La fijación del Gobierno de Cantabria con la caza del lobo le ha llevado a desoír al Ministerio de Transición Ecológica, que la prohibe por estar incluido en el listado de especies protegidas (LESPRE), e incluso a enfrentarse con el Poder Judicial que ha suspendido la matanza de diez cánidos autorizada por la Consejería de Ganadería que dirige Guillermo Blanco (PRC).
Así, el presidente autonómico, Miguel Ángel Revilla, ha reconocido que este martes tuvo “un enganchón” con uno de los jueces que dictaminó la resolución. “No sé si debiera decirlo”, ha reconocido sobre la “bronca” que mantuvo con Rafael Losada, con el que coincidió en el acto de apertura del año judicial.
“Francamente, creo que no me aguantó todos los argumentos”, ha asegurado con énfasis el líder del Ejecutivo cántabro durante su intervención de este miércoles en el Foro Económico de El Diario Montañés. Y es que el auto, que cuenta con un voto particular de una magistrada de los tres integrantes de la Sala, señala como “desproporcionada” la extracción de lobos autorizada por Cantabria, algo que no comparte Revilla por la “superabundancia” de la especie y las “escabechinas diarias que está generando al ganado”.
“En una balanza lobo-persona yo soy partidario de la persona”, ha sentenciado el presidente, quien ha asegurado que Cantabria “irá a todas las instancias judiciales para defender los controles del lobo”.
La admisión por parte del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) de la medida cautelar solicitada por la Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico (ASCEL) ha pillado a contrapié al Gobierno regional, que lleva meses inmerso en una campaña contra la inclusión del cánido en el LESPRE y contra el Ministerio de encabeza Teresa Ribera.
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