo, a través de la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Cantabria (CROTU), dio el visto bueno a la aprobación del Plan General que preveía el desarrollo del Alto del Cuco y, asimismo, destacan que el Plan Parcial contaba con informe favorable de la Consejería de Medio Ambiente.

Por estos motivos, creen que la indemnización que se pacte debe ser asumida a partes iguales por ambas administraciones, una cuestión a la que el Ejecutivo se niega. Según recuerdan desde la Administración autonómica, el Gobierno advirtió tajantemente al Ayuntamiento de que no aprobara el Plan Parcial.

El pago con terrenos  

Sea cual sea la responsabilidad de las administraciones públicas, el Alto del Cuco supone para el Ayuntamiento de Piélagos un verdadero quebradero de cabeza y también un riesgo económico.

Tan solo el derribo y la restauración de la zona costará a las arcas municipales unos 3,7 millones de euros, dinero que será adelantado por el Gobierno de Cantabria y que el Consistorio devolverá anualmente durante los próximos diez años a un tipo de interés simbólico del 1%. 

La situación económica del Consistorio es tan delicada que para 'armar' este rescate con el Gobierno, los técnicos municipales elaboraron un informe en el que afirmaban que sería necesario crear un impuesto especial para afrontar el derribo del Alto del Cuco, así como recortar severamente la prestación de servicios públicos y actividades culturales y deportivas.    

Así, la responsabilidad patrimonial, que ascenderá a varias decenas de millones de euros, es todo un desafío para el Ayuntamiento. Para aliviar el desembolso que esto supondrá, el equipo de Gobierno barajó la posibilidad de ceder terrenos a la constructora, pero la realidad es que Piélagos carece de suelo público. De hecho, la construcción del nuevo y necesario colegio se ha demorado durante años porque ha sido necesario comprar terrenos.    

Por último, otro factor que es determinante para determinar la cuantía y las formas de pago y que es beneficioso para los intereses municipales es que Martinsa Fadesa está actualmente en fase de liquidación después de haber acumulado una deuda de 6.700 millones de euros y que su principal acreedor es la Sareb, el conocido como 'banco malo', creado por otra administración pública -el Gobierno central- para absorber los productos tóxicos inmobiliarios.

Recientemente, la constructora sacó a subasta los suelos del Alto del Cuco, tal y como desveló este diario. También está por determinar aun si en esos mismos suelos podrá edificarse en el futuro, lo que podría hacer rebajar la compensación económica si así lo recoge la revisión del Plan General que el Ayuntamiento está tramitando actualmente.