“El agua en el Levante tendrá que llegar de las desaladoras en el futuro”

Ingeniero agrónomo, profesor y autor de numerosas publicaciones sobre el mundo rural, Francisco Martínez Arroyo es el titular de una de las consejerías más importantes de Castilla-La Mancha. Engloba toda la política agraria, la gestión del medio ambiente y el desarrollo rural, una de las asignaturas pendientes de la región en base las particularidades de su territorio. Con amplia experiencia en este sector, se ha convertido por ello en uno de los rostros más conocidos del Gobierno de Emiliano García-Page en base a cuestiones tan polémicas como el almacén nuclear, el trasvase Tajo-Segura, la reforma de la Ley de Caza, o el desarrollo regional de la Política Agraria Común (PAC). En una entrevista con eldiarioclm.es, concreta estos y otros asuntos de cara al resto de la legislatura.

Usted afirmó recientemente que aunque cambiara el signo político del Gobierno central, se seguiría trasvasando del Tajo al Segura cuando “hubiera que hacerlo”. ¿Eso es dar por sentado que el trasvase continuará?

Eso significa simplemente que el trasvase existe. Castilla-La mancha siempre va a estar apoyando que todas las comunidades autónomas tengan acceso al agua, pero hay que tener en cuenta que para nosotros el agua es un factor limitante de desarrollo, la necesitamos. La normativa de agua prevé que la cuenca cedente tenga prioridad sobre la cuenca receptora y eso es lo que estamos pidiendo, sobre todo cuando se está comprobando, y el Ministerio lo pone de manifiesto con trasvases cada vez más pequeños, que no hay agua. Estamos en un periodo de sequía, que es habitual en esta zona, y eso se está dejando sentir en el almacenamiento de los embalses de cabecera, que están al 13%. Esos trasvases son un goteo de decisiones sin mucho sentido y sin mucho criterio.

Entonces, cuando desde los pueblos ribereños demandan la derogación del trasvase, ¿están pidiendo una utopía?

Una cosa es derogar el trasvase, que desaparezca la capacidad de trasvasar, y otra cosa es que hay una obra pública hecha, al igual que las desaladoras, y hay que ir cambiando la forma de planificar el agua en este país, mediante una política estatal. El agua en el Levante tiene que llegar en el futuro de las desaladoras que se construyeron para eso. La cuestión de si se deroga o no el trasvase se tendrá que tomar en su momento pero hay una normativa que hay que cumplir y no se está cumpliendo.

¿Es el recurso judicial la única vía del Gobierno regional para combatir las consecuencias que esta infraestructura está teniendo para la cabecera del Tajo y toda su cuenca?

No, no es la única vía. El propio presidente ha mostrado en varias ocasiones su disposición a dialogar con los presidentes de Murcia y Comunidad Valenciana para colaborar en la búsqueda de una solución. No es una cuestión solo del Gobierno central, sino que implica también a las administraciones autonómicas. Tienen que tomar partido y nosotros hemos reiterado nuestra disposición a facilitar el acuerdo. Todo pasa también por el periodo postelectoral, no es momento de plantear ahora estas cuestiones. Por eso tampoco entendemos muy bien esos trasvases, porque no parecen procedentes.

En el caso concreto de la cuenca del Tajo y de su recuperación, el debate ya viene de años. ¿Se está convertido en algo irreparable?

Es verdad que si la política de trasvases continúa será muy difícil recuperar el caudal ecológico del río, que ahora no es el adecuado. No tiene agua suficiente como para que las concentraciones de contaminantes se diluyan. Por eso tenemos un problema ambiental, consecuencia, entre otras cosas, de los trasvases y de menos precipitaciones. Hay que aprender a tomar decisiones en situaciones complicadas como la actual porque todos estos factores han hecho que la situación del río en Toledo se convierta en inabordable.  

En referencia a la Cumbre del clima, según expertos, Castilla-La Mancha podría perder buena parte de sus viñedos y olivares en 30 años por los efectos del cambio climático. ¿Cómo se puede afrontar algo así desde una comunidad autónoma?

Afrontamos la lucha contra el cambio climático de forma solidaria con el Estado y en el ámbito de la Unión Europea. Compartimos la propuesta de limitar el ascenso de la temperatura a un máximo de dos grados con respecto al periodo preindustrial y de que en el 2100 las emisiones de gases de efecto invernadero sean cero. En nuestro ámbito, este Gobierno ha puesto en marcha la Oficina de Cambio Climático, que no existía, para que toda la normativa del Gobierno regional tenga en consideración sus recomendaciones. Es nuestra obligación y los resultados de la Cumbre de París nos van a obligar mucho más, lo cual es positivo. En cuanto a la agricultura, hay un doble análisis: por un lado, el excelente papel de estos cultivos como sumideros de gases de efecto invernadero, que hay que poner en valor y reconocerlo socialmente, y por otro lado, el efecto posible por el incremento de la temperatura que hace que determinados cultivos tengan que irse a latitudes superiores. Ante todo ello, siempre hay que aplicar la prudencia, porque el beneficio o el perjuicio está por ver. Particularmente, el viñedo de cara al siglo XXI va a poder seguir existiendo como tal, pero en nuestras manos está.

Recientemente Ecologistas en Acción y Toledo Aire Limpio han denunciado la alta contaminación en cementeras de La Sagra ¿Está abordando la Consejería esta cuestión?

Se ha analizado con Ecologistas en Acción esta y otras cuestiones. Hay problemas puntuales en algunas zonas que vienen condicionados por la situación meteorológica, por la falta de precipitaciones y el escaso viento, que provoca que no se renueven las masas de aire. Hay dos sitios puntuales: Puertollano y el Corredor del Henares, medidos por doce puntos fijos y un punto móvil que llevamos donde hay problemas puntuales. Ahora ese punto móvil va a estar en Toledo para ver qué problemas puntuales puede haber en esa zona de graveras.

Ya ha habido conversaciones con ecologistas y con el sector cinegético para la futura reforma de la Ley de Caza ¿Se eliminarán los aspectos más polémicos como el referido a los animales domésticos, el lanceo o permitir cazar a niños de 14 años?

Queremos hacer una Ley de Caza más social y menos intensiva. Vamos a hacer una modificación, no una derogación, para que no haya ningún vacío legal. Estamos dialogando con las dos partes, que tienen mucho interés, y que tienen que estar en la misma mesa, cosa que no había sucedido en los últimos cuatro años. Estamos trabajando por bloques las propuestas de cada uno de esos colectivos. Si hay consenso, se aplicará ese acuerdo, y si no lo hay, el Gobierno regional adoptará posiciones al respecto. Vamos a tener una magnífica Ley de Caza para la primavera de 2016 consensuada en más del 90% y con un criterio de desarrollo sostenible de la actividad cinegética. Y desde luego, cuestiones conflictivas como el lanceo de jabalíes van a desaparecer de la norma, por poner un ejemplo.

Menciona solo el lanceo de jabalíes, ¿y las otras dos cuestiones mencionadas?

Los otros dos temas están encima de la mesa. El objetivo que tenemos es que exista ese consenso dentro del grupo. Estamos seguros de que lo vamos a conseguir, porque además tenemos muy buena predisposición por las dos partes. Tanto la Federación de Caza como los propietarios de los cotos y los ecologistas están dispuestos a buscar una ley que sea un orgullo para todos. La caza es una actividad muy importante en la región, que factura más de 600 millones de euros y contribuye a la conservación del medio ambiente. El Gobierno anterior además se equivocó en la planificación de una ley contando con solo una de las partes.

Los agentes medioambientales han sido uno de los colectivos que han dicho sentirse más “maltratado” durante la legislatura anterior, ¿volverán a adquirir las competencias perdidas?

Aquí pasa algo parecido. Los planteamientos han sido bastante cerrados desde el punto de vista ambiental. Estos agentes son de los funcionarios peor tratados por el Gobierno anterior, que no hizo ningún caso al medio ambiente, y lo que estamos haciendo nosotros es tener la interlocución que hay que tener con todos los colectivos de funcionarios. Hemos tenido reuniones con ellos, y estamos avanzando en ponernos al día respecto a todo el retraso que se viene acumulando desde los últimos cuatro años.

Cementerio nuclear, Plan de Desarrollo Rural y PAC

En cuanto cementerio nuclear, tras años de debate y en pleno recurso del Gobierno central, ¿cree que finalmente se va a construir en Villar de Cañas?

Si se va a construir o no básicamente depende que el Ministerio declare esa obra, en ese sitio, de interés general. ¿Es eso posible? Sí ¿Hay que justificarlo mucho? Mucho, desde el punto de vista ambiental, y es muy difícil que el Gobierno central pueda justificar la idoneidad del emplazamiento porque cuando se hizo la selección Villar de Cañas fue el cuarto municipio en la clasificación. Es difícil justificar que no se pueda hacer en otro sitio. Desde el Gobierno regional estamos ejerciendo nuestras competencias en materia ambiental, ampliando el espacio natural de la Laguna del Hito y estamos convencidos de que así va a ser y de que no debe haber almacén nuclear porque se cumple la normativa ambiental.

La incorporación de los jóvenes al trabajo en el campo es la “niña bonita” del nuevo Plan de Desarrollo Rural (PDR)  ¿Puede ser una forma de acabar con la alta tasa de paro juvenil en Castilla-La Mancha?

Sin duda. De hecho, en los últimos años ya se percibe un aumento del interés de los jóvenes por incorporarse al sector agrario. Estamos hablando de jóvenes cada vez más formados, buena parte de los que se incorporan son titulados universitarios y es una realidad reciente que pone de manifiesto el cambio brutal que ha dado la agricultura en los últimos tiempos. Por lo tanto no tenemos otra opción que apoyar a los jóvenes en ese objetivo, que lo hagan más fácilmente, teniendo en cuenta lo difícil que es si no se tiene un padre o un familiar que sea agricultor. Hay que hacer inversiones y para eso está el PDR. Nos hemos comprometido a que todos los agricultores tengan financiación para incorporarse al campo y a lo largo de las próximas semanas vamos a poner encima de la mesa de las entidades financieras de la región una propuesta de financiación específica para jóvenes agricultores, adicional a la ayuda que van a recibir a través del PDR.  

Uno de los problemas a este respecto es también la dificultad o retrasos sucesivos que ha habido en los trámites de ayudas o renovación de explotaciones agrarias...

La burocracia es complicada y vamos a trabajar por reducirla al máximo en todas las líneas. Ya desde el cambio de Gobierno hicimos un esfuerzo importante para ampliar los plazos para que los agricultores que hicieran mejoras en las explotaciones pudieran justificarlas sin problemas. Tenemos que simplificar todo lo posible, partiendo de que la normativa comunitaria es la que es y poniéndonos en la piel del agricultor.

Se ha dicho que la negociación del Gobierno central con respeto a la PAC ha provocado que los agricultores castellano-manchegos cobren menos ayudas por hectárea. Aunque sean los primeros en cobrarla, ¿cómo se compensará desde la región?

A través de la herramienta del PDR, que permite hacer política agraria dirigida. La PAC se cobra de forma universal y se dirige poco. Este Plan permite dirigir nuestros fondos a aquellos que más nos interesan: los jóvenes, las inversiones en explotaciones y el desarrollo de la industria agroalimentaria, entre otros. Independientemente de eso, más que el problema de que la PAC haya tenido menos fondos, lo que cuestionamos es que no se apostara por un modelo de convergencia a nivel europeo y que todas las hectáreas tuvieran la misma ayuda en toda la UE. Tiene una parte buena y una mala, pero en el caso de Castilla-La Mancha, la cuestión es que los agricultores tienen una ayuda por hectárea menor que en el resto de España y Europa. No entendemos por qué no existió una posición política de Castilla-La Mancha al respecto, algo que ahora sí va a tener.