A la izquierda

Sólo en el primer trimestre de 2015 se produjeron casi 19.000 desalojos de inmuebles. Es decir, lo que llaman lanzamientos: una comisión judicial acompañada de la fuerza pública lanza a una familia a la calle (y arrastra en volandas a quien intenta impedirlo).

Ayer se produjo el primer lanzamiento con el nuevo alcalde de Cádiz, José María González, Kichi. Acabo de ver una foto de tres policías nacionales llevándose a la fuerza a un concejal.

Este nuevo alcalde pertenece a Cádiz Sí Se Puede, pero acaba de comprobar que no es tan fácil. Sin embargo, se merece un aplauso: lo intentó, estuvo allí, ofreció pagar una mensualidad y llevó a la familia a una pensión. No es poca cosa y es indispensable para lograr, en primer lugar, hacer visible el problema, y en segundo lugar, promover una discusión que vaya más allá de la buena voluntad, porque no basta con denunciar los desalojos y desear su fin, sino que hay que articular los cambios legales necesarios para hacerlo posible, para que sí se pueda.

Imagino que en la ayuda y soporte a las víctimas sí pueden intervenir los ayuntamientos, pero para impedir que se sigan produciendo es necesario actuar con más fuerza y en otros ámbitos.

En general hay desalojos por desahucio (impago del alquiler) o por ejecución de una deuda hipotecaria. Son cosas diferentes que exigen herramientas legales y políticas distintas. En el primer caso, además de las grandes políticas de viviendas de protección oficial, son necesarios alquileres sociales, supervisión de los contratos, fijación de precios de alquiler, mediación entre inquilinos y propietarios, etc. En el caso de las hipotecas, con la Banca hemos topado.

Sin embargo, ¿cuánto dinero nos hemos gastado en ayudar a los bancos? ¿Cuánto le debe la Banca a todos los españoles? Y sobre todo: un banco rescatado con el dinero del contribuyente carece de autoridad morar para desalojar a cualquiera de una vivienda. Habrá que conseguir que también carezca lo antes posible de autoridad legal.

Hay un punto en el que los alquileres y las hipotecas convergen con la Banca: la expropiación forzosa. Como se sabe, el artículo 128.1 de la Constitución afirma que “toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general”.

Basta con definir cuál es el interés general, somos nosotros los que tenemos que elegir: ¿el rescate bancario o el rescate ciudadano?

El artículo 33 admite la expropiación (con indemnización) y, por otra parte, el artículo 47 garantiza que “todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada”, así que nada parece más fácil que asignarle mediante expropiación forzosa esa “función social” que la Constitución atribuye a la propiedad, a los inmuebles propiedad de los bancos.

Hagamos visible el drama, ayudemos a las víctimas, pero hablemos también y con urgencia y conocimiento técnico (del que yo por supuesto carezco), de cómo resolver el problema de la vivienda (y de la insaciable avaricia bancaria, tan incompatible con el bien común), hablemos de qué leyes y en qué sentido queremos cambiar, hablemos de dejar hundirse a los bancos para rescatar a los ciudadanos, a 19.000 familias por mes a las que lanzan... ¿a dónde? ¿Al vacío? ¿A la calle? ¿Al cataclismo mental y vital?

La buena voluntad, las proclamas generosas, el apoyo a las víctimas, el intento de cambiar algo siempre merecen un aplauso; pero necesitamos cuanto antes la ovación cerrada que merece el trabajo riguroso, serio y detallado, el que de verdad hace que sí se pueda.

Ésa es mi pregunta para la izquierda, tanto en IU como en Podemos o la Unidad Popular y en otras formaciones existentes o conjeturales: ¿cuándo podremos ovacionarles? Porque ya no se trata de ganar elecciones, sino de crear convicciones.