El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Alcázar de San Juan ha recibido con alegría la sentencia emitida por el Tribunal Supremo que anula el acuerdo aprobado en pleno de este Ayuntamiento con fecha 24 de julio de 2014 --gobernado entonces por el Partido Popular y Ciudadanos por Alcázar-- que privatizó la gestión de la empresa pública Aguas de Alcázar.
La alcaldesa de Alcázar de San Juan, Rosa Melchor, ha manifestado su alegría ante la sentencia del Tribunal Supremo ya que “supone poder devolver Aguas de Alcázar a sus legítimos dueños, los vecinos y vecinas de Alcázar” y ha añadido que el Ayuntamiento está en disposición de ejecutar la sentencia en cuanto sea firme.
Rosa Melchor ha felicitado al pueblo de Alcázar, “puesto que una buena parte de sus vecinos hemos seguido luchando hasta el día de hoy, para que esta empresa vuelva a ser de propiedad municipal como nunca debió dejar de ser”.
Una sentencia favorable que es el resultado de los procedimientos judiciales interpuestos por el Grupo Socialista, en aquel momento en la oposición, ha destacado Melchor. Así, defiende que “el PSOE no ha dejado de luchar por vías judiciales y ciudadanas para revertir lo que se llegó a calificar como venta o más bien regalo de un servicio público rentable, a una empresa privada”.
El PP de Alcázar respeta la sentencia pero alerta del elevado coste de remunicipalizar el servicio de agua
Por su parte, el Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Alcázar de San Juan ha asegurado respetar la sentencia pero ha alertado del “grave impacto” económico negativo que puede ocasionar tanto en el Ayuntamiento como en la Empresa Mixta Aguas de Alcázar por su elevado coste.
El PP ha defendido que la sentencia se refiere únicamente a aspectos “puramente formales” en cuanto a la convocatoria del pleno, sin entrar a la valorar el fondo del proceso de adjudicación, el cual “se llevó a cabo observando, en todo momento, los preceptos legales y con todos los informes técnicos pertinentes, como obra en el expediente completo de contratación”.
El presidente local del Partido Popular, Diego Ortega, alcalde en el momento de la adjudicación, ha indicado que “durante la celebración de dicho pleno no existía ningún informe técnico que advirtiese de la necesidad de una mayoría absoluta para la celebración del mismo, por lo que el pleno se celebró con el fin de llevar a cabo la adjudicación y con ello dar viabilidad a la Empresa de Aguas, garantizando tanto el servicio como la plantilla de trabajadores”.
Los 'populares' mantienen que, desde el actual equipo de gobierno del Ayuntamiento, no se ha hecho nada para la remunicipalización de la empresa de aguas en cinco años.
“Todo esto indica que el cambio de modelo de gestión que se llevó a cabo en al año 2014 fue beneficioso para la ciudad y para los vecinos, ya que la empresa se encontraba en situación de quiebra técnica con un patrimonio neto negativo y, por tanto, en causa legal de disolución, y al Ayuntamiento no le interesa volver a la situación previa al cambio en el modelo de gestión”, han añadido.
Ortega afirma, además, que la remunicipalización de la gestión de la empresa de aguas supondría un “elevadísimo” coste para la economía del Ayuntamiento, además de volver a la situación de quiebra técnica existente antes de la constitución de la Sociedad Mixta de Aguas entre el Ayuntamiento y la empresa externa.
“Esta circunstancia produciría una autentica lesividad para los intereses generales del municipio y de sus vecinos, y supondría un grave problema económico en las cuentas municipales”, ha insistido.