Aguas de Alcázar, la historia de una lucha ciudadana

Martes 18 de febrero de 2014. Medio centenar de vecinos de Alcázar de San Juan se encerraban de forma indefinida en el Ayuntamiento con pancartas. Su objetivo era reclamar contra la privatización de parte de la empresa municipal de aguas de la localidad, Aguas de Alcázar. El gobierno local, entonces liderado por el PP en coalición con Ciudadanos por Alcázar, había anunciado que vendería el 52% de las acciones de la firma para hacer frente a las deudas de la misma. Diego Ortega, entonces alcalde, aseguraba que se trataba de la “mejor de las soluciones” para poder aliviar la “tropelía” del anterior Gobierno socialista. El habitual enfrentamiento político entre PP y PSOE.

La Plataforma en contra de la Privatización de las Aguas de Alcázar abandonó el encierro el 21 de febrero, pero no fue el fin, ni mucho menos, de las protestas. De hecho, fueron recibidos con una multitudinaria manifestación, de más de tres mil personas, protestas que se han repetido numerosos viernes. La Plataforma convocó a finales de marzo una consulta popular, la que intentó prohibir el PP, que dio una mayoría del 99% a favor de la gestión pública del agua. En ella participó un 33,5% del censo electoral de la localidad y fue valorada de manera positiva por los miembros de la plataforma, a pesar de carecer de carácter legal u oficial. Juan Garrido, portavoz de la Plataforma y actual concejal de ciclo hídrico en la localidad, señaló que tenía un valor de “protesta y de rebeldía” ante la “ignominia” que llevaba a cabo el Gobierno municipal.

En septiembre de 2014, el Tribunal de Recursos Contractuales rechazó un recurso presentado por los socialistas de Alcázar de San Juan. El Gobierno municipal, liderado por Ortega, celebró el resultado señalando que se cumplían “todos los requisitos económicos exigibles” en una adjudicación como la que se firmó en febrero de ese año, gracias al voto de calidad del alcalde, ya que se llegó a un empate técnico con los votos entre la oposición y los regentes. No era, ni sería, el último recurso rechazado de los socialistas. El último fue conocido este pasado 2 de diciembre, cuando se ratificaba la elección del socio privado de Aguas de Alcázar.

Sin embargo, en marzo de 2015 un juzgado declaró que el Pleno del 14 de octubre, donde se decidió pasar la gestión de Aguas de Alcázar de pública a mixta debía anularse, debido a una violación de derechos fundamentales en dicha sesión plenaria. La decisión llegaba a anular los procedimientos posteriores del contrato firmado entre el Ayuntamiento y Aqualia. Esta decisión era, para los socialistas, la puesta en camino para la remunicipalización del servicio. Pero el entonces alcalde aseguró que la sentencia no traería consecuencias jurídicas, ya que sólo señalaba que el pleno debía haberse convocado “con más días de antelación”. Ortega señaló que los acuerdos de octubre de 2013 se volvieron a ratificar en mayo de 2013, después de reiniciar el procedimiento de contratación.

El PSOE gobierna ahora en Alcázar de San Juan y no perdió el tiempo en comunicar su intención de revertir las gestiones del PP. En este sentido, el nuevo equipo de Gobierno estableció un precio: nueve millones y medio de euros. La alcaldesa Rosa Melchor, ha señalado que con esta cifra se recuperaría un servicio con el que los vecinos ahorraban dinero. Estos nueve millones y medio de euros servirían, según el Consistorio, en el préstamo concedido por Aqualia, además de la prima de emisión y el coste del cánon anticipado que se firmó en los pliegos de adjudicación.