Más de 300 médicos interinos de Castilla-La Mancha piden por carta a Sanidad que sus plazas no se incluyan en las oposiciones

La Plataforma de Médicos en Abuso de Temporalidad de Castilla-La Mancha formada por 320 facultativos de toda la región han remitido una carta al consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, y al director general de Recursos Humanos del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM), Íñigo Cortázar, en la solicitan que se reconsidera el proceso de convocatoria de la oferta pública de empleo (OPE) publicada en el Diario Oficial de la región el pasado 3 de junio.

En la misiva, a la que ha tenido acceso elDiarioclm.es, este colectivo expresa su “profundo malestar y desconcierto” con la convocatoria, como ya hicieran público en declaraciones a este periódico a mediados de junio.

En total son 883 plazas distribuidas en 21 categorías profesionales y esta plataforma reclama que “las plazas del personal en fraude de ley por abuso de la temporalidad” no sean incluidas en las oposiciones “de estabilización” convocadas por el SESCAM, ni en ningún otro proceso selectivo que consista en concurso-oposición u oposición.

También solicitan la paralización de concursos de traslados que afecten a las plazas de dicho personal.Por otro lado, creen que debe procederse a la “estabilización del personal estatutario temporal de larga evolución mediante consolidación extraordinaria en las plazas actuales”.

De momento, explican las fuentes de la plataforma consultadas, no hay respuesta por parte del SESCAM aunque el pasado junio, el director general de Recursos Humanos del SESCAM, Íñigo Cortázar, ya lanzó un mensaje de “tranquilidad” a los facultativos: “”No vamos a sacar los exámenes para pasado mañana“, sin responder a la cuestión de fondo que plantean estos profesionales y que se refiere a la situación de ”fraude de ley por abuso de la temporalidad“ en sus puestos de trabajo que vienen denunciando.

“Muchos hemos cumplido 40 años y más como temporales, sin que se haya convocado plaza y ahora se nos dice que se nos despide si no sacamos adelante un test de 100 preguntas y sin opción a que valoren méritos”, lamenta uno de estos facultativos, en declaraciones a este medio.

Este colectivo no descarta la vía judicial al considerar que “la realización de estos procesos de estabilización del personal abusado (tal y como se ha hecho en otros países como Grecia e Italia, con problemáticas similares) no supondría coste alguno para la Administración y mantendría a personal experto, evitando litigios y posibles indemnizaciones que irían en detrimento del presupuesto de unos servicios públicos, que en el contexto actual habría que reforzar”.

Señalan en la carta que la convocatoria de esta Oferta Pública de Empleo “pone de manifiesto un profundo desprecio por nuestro trabajo, primero por no ser la solución a nuestra situación de temporalidad y, en segundo lugar, por llegar en un momento de crisis sin precedentes provocada por la pandemia”.