El Gobierno aprueba un plan de rescate para la hostelería con medidas fiscales y moratorias pero sin ayudas directas como pide el sector
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un plan de rescate con un impacto que cifra en 4.220 millones de euros destinado a la hostelería, comercio y turismo en su recuperación tras haber sido de los sectores más afectados por la crisis sanitaria del Covid-19. Se trata de una serie de medidas que se llevará a cabo “rebajando la factura fiscal, moratoria de pagos o disminuyendo el coste de personal con exoneraciones a la Seguridad Social”, según ha señalado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, muy lejos de las ayudas directas que pedía el sector hostelero.
En concreto, el Ejecutivo ha presentado una batería de medidas fiscales y laborales para uno de los sectores más afectados por la crisis económica derivada por la pandemia, que según el Gobierno son los “que más han arrimado el hombro” como son el turístico, la hostelería y el comercio.
Montero ha precisado que se trata de un “ambicioso plan” que tendrá un impacto de más 4.200 millones de euros. De esta forma, este 'cheque' que hace llegar el Gobierno al sector se llevará a cabo “rebajando la factura fiscal, moratoria de pagos o disminuyendo el coste de personal con exoneraciones a la Seguridad Social”.
Respecto a las medidas dirigidas a arrendamientos de locales de negocios se establece que en el caso de que el arrendador sea un gran tenedor (10 o más locales) si las partes no llegan a un acuerdo, el arrendatario podrá optar entre una quita del 50%, o alternativamente un aplazamiento del pago hasta cuatro meses después de la finalización del estado de alarma. El pago aplazado de estas rentas se podrá realizar durante un periodo de dos años a contar desde la finalización de la moratoria.
De esta forma, el número potencial de locales beneficiarios serían de 190.000, de los que 33.000 corresponderían a establecimientos relacionados con el turismo y 157.000 a locales comerciales.
Mientras que para el resto de arrendadores de locales se establece un incentivo fiscal para que las personas físicas que alquilan a estos sectores acuerden voluntariamente rebajas en la renta arrendaticia correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo de 2021, permitiendo computar como gasto deducible para el cálculo del rendimiento del capital inmobiliario la cuantía de la rebaja de la renta acordada durante esos meses.
Este incentivo tiene un coste estimado de 324 millones de euros y permite deducir hasta el 100% de la cuantía del alquiler mensual en el caso que el arrendador rebaje toda la renta. Se estima que 323.701 arrendadores se pueden acoger a esta medida.
En relación a las medidas de liquidez y solvencia, el Gobierno ha ampliado la carencia de los préstamos avalados por las líneas ICO y por las sociedades de garantía recíproca de las distintas comunidades autónomas con reafianzamiento de CERSA, así como de su periodo de amortización.
Montero ha destacado la creación de un nuevo tramo de la línea de avales del ICO para pymes y autónomos del sector turístico, hostelería y actividades anexas dotada con 500 millones de euros y con hasta un 90% de garantía.
Medidas tributarias
Respecto a las medidas tributarias, el Gobierno aprueba una nueva edición del aplazamiento de deudas tributarias, que permite aplazar durante 6 meses, con tres de carencia de intereses, deudas tributarias correspondientes a declaraciones-liquidaciones y autoliquidaciones cuyo plazo de presentación e ingreso finalice desde el día 1 de abril hasta el día 30 de abril de 2021, ambos inclusive, de modo que en lugar de ingresar en abril se ingresarían las deudas en octubre.
Otra medida que recoge este real decreto es aumentar la reducción en la tributación por el sistema de módulos en el IRPF del 5% actual al 20% con carácter general para 2020. Sin embargo, para los sectores como el caso de la hostelería, el comercio y el turismo esa reducción en la tributación por módulos llegará al 35%.
La ministra de Hacienda ha precisado que esta medida se aplicará para el cuarto pago fraccionado de 2020 y para el primer pago de 2021. De hecho, las reducciones del 20% con carácter general y del 35% para el turismo, la hostelería y el comercio, también se aplicarán en la tributación del régimen simplificado del IVA correspondiente a la cuota devengada de 2020 y a la primera cuota trimestral de 2021.
“Burla” y “tomadura de pelo”
Nada más conocerse las medidas, el sector hostelero y de ocio nocturno han manifestado su decepción por las medidas tomadas por el Ejecutivo.
Así, según ha informado la Federación Nacional de Empresarios de Ocio y Espectáculos, España de Noche, el sector del ocio nocturno califica de “burla” y “de tomadura de pelo” el plan de rescate presentado por el Gobierno.
En concreto, el sector, que está pendiente de conocer el informe económico y las cifras que deberían de sustentar este plan de ayudas, quiere denunciar la “mentira” de este plan por carecer de inversiones y de ayudas económicas.
De esta forma, España de Noche señala que la información facilitada por la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, se ha “limitado a acumular y manipular cifras y conceptos que prometen impacto económico en los sectores afectados, en lugar de exponer con rigor y claridad cuál es la inversión pública real del plan de medidas urgentes” a los sectores más afectados por el coronavirus.
El sector considera que los avales, la reducción de impuestos, las ayudas fiscales, entre otras, no suponen ninguna inversión pública directa para la Hacienda Pública, que hoy debería haber anunciado para evitar la quiebra de las más de un 1,5 millones de pymes y autónomos de los citados sectores, y muy particularmente las del ocio nocturno y los espectáculos, ya que cada una de sus empresas acumula pérdidas de más de 300.000 euros, después de casi 10 meses en los que han tenido cerrada su actividad por imperativo legal.
Para España de Noche, los 4.200 millones de euros de impacto económico anunciado es una “auténtica tomadura de pelo”, teniendo en cuanto que pretende anticipar el impacto favorable de unas medidas voluntaristas, pero sin ninguna consistencia ni magnitudes económicas concretas, y que el propio Gobierno anuncia que tendrán impacto sobre apenas un 10% de las empresas turísticas.
De la misma forma, considera que es una “burla”, porque es un plan de rescate que “llega con retraso y enmascarado”, ya que su aprobación llega en coincidiendo con en vísperas de las fiestas navideñas, lo que deja escaso margen para la capacidad de respuesta o reacción.
En los mismos términos se ha expresado el presidente de la Confederación Empresarial de Hostelería de España (Cehe), José Luis Yzuel, en manifestaciones a distintos medios, calificando de “decepción absoluta y total” el plan y muy lejos de lo demandado por el sector desde que empezó la pandemia.
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